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A través de datos abiertos y peticiones informativas, este medio le puso la lupa a 312 megacontratos firmados por la Gobernación del Atlántico, desde enero de 2020, para conocer cómo se ejecutan esos millonarios recursos.

El experto en contratación y miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Rodrigo Fernández, analizó, en entrevista con La Contratopedia Caribe, algunas características del modelo charista de ejecución de recursos públicos.

Detrás de las empresas que concentran, hasta ahora, el grueso de la megacontratación del gobierno de Elsa Noguera, hay viejos conocidos charistas: rostros que han sido contratistas de la Alcaldía de Barranquilla durante la última década.

El Departamento apuesta por un proceso de reorganización institucional que comenzó con su red de salud pública. Con una inversión de $72.932 millones, la Gobernación busca sanearla, después de años de crisis y dudosos manejos de los recursos.

Una marca identitaria del modelo charista es su recurrente presencia en medios de comunicación para mostrar su gestión y posicionar a Barranquilla, y más recientemente, al Atlántico como ejemplos de progreso. Detrás hay una millonaria estrategia.

A través de un contrato firmado bajo la figura de crédito al proveedor, el Departamento interviene la infraestructura de 61 hospitales y puestos de salud. Esas obras, agrupadas en un solo contrato, se las ganó el Consorcio Salud Milenio.

Desde 2020, Atlántico comenzó a transformar los parques, plazas y centros de salud de los municipios, a través de dos contratos millonarios. Más de un centenar de obras quedaron en manos de dos contratistas: una unión temporal y un consorcio.

Como lo han hecho durante la última década en Barranquilla, los Daes son los principales megacontratistas privados en lo que va del gobierno de Elsa Noguera. Ostentan ese primer lugar con dos contratos, uno de ellos con obras en los 23 municipios.

La Gobernación del Atlántico les entregó más de medio billón de pesos, en contratos directos, a las firmas Edubar, Alumbrado Público de Barranquilla y Puerta de Oro SAS, que se rigen por el derecho privado.