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“Nueva mortandad de peces en El Laguito por falta de operación de bomba axial”, “Masacre ambiental en Cartagena, concejales piden protección ambiental de los mangles”, “Reportan nueva mortandad de peces en el caño Juan Angola”, “Tala de mangles en La Boquilla lleva más de 20 años”.
La crisis ambiental de Cartagena, reflejada en esos titulares y aún más crítica desde hace tres décadas por el crecimiento desorganizado de la ciudad, pasa su factura diaria a las comunidades más pobres y aumenta la brecha de desigualdad en una de las capitales más desiguales de Colombia. El sustento de estas barriadas depende de la vitalidad de los cuerpos de agua.
Detrás de esa calamidad y de los daños al ecosistema cartagenero hay una fragmentada institucionalidad que impide una gestión preventiva y de control, así como sanciones ejemplarizantes para erradicar los comportamientos que afectan el medio ambiente de esta capital.
Y la gestión es fragmentada porque en los temas ambientales inciden, al menos, cinco instituciones:
- El Establecimiento Público Ambiental (EPA)
- La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique)
- La Oficina Distrital de Control Urbano
- La Dirección Marítima (Dimar)
- Y la Policía Metropolitana
Cada una tiene entre sus funciones acciones de gestión o prevención frente a ataques a los ecosistemas, pero no siempre logran la armonía requerida para ejercer control y evitar los frecuentes daños al medio ambiente.
Por ejemplo, el EPA sólo tiene jurisdicción dentro del casco urbano de la ciudad, mientras que comunidades de la zona rural, como La Boquilla, Puerto Rey y Pontezuela, son competencia de Cardique. Sin embargo, en la Bahía de Cartagena y en la Ciénaga de la Virgen, dentro del perímetro urbano de la ciudad, la máxima autoridad es la corporación autónoma regional.
Justamente, para poner en sintonía a las entidades competentes en la protección de cuerpos de agua de La Heroica y para enfrentar los delitos ambientales, el ambientalista Rafael Vergara lideró, en 2001, la creación de un Ecobloque.
Sin embargo, ese frente interinstitucional no ha funcionado como debería. En varias oportunidades ha sido nula su actuación.
Las consecuencias de la fragmentación ambiental
Un ejemplo de la falta de control ambiental de Cartagena es la paulatina degradación de la Ciénaga de la Virgen, que pescadores de La Boquilla, zona norte de Cartagena, llevan más de una década denunciando.
Cada vez más deben remar ciénaga adentro para conseguir una faena exitosa, lejos de un pasado más abundante con el alimento a pocas brazadas de sus viviendas.
Héctor Contreras ha pescado por más de cuatro décadas en esa zona y recuerda con nostalgia los tiempos en los que en ese sector había abundancia de peces y mariscos.
“Aquí antes se cogía chipichipi, caracol. Ya eso casi no se coge por aquí y cuando uno consigue es muy poquito. Hasta 1998 había abundancia de peces, después todo comenzó a cambiar. Han llegado empresas que dejan residuos en el agua, gente que ha rellenado para invadir. Todo eso está matando a los peces”, lamenta.
De hecho, en mayo de 2017, el Consejo de Estado le ordenó al Distrito de Cartagena reubicar a los pobladores de Marlinda y Villa Gloria, ubicados en parte del delta natural que conecta a la Ciénaga de la Virgen con el Mar Caribe, para una necesaria oxigenación del cuerpo de agua.
Esa reubicación aún no se da ni está cerca de darse porque, siete años después de la orden judicial, el Distrito no la ha priorizado ni tampoco vislumbra recursos para cumplir ese fallo.
Los rellenos en la Ciénaga —con familias pobres y poderosos empresarios hoteleros como protagonistas—, también se han dado frente a la entrada del pueblo, en la margen derecha de la vía que de Cartagena conduce a Barranquilla. Donde antes había kilómetros de manglares, ahora se levantan imponentes centros de convenciones y viviendas en concreto.
La invasión a la ciénaga también ocurre en su extremo sur, en barrios como Olaya Herrera, El Pozón y a lo largo de la Vía Perimetral. Un cinturón de miseria que, década tras década, se ha ido ensanchando y es el símbolo de la Cartagena más pobre.
Otro claro ejemplo de esa fragmentada gestión ambiental en el Distrito está en el turístico sector de El Laguito.
La ubicación de una bomba que oxigene el cuerpo de agua de esa zona necesitó de una acción de tutela, para que un juez definiera qué autoridades debían actuar ante un daño ambiental que saltaba a la vista.
Resulta que cada tanto en el lago, que le da el nombre a ese barrio, mueren cientos de peces y el agua se cubre de un verdín pestilente. Eso sucede cuando se queda sin oxígeno, porque ya no tiene comunicación natural con el Mar Caribe.
Esa comunicación se cortó por el cambio de las corrientes que generó el Hotel Hilton, con la construcción de un espolón. Por eso, El Laguito mitiga su falta de oxígeno con las lluvias, pero en época de sequía necesita una solución mecánica.
En 2020, ante la inacción de las autoridades pese al llamado de las comunidades, el abogado y líder de El Laguito Ramón Saravia y el senador Jorge Benedetti instauraron una acción de tutela alegando la vulneración de los derechos “a la dignidad, intimidad y salud, así como al medio ambiente sano”.
La acción la presentaron contra el Ministerio de Ambiente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Cardique, el EPA, la Dimar y la Alcaldía de Cartagena.
Con esos reclamos, lograron que un juez les ordenara a Cardique y a la Alcaldía tomar medidas para detener la mortandad de peces y la fetidez del lago.
A pesar de esa orden, las medidas no llegaron de inmediato porque además de la gestión compartida entre Cardique y la administración del alcalde William Dau, requerían de trámites de contratación que demandan tiempo.
En marzo de 2021, Cardique, en cumplimiento de la orden judicial, compró una bomba axial, que es un sistema para oxigenar el lago con agua del Mar Caribe. Sin embargo, no tenía la competencia de ponerla a funcionar. Esa labor era responsabilidad de la Alcaldía Distrital —sigue siendola —.
Por eso, Cardique y la Alcaldía firmaron un convenio interadministrativo el 29 de abril de 2021.
Después, el gobierno de Dau debía contratar al operador de la bomba axial, una selección que demoró varias semanas: solo hasta el 7 de julio de 2021 la Unidad de Contratación del Distrito contrató a la empresa S.I.S M.G SAS, por $189.448.000.
El 13 de julio de 2021, seis días después de la selección del operador, Cardique entregó la bomba para que empezara la oxigenación del lago.
La instalación de la bomba sacó a El Laguito de la agonía.
Sin embargo, mientras contrataba esa operación, el gobierno de Dau pudo haber gestionado, como lo hizo la administración de Pedrito Pereira, un sistema de bombeo ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que en 2019 le garantizó la oxigenación al lago por tres meses.
Mientras se implementa una solución definitiva, el Distrito debe garantizar la operación de bombeo de El Laguito cada año.
Ese plan para resolver de fondo el problema de ese cuerpo de agua quedó listo en 2022, después de un estudio contratado por el Ministerio de Ambiente, Cardique, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) y la Alcaldía de Cartagena.
Se trata de la construcción de dos espolones, que deben funcionar como un canal para que el agua del Mar Caribe ingrese nuevamente a El Laguito de manera natural.
El 11 de enero de este año, el alcalde Dumek Turbay y el gobernador Yamil Arana anunciaron una transformación de esa zona para garantizar un flujo natural del mar hacia el lago.
Además, Arana y Turbay prometieron convertir a El Laguito en un escenario de deportes acuáticos y actividades de recreación. Ese proyecto, según le dijo Turbay a La Contratopedia, estará a cargo de la Gobernación y tendrá financiación del Sistema General de Regalías.
“Esa solución para El Laguito ya está en fase de diseño. Y tengo entendido que ya inició la fase de licenciamiento ambiental con la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales)”, le explicó el alcalde a este medio.
Tanto la degradación de la Ciénaga de la Virgen como el viacrucis de El Laguito evidencian que en Cartagena falta mayor sinergia institucional.
“Lo ideal es que se cree una Secretaría Distrital de Hábitat y Desarrollo Urbano, para unificar el control sobre todo el tema urbano y diseñar y ejecutar un plan integral de manejo de residuos sólidos”, le dijo a La Contratopedia un exdirector del EPA que prefirió no ser citado en esta historia.
Esa nueva dependencia ha estado en el tintero varias veces y ahora es parte de la discusión de las mesas medioambientales del Distrito, como parte de la construcción del Plan de Desarrollo 2024 – 2027, le confirmó el alcalde Turbay a La Contratopedia.
Mientras esa entidad cobra vida el nuevo gobierno distrital ya anunció la reactivación del Ecobloque como estrategia para mitigar la fragmentación que sigue imperando en Cartagena.
El Ecobloque que mitiga la fragmentación
Entre 2001 y 2003, el ambientalista Rafael Vergara lideró la conformación de un bloque interinstitucional con las principales instituciones responsables de los temas ambientales de Cartagena. En aquel momento, Vergara era el director del Damarena, autoridad ambiental que el EPA reemplazó.
Sin embargo, después de esos tres años, el Ecobloque dejó de funcionar con el mismo ímpetu.
Quince años después, en 2018, tuvo un nuevo aire, gracias al impulso permanente de Vergara y el respaldo del entonces procurador Fernando Carrillo y el alcalde encargado Pedrito Pereira.
Esa unión de instituciones frenó construcciones en zonas de bajamar, recuperó áreas invadidas en rondas hídricas y trazó rutas para recuperar los cuerpos de agua.
De hecho, en enero de 2019, el alcalde Pereira le entregó una sede al Ecobloque, en La Bocana, donde también funcionó un Centro de Atención Inmediata (CAI), para seguirles la pista y sancionar a quienes atentaran contra los ecosistemas cartageneros.
Hasta mayo de 2019, el Ecobloque había logrado que la Policía y la Fiscalía capturaran a 25 personas por la comisión de delitos ambientales. Además, inmovilizaron vehículos usados para el transporte de residuos con los que rellenaba varios sectores de la Ciénaga de la Virgen, y las riberas de los caños y canales.
En febrero de 2020, el Ecobloque detuvo dos invasiones en la Laguna del Cabrero, el cuerpo de agua que forma parte del caño Juan Angola y está entre los puentes Chambacú y Benjamín Herrera.
Los invasores rellenaron con aserrín e incluso cercaron y empezaron a construir una vivienda en madera, que no concluyó por la intervención interinstitucional.
Esas acciones se extendieron a la zona insular y a corregimientos del norte de Cartagena, como La Boquilla, Tierrabaja, Puerto Rey y Punta Canoas.
Por ejemplo, en julio de 2020, el Ecobloque descubrió que además de la tala indiscriminada de manglares, en el corregimiento de Tierrabaja había una zona de la Ciénaga de la Virgen completamente contaminada con icopor, material que por su composición química daña el ecosistema.
Pese a su éxito, el Ecobloque perdió fuerza durante el gobierno de William Dau por problemas de comunicación entre ese equipo y varias de las entidades miembro.
Este 2024, el nuevo gobierno distrital promete darle otro enfoque al Ecobloque, sin descuidar su labor de vigilancia y recuperación de ecosistemas.
“Pretendemos apuntarle a un Ecobloque Marino para vigilar también en Barú, Cholón, Isla del Rosario y en comunidades de la zona norte, como Manzanillo y Arroyo Grande”, le explicó a La Contratopedia Caribe Francisco Castillo, asesor del Despacho del Alcalde para asuntos medioambientales.
De hecho, el pasado 8 de marzo, el alcalde Turbay convocó al Ecobloque a una primera reunión para socializar su apuesta por extender el radio de acción y concentrar parte de su labor en el reordenamiento de la zona insular.
En ese encuentro estuvieron, además de las instituciones que tienen asiento en ese espacio, representantes del Cuerpo de Guardacostas y de Parques Nacionales Naturales.
En las próximas semanas, el Ecobloque deberá reunirse una vez más para definir su plan de acción para todo 2024, proyectado a ejecutarse desde este semestre.
Más allá de la sinergia interinstitucional a la que le apuesta el gobierno Turbay con la reactivación del Ecobloque, el Distrito tiene el reto de garantizar una mayor gobernanza ambiental. Para lograrlo, esta administración no descarta crear una dependencia con más músculo institucional, como la Secretaría Distrital de Hábitat y Desarrollo Urbano.