Este contenido forma parte de la investigación ‘Megacontratación de Dau: pocas obras de alto impacto y más contratos de rutina‘.
A siete meses de haber llegado al poder, en julio de 2020, el alcalde de Cartagena William Dau fue noticia por tildar de “nido de ratas” a las directivas de la Universidad de Cartagena, la principal institución pública de educación superior de Bolívar.
Lo dijo en un video compartido en sus redes sociales tras la posibilidad de que esa alma máter realizara el concurso para la elección de un nuevo contralor distrital en propiedad.
Dos meses después de ese señalamiento, que le mereció un proceso disciplinario en la Procuraduría y una orden de retractación de un Juez, en septiembre de 2020, Dau le adjudicó a Unicartagena el primero de tres contratos de más de mil millones de pesos, que convierten a esa institución en una de las megacontratistas de lo que va de su gobierno.
Dos de esos contratos fueron para la ejecución de un plan de salud pública y uno más para la reactivación económica de comerciantes de Bocagrande. Los tres suman $4.689 millones y han sido adjudicados de forma directa, vía convenios interadministrativos, por tratarse de dos entidades públicas (la Alcaldía y la Universidad de Cartagena).
Los ruidos de Unicartagena
Más allá de los señalamientos de Dau, el último año la Universidad de Cartagena ha estado en el ojo del huracán por hechos que ponen en entredicho su idoneidad a la hora de adjudicar contratos y por señalamientos de haber sido colaboradora del paramilitarismo hace dos décadas.
Esta última sindicación la hizo Dario Úsuga David, alias Otoniel, principal cabecilla de la banda delincuencial Clan del Golfo. En testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 23 de marzo y el 19 y 20 de abril de este año, antes de ser extraditado a los Estados Unidos, Otoniel reveló un listado de colaboradores de los paramilitares, organización de la que formó parte antes de liderar el Clan del Golfo.
De acuerdo con lo que reveló, la Universidad de Cartagena era usada dentro de un mecanismo de corrupción para desviar recursos públicos a través de contratación pública en Casanare y Meta, que terminaba financiando a grupos paramilitares.
Y anotó que, por ejemplo, la Unicartagena ejecutó un contrato por $47.970 millones de la Gobernación de Casanare, cuyo poder detrás era el Bloque Centauros de los paramilitares.
“Directamente, el gobernador lo dio a la organización. El contrato le quedó al Bloque Centauros. Lo hizo la Universidad de Cartagena, pero las utilidades eran de la organización”, dijo el extraditado Otoniel.
Esa obra se demoró nueve años en construcción y 13 para entrar en funcionamiento, por lo que la Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por $59.460 millones contra los exgobernadores de Casanare William Hernán Pérez Espinel y Oscar Raúl Iván Flórez Chávez, y el exrector de la Universidad, Sergio Hernández.
Para el ente de Control hubo un daño patrimonial en la construcción del Hospital Nuevo de Yopal y en la dotación de equipos y mobiliarios.
Unicartagena se ganó esa obra en momentos en que actuaba como una entidad que ejecutaba contratos públicos en todo el país, en distintas áreas. Tanto que se convirtió en un contratista ‘de todito’, como se le llama en contratación pública a organizaciones que prestan todo tipo de servicios sin tener una especialidad definida.
En 2005, Unicartagena fue noticia por esa cantidad de convenios millonarios que había firmado con gobernaciones y alcaldías, al punto que Revista Semana la llamó “la gran constructora”.
En esa investigación la revista encontró que con esas negociaciones la universidad les sirvió de atajo a distintas administraciones para simplificar los trámites a los que deberían hacerle frente si contrataban a través de sus dependencias.
Otro escándalo reciente de esta Universidad quedó al descubierto en abril de este 2022, cuando W Radio reveló audios en los que se le escuchaba al ahora rector, William Malkun, y al entonces contratista Venancio Porras, hablar de supuesto amaños de pliegos para adjudicar contratos de infraestructura a contratistas cercanos al grupo del anterior rector Edgar Parra Chacón.
Los audios son de 2016 y salieron a la luz en el marco de un pulso por la rectoría que finalmente ganó Malkun. Un poder que no es menor, porque además de poder crear nuevas vicerrectorías y nombrar en cargos clave a personas cercanas, el rector de la Universidad puede firmar convenios interadministrativos con entidades públicas en todo el país.
De hecho, 60 de los 278 contratos que le aparecen a esa Alma Mater en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) los firmó con la Alcaldía de Cartagena, entre 2007 y 2022. Al menos suman $25.721 millones.
Parte de esos contratos han sido cuestionados, sobre todo los que tienen que ver con diseños para obras de infraestructura pública, por la falta de interventoría y de revisión de pares que certifiquen estándares técnicos y una futura ejecución sin problemas por errores de cálculo.
Por ejemplo, la Universidad fue la encargada de entregar en 2017 los diseños del esperado proyecto de Protección Costera. La Alcaldía los contrató vía convenios interadministrativos.
Antes, la alma máter diseñó el Plan Maestro de Drenajes Pluviales. Esos diseños fueron cuestionados, entre otros, por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar que realizó la interventoría y encontró falencias técnicas, como errores en los cálculos y desactualización predial. Además quedaron vacíos en los diseños.