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El gobernador Eduardo Verano les volvió a entregar el manejo de la Secretaría de Educación del Atlántico a los Char, pese a que la última vez que lo hizo el titular de esa cartera terminó en juicio por contratación irregular del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Verano nombró como secretario al exconcejal de Barranquilla Leyton Barrios, cercano al exsenador Arturo Char, investigado por corrupción electoral.
Barrios será una de las cuotas del charismo en la administración de Verano porque el apoyo de los Char fue decisivo para que el liberal cantara victoria, por tercera vez, en la Gobernación del Atlántico.
Y el exconcejal llega como segunda opción de ese grupo político para la Secretaría de Educación porque el plan A charista era el exsecretario Dagoberto Barraza, quien como cuota de ese grupo fue capturado en noviembre de 2019 por posible corrupción en contratos que adjudicó.
Barraza estuvo en casa por cárcel hasta 2021 y su caso sigue en etapa de juicio. Todavía no hay sentencia.
Justo por esa sombra de corrupción, ese alfil charista se cayó y mientras aparecía un nuevo nombre, Verano encargó al secretario Jurídico de la Gobernación Rachid Náder Orfale, hombre de su total confianza.
Con el nombramiento de Barrios este jueves 11 de enero termina el encargo de Náder en esa cartera y asume un exconcejal que encontró oxígeno político con este nombramiento, después de su derrota en octubre pasado y pese a su falta de experiencia en el sector que liderará.
El nuevo secretario de Educación
El nuevo titular de la cartera de Educación no es un técnico de esa área, pues no tiene experiencia en procesos de calidad, cobertura o administración educativa. Tampoco se ha desempeñado como maestro de educación básica o media, ni ha sido directivo docente ni investigador.
Sólo ha trabajado como catedrático en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico y ha sido representante de los Egresados ante el Consejo Superior de esa alma máter, como cuota charista.
La trayectoria de este abogado, con especialización en Derecho Administrativo y maestría en Derecho, es más judicial y política.
Hasta el año pasado, Barrios fue concejal de Barranquilla, gracias a los más de 11.000 votos que sacó en las elecciones locales de 2019, con apoyo del exsenador Arturo Char, privado de la libertad hasta el 8 de enero pasado e investigado por corrupción electoral por hechos ocurridos en 2018, que también involucran a la exsenadora Aida Merlano.
Como concejal, Barrios fue miembro de la bancada charista y presidente del Concejo en 2023. No logró retener su curul cuatro años más, para el periodo 2024-2027, porque los menos de 11.000 votos que sacó lo ubicaron en el octavo puesto de la lista de Cambio Radical y ese partido logró siete sillas en la corporación barranquillera.
Antes de ser concejal, Barrios fue empleado judicial en Atlántico: se desempeñó como escribiente, sustanciador y juez.
Justo por esa falta de experiencia en el sector educativo, Verano tenía reparos para nombrarlo en una cartera tan clave del Departamento. Sin embargo —supo La Contratopedia Caribe—, hubo presión desde el charismo para que Verano no les dilatara más la entrega de esa dependencia nombrando a uno de los suyos.
La cartera a la que llega Barrios
Barrios manejará una de las secretarías más importantes de la Gobernación, que ha llegado a tener un presupuesto anual cercano al medio billón de pesos (la mayor parte con destinación específica para nómina docente).
También esa es la cartera responsable de uno de los contratos más vigilados por los organismos de control cada año: la alimentación escolar, con especial lupa porque es parte de la estrategia nacional para garantizar un servicio educativo público de calidad.
Y la contratación PAE en el Atlántico tiene más reflectores por las sombras recientes de corrupción que tienen en juicio al exsecretario Barraza, también cuota de los Char.
A Barraza la Fiscalía le imputó cinco cargos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado, y abuso de función pública.
El ente acusador dijo durante la audiencia de imputación de cargos, celebrada el 5 de diciembre de 2019, que hubo una apropiación de $3.352 millones de los $17.667 millones del PAE 2016.
Recursos adjudicados por la Secretaría de Educación del Atlántico, a través de dos contratos, a las uniones temporales Nutrir Atlántico y Alimentación Escolar.
Los contratistas le cobraron a la Gobernación esos recursos con certificaciones falsas de raciones de comida que nunca entregaron, dijo la Fiscalía. Defraudaron el erario usando estudiantes fantasmas y facturas de alimentos expedidas por empresas de materiales para construcción.
Pese a que ese juicio por corrupción y la presión mediática les tumbaron a los Char a un alfil para la cartera de Educación Departamental, Verano les sigue garantizando poder en esa dependencia con el nombramiento de otro de sus aliados en un sector del que tiene poco conocimiento.