Megacontratación de Dau: pocas obras de alto impacto y más contratos de rutina

Una revisión a los contratos de más de mil millones de pesos del gobierno de William Dau muestra un marcado protagonismo de la Bolsa Mercantil, procesos entregados a dedo para la operación del alumbrado público y un intento por organizar el Catastro del Distrito. Además, pocas inversiones que respondan a la mayoría de necesidades urgentes en infraestructura pública, más allá de la deteriorada malla vial, y con las que el mandatario deje una impronta.

Los contratos más millonarios, firmados por el gobierno de Dau desde enero de 2020, han sido para garantizar el funcionamiento del sistema educativo y de la administración distrital. Entre ellos, el programa de alimentación escolar, la vigilancia y el aseo.

Una realidad distinta a la de administraciones con recursos similares, como la Gobernación del Atlántico, que para este 2022 tiene un presupuesto de $2,17 billones. El de Cartagena es de $2,19 billones. 

En ese departamento, desde hace dos años administrado por la charista Elsa Noguera, el principal rubro de contratación ha sido la construcción de parques, malecones y plazas en los municipios, y la transformación de la red pública de hospitales. Ejecuciones, sin embargo, que no han escapado a los cuestionamientos.  

Justo por estos días, Dau enfrenta críticas desde diversos frentes por los pocos avances en la calidad de vida de Cartagena, según un informe reciente de la iniciativa Cartagena Cómo Vamos. El clamor por obras de mayor alcance en una ciudad con infraestructura pública débil es generalizado.

Ese informe alertó por el descenso en 12,44 puntos en el Índice de Desempeño Fiscal. De 62,44 en 2019 pasó a 50 en 2021. 

Ese indicador de 100 puntos posibles del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ubica a Cartagena en el grupo de riesgo. Es decir, esta capital es altamente dependiente de las transferencias nacionales y su gobierno distrital debe adoptar medidas especiales para garantizar su solvencia financiera de largo plazo.

Y sin suficientes recursos propios y con la necesidad de gestionarlos ante la Nación o la banca, la ciudad se ve limitada en la ejecución de obras de gran impacto, como el Plan de Drenajes Pluviales para evitar las reiteradas inundaciones.

De hecho, una de las obras que intenta intervenir los canales Matute y El Campestre, como parte de ese Plan de Drenajes, aún no arranca pese a que su acta de inicio se firmó en enero pasado. Nueve meses después, todavía faltan permisos como el de ocupación del cauce, gestión a cargo de la Secretaría de Infraestructura Distrital. 

En Findeter, entidad nacional que puso los recursos y realizó la contratación por $3.246 millones, ese contrato aparece suspendido hasta el 4 de octubre por “reformulación del proyecto”.

Otro proyecto de alto alcance que apenas está en proceso es el alcantarillado para Bayunca y Pontezuela, corregimientos de la zona rural del norte de Cartagena que llevan años esperando un sistema sanitario.  Desde hace una semana, la Secretaría de Hacienda estudia cuatro propuestas de crédito por $40.000 millones. La Nación debe poner los $60.000 millones restantes.

Si bien la falta de megaobras ha sido una constante durante la última década en Cartagena por cuenta de la inestabilidad administrativa, con la llegada de Dau —sin cuestionamientos a cuestas y con el discurso anticorrupción— había más expectativas ciudadanas de ejecutorias millonarias para mejorar los indicadores. 

La Contratopedia Caribe revisó 139 megacontratos, que suman $620.579 millones, adjudicados por la Alcaldía de Cartagena desde el 1 de enero de 2020 (Lea aquí la nota metodológica de esta investigación).

Entre las características de esa millonaria contratación,  publicada en cuatro plataformas, están: una mayor pluralidad de oferentes en las licitaciones; al menos, $208.634 millones —un tercio de los recursos revisados— adjudicados a través de la Bolsa Mercantil; las Empresas Públicas de Medellín (EPM) son el principal megacontratista del Distrito, con dos contratos a dedo; y Edurbe, la entidad a la que Dau le anunció su liquidación en abril del año pasado, sigue viva y contratando. 

Esta radiografía de la megacontratación distrital puede reflejar —según la orilla desde la que se lea— unas finanzas vulnerables, sin mucho margen de maniobra para inversión y un gobierno que apuesta más por una organización administrativa. 

O, por el contrario, problemas de gestión financiera de un Distrito liderado por Dau, un veedor y activista que llegó al Palacio de la Aduana en 2020 con un discurso anticorrupción, sin programa de gobierno y con la promesa de no gobernar con la clase política tradicional de Bolívar.