Este contenido forma parte de la investigación ‘Megacontratación de Dau: pocas obras de alto impacto y más contratos de rutina‘.
Desde hace semanas la administración del alcalde William Dau ha sido criticada por haberle adjudicado de forma directa seis contratos a la desprestigiada Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), que suman $8.566 millones.
Esas críticas a Dau se dan porque Edurbe, con 41 años de existencia, tiene una trayectoria marcada más por las fallas en los contratos que le han adjudicado que por el cumplimiento de su objetivo fundacional: convertirse en una empresa constructora de grandes obras de impacto en la capital de Bolívar, el departamento e incluso la Nación.
Entre los contratos suscritos por el gobierno de Dau con Edurbe hay tres superiores a los mil millones de pesos que suman $6.659 millones y la convierten en una de las megacontratistas de la Alcaldía desde enero de 2020.
El último de estos contratos fue adjudicado el 18 de agosto, por $2.298 millones, para adecuar el edificio Galeras de la Marina, donde funciona el Concejo Distrital.
Ese contrato ha sido criticado por la Fundación Cívica Pro Cartagena, Funcicar, precisamente porque Edurbe aún no ha terminado de ejecutar dos contratos que el Distrito le adjudicó en octubre de 2021 y que debían estar listos en diciembre de ese mismo año:
- Uno para mantenimientos en el Mercado de Santa Rita.
- Otro para la construcción de baterías sanitarias a familias pobres.
Los incumplimientos
Durante el gobierno de Judith Pinedo Florez, entre 2008 y 2011, Edurbe vivió una especie de luna de miel en términos de contratación con el Distrito. En ese gobierno le fueron adjudicados, bajo la figura de convenio interadministrativo, 146 por unos $119.000 millones.
Dentro de esos contratos, uno de los más cuestionados fue otorgado en 2011 para la construcción de 32 obras civiles en barrios pobres como San Francisco, Pablo Sexto, Las Brisas y Juan XXIII.
Ese convenio fracasó porque Edurbe solo entregó 15 de esas obras, diez fueron suspendidas, dos se anularon y las otras cinco nunca se realizaron, pese a que el Distrito pagó por ellas.
Otro incumplimiento de esa época fue la construcción del colegio República de Argentina, en el sur de Cartagena. La exalcaldesa Pinedo firmó el convenio con Edurbe para la construcción de esa sede educativa en junio de 2011, por dos mil millones de pesos.
Sin embargo, esa entidad jamás terminó las obras y en el gobierno atípico de Dionisio Vélez la Alcaldía le quitó la ejecución, tras varias adiciones en tiempo y dinero.
Esas reiteradas fallas en la ejecución de contratos llevaron a que el Distrito dejara de contratar con Edurbe por varios años, hasta el encargo de la exalcaldesa Yolanda Wong.
Entre 2017 y 2018, Wong le entregó a Edurbe (como alcaldesa encargada, secretaria del Interior y alcaldesa encargada de una localidad) 11 contratos: todos, a dedo y bajo la figura de convenios interadministrativos. Esos contratos suman $65.000 millones y también estuvieron marcados por críticas.
Esas críticas llegaban por dos razones:
- Primero, porque las obras de Edurbe seguían presentando fallas y siempre requerían adición en tiempo y dinero;
- Y segundo, porque la entidad no tiene suficiente fortaleza institucional para ejecutarlas y termina convirtiéndose en un canal para flexibilizar las reglas de contratación pública, pues se rige por su propio manual de contratación pública. Situación similar ocurre con Edubar, en Atlántico.
Lo que hacía —todavía hace— Edurbe era contratar directamente a empresas privadas para que estas últimas ejecutaran las obras. Contrataba por un valor menor al que le pagaba el Distrito y se quedaba con parte de esos recursos por esa intermediación (cuota de gerencia).
Dentro de esos contratos estuvo uno por $2.120 millones para obras en las inspecciones de Policía, las comisarías de familia y las casas de justicia.
Nunca hubo evidencias de que esas obras se ejecutaran. En octubre de 2019, la Fiscalía les imputó a Wong y a Bernardo Pardo, entonces gerente de Edurbe, los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y usurpación de funciones públicas. Ese proceso aún sigue en curso.
Antes, en agosto de 2018, la Procuraduría había emitido un control de advertencia sobre varios de esos convenios adjudicados por Wong, pues no hubo justificación para firmarlos “porque el Distrito cuenta con la Secretaría de Infraestructura y la Unidad Asesora de Contratación para realizar las mismas funciones que le fueron encomendadas a Edurbe”.
La liquidación que no fue
El alcalde William Dau anunció que liquidaría esa entidad por todos esos ruidos a cuestas y por problemas financieros y administrativos que llevaron a Edurbe, en marzo de 2021, a tener tres gerentes en menos de un mes y a sus empleados a protestar porque les debían más de 10 meses de trabajo.
En abril de 2021, Dau le dijo a El Universal: “Edurbe se va a liquidar. La próxima semana tendremos una reunión con la junta directiva para tomar la decisión final”. Para esa fecha, las deudas de esa entidad superaban los $24.000 millones y Dau indicó que el pago a los empleados sería prioritario.
Tras ese anuncio, que fue más un globo que lanzó Dau porque él mismo no volvió a tocar el tema, nada se ha sabido de esa liquidación. Por el contrario, desde octubre de 2021 empezaron los contratos de su administración con esa entidad que cuestionó e intentó liquidar.
Esta no era la primera vez que el fantasma de la liquidación rondaba a esta empresa del Estado. Ya en 2015, el alcalde Dionisio Vélez planteó esa posibilidad, también alegando problemas financieros que, según él, hacían inviable su funcionamiento.
“Es la mejor alternativa. El Distrito no puede seguir con una entidad que es inviable y Edurbe lo es”, dijo Vélez en su momento. Sin embargo, esa idea sucumbió.
Lo que le explicaron a La Contratopedia, por aparte, un exmandatario y un abogado que pidieron no ser citados en esta historia, es que esa liquidación no es tan fácil, por tratarse de una entidad creada por una ley de la República. “Además, eso representa conseguir un dinero importante para poder pagar los pasivos y los empleados de nómina. Eso es lo que ha frenado esa liquidación”, detalló el abogado.
Ahora, con la megacontratación que esa entidad ha recibido los últimos dos años y medio, el gobierno de William Dau la revive y deja atrás el anuncio de liquidación.