Este contenido forma parte de la investigación ‘Megacontratación de Dau: pocas obras de alto impacto y más contratos de rutina‘.
Con dos contratos que suman $55.312 millones para la operación del alumbrado público desde febrero de 2021, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) se convirtieron en el principal megacontratista de la alcaldía de Cartagena desde la llegada de William Dau al Palacio de La Aduana.
La administración Dau entregó ambos contratos a dedo (sin concurso) y con ellos el mandatario rompió la promesa de licitación pública que hizo en diciembre de 2019, cuando el Concejo le dio facultades al entonces alcalde Pedrito Pereira para prorrogar por segunda vez el contrato del anterior operador, Iluminemos Cartagena.
En 2018, Cartagena debió haber encontrado una solución de largo plazo para su alumbrado público porque el contrato de operación anterior lo suscribió la Alcaldía por 20 años en 1998. La ciudad optó por dos prórrogas, de un año cada una, hasta el 5 de enero de 2021, en parte por su crisis de gobernabilidad de la última década.
En diciembre de 2019, recién electo, Dau criticó esa segunda prórroga solicitada por Pereira. Dijo que al ser un monto millonario no debería entregarse sin convocatoria pública. Sin embargo, en lo que va de su gobierno, ha firmado dos contratos para ese servicio sin concurso.
Los criticados contratos interadministrativos
A través de la figura legal del contrato interadministrativo —contemplada en el Estatuto General de Contratación Pública—, la Alcaldía de Cartagena ha suscrito dos procesos con EPM que se rigen bajo la modalidad de la contratación directa: el primero, por $39.886 millones, con una adición incluida, y el segundo por $15.445 millones.
Con ambos contratos, Cartagena ha garantizado su alumbrado, modernizado parte de su infraestructura con bombillas LED e iluminado zonas que tenían años a oscuras. Una de las iluminaciones más representativas han sido 5,3 kilómetros de la vía La Cordialidad, en los barrios El Pozón y Villas de Aranjuez.
#CartagenaVaPaLante con más iluminación pública de calidad.
📽️ Así cambió la vía La Cordialidad con el encendido del alumbrado público.
¿Qué tal te pareció? pic.twitter.com/O0VLk3Ci4H
— Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) September 22, 2021
Si bien durante su año y medio de operación EPM ha logrado cambiar el 43% de las luminarias a tecnología LED, hay comunidades que reclaman mejor infraestructura. Un reclamo de años que el anterior operador no solucionó argumentando falta de inversión distrital en infraestructura y robo continuo de cables.
El gobierno de Dau anunció su intención de cerrar 2022 con el 60% de las luminarias modernizadas y llegar al 100% en 2023. Sin embargo, pese a ese anuncio y las inversiones recientes, no han faltado los cuestionamientos por la modalidad de contratación (a dedo).
Las primeras críticas llegaron desde el Concejo. El concejal Javier Julio Bejarano, por ejemplo, lo señaló a finales de 2020 de adoptar las mismas prácticas de la clase política que tanto señaló.
“Eso es lo que haría el rival político que él venció en las urnas. Él debería dar ejemplo con su administración”, dijo el concejal en un video que compartió en Facebook.
La Contratopedia supo de manera extraoficial que el alcalde no ha abierto una licitación pública para evitar que terminen participando zares del alumbrado público, como Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, con quien ha sostenido más de un enfrentamiento público. Empresas creadas por Hilsaca han manejado los alumbrados en capitales como Neiva y municipios como Ocaña y Ábrego, Norte de Santander.
“Se pueden hacer unos pliegos para que compitan en franca lid los oferentes”, le dijo un contratista distrital a La Contratopedia al aludir las prevenciones del alcalde con la licitación pública para este servicio.
Con EPM operando el alumbrado vía convenio interadministrativo, esa empresa subcontrata con otras firmas —la mayoría de ellas de Medellín— el mantenimiento y expansión de la infraestructura.
Creada en agosto de 1965 en Medellín, EPM (Empresas Públicas de Medellín) es una compañía de servicios públicos domiciliarios que, aunque en sus inicios solo atendía a los habitantes de la capital de Antioquia, ha expandido sus servicios a más regiones.
Esta empresa, 100% pública, es de propiedad de la ciudad de Medellín. Su administración depende de una Junta directiva, presidida por el alcalde de esa capital, actualmente Daniel Quintero Calle.
El mandatario de turno tiene la potestad de nombrar a cinco de los ocho integrantes de esa junta.
Una operación complicada y con antecedentes cuestionados
EPM llegó a la operación del alumbrado cartagenero, después de una consultoría que la Alcaldía de Cartagena le contrató a Findeter. En febrero de 2020, esa entidad dijo que ese servicio podría:
- Asumirlo directamente la Alcaldía de Cartagena.
- Darse a través de un contrato de concesión, para el que el Distrito debía convocar a una licitación.
- Ser producto de la estructuración de un mecanismo de vinculación de capital privado, como una APP (asociación público privada).
- Estar a cargo de una empresa de economía mixta, es decir, con participación accionaria del Distrito y de empresas privadas.
- Suscribirse por contrato interadministrativo.
Fue por esta última posibilidad que el gobierno de Dau apostó y en 2020 le presentó al Concejo un proyecto de vigencias futuras por hasta $464.000 millones, para celebrar todos los contratos necesarios que garantizaran la prestación del servicio por una década.
El Distrito convocó a tres empresas (EPM y las mixtas Enel- Codensa y Alumbrado Público de Barranquilla) para que presentaran planes de operación.
El Concejo archivó el proyecto, el 23 de diciembre de 2020, por “no ajustarse a las normas jurídicas” y en enero de 2021 el Distrito asumió por un mes la operación mientras concretaba la contratación directa con EPM en febrero de ese año.
El Concejo estudia, una vez más, una propuesta de vigencias futuras por $118.721 millones para la operación del alumbrado de 2023 y 2024.
Con esos recursos, la Alcaldía busca cubrir los costos de operación del sistema, la interventoría, el suministro de energía y los alumbrados navideños.
Los concejales estudian la iniciativa, pero algunas voces cuestionan desde ya que el Distrito no esté apostando por una operación vía sociedad de economía mixta o licitación pública, como la “había propuesto el alcalde Dau antes de asumir el cargo”, recordó el concejal de Cambio Radical Carlos Barrios.
Para el cabildante, además, ese proyecto no es tan viable porque busca dejar vigencias comprometidas de 2024, primer año de un nuevo gobierno.
Carlos La Rota, secretario General del Distrito, explicó en el Concejo que la administración Dau pedía vigencias futuras hasta 2024 para dejarle ese primer año de operación cubierto al nuevo gobierno (que deberá determinar cómo será el alumbrado a largo plazo) y porque, por ley, la actual administración no puede requerir vigencias futuras en su último año de mandato.
Por lo pronto, con este nuevo estudio de vigencias futuras, el Concejo le volvió a recordar a Dau su promesa incumplida: la licitación que en los casi tres años de gobierno no ha convocado.