Esta semana el alcalde William Dau anunció, junto a su abogado Iván Acuña, que la Contraloría General de la República había anulado y archivado el proceso que la Contraloría de Cartagena le había abierto. Con esa investigación en curso por presuntas irregularidades en un contrato de pruebas Covid-19, Dau podía ser suspendido de su cargo por el Presidente de la República.
Con el proceso archivado, el mandatario se quita de encima la sombra de la suspensión que lo rondaba desde el 28 de mayo, cuando se hizo pública la investigación que le abrió el entonces contralor distrital Rafael Castillo Fortich.
En su momento, la Contraloría Distrital dijo que no había evidencia de una correcta ejecución de los recursos, $1.098 millones, porque el Distrito pudo no haberles aplicado los tests de Covid-19 a personas en condición de calle y sin seguro médico, como lo establecía el contrato.
Por petición de Dau y su abogado, en junio, el proceso pasó de la Contraloría Distrital a la General en Bogotá.
Tras revisar el contrato y las acciones de la Contraloría de Cartagena, la Auditoría General (que investiga a las contralorías en Colombia) encontró que la oficina de La Heroica había pedido la suspensión del alcalde basándose en “un fundamento erróneo”.
Según la Auditoría, el contrato de las pruebas Covid-19 “se cumplió a cabalidad, toda vez que los bienes contratados fueron entregados por el contratista y pagados por la entidad contratante”. Por tanto, la Contraloría cartagenera “configuró un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal” sin pruebas sólidas.
Con este pronunciamiento desde Bogotá no sólo se cayó la orden de suspensión del alcalde sino que, además, Johana Bueno, directora del Dadis (entidad a cargo de la salud distrital), regresó a su cargo el 13 de septiembre. Dau la había apartado de la dirección, en mayo, siguiendo las órdenes de la Contraloría Distrital.
Más allá de estos hechos, la decisión a favor de Dau deja al menos tres mensajes políticos.
1. Dau les gana una batalla a sus contradictores políticos
Con los hallazgos de Bogotá, Dau les gana una batalla a sus contradictores políticos, varios de ellos con cuotas en la Contraloría Distrital y con quienes sostiene disputas públicas desde antes de posesionarse como alcalde. Cuando era veedor, el hoy mandatario los denunciaba a diario a través de las redes sociales (muchas veces, sin pruebas).
Esos hallazgos, además, le dan más argumentos a Dau para decir que la Contraloría Distrital actúa más por criterio político que técnico. También que desde su llegada al Palacio de La Aduana, el 1 de enero de 2020, esa entidad lo persigue por no gobernar “con los mismos de siempre”.
La Contraloría Distrital lleva cinco años sin una dirección titular: el Consejo de Estado anuló en 2017 la elección de la contralora Nubia Fontalvo y desde entonces la entidad de control fiscal cartagenero ha tenido más de cinco cabezas interinas.
Uno de ellos fue Rafael Castillo Fortich, autor de la petición de suspensión de Dau y quien tiene vasos comunicantes con la presidenta del Concejo Gloria Estrada y el senador liberal Lidio García, ambos contradictores políticos del mandatario.
Como un outsider político que ganó, contra todo pronóstico y sin la ayuda de las casas electorales de Bolívar, Dau ha gobernado sin darle cabida en el Distrito a esos grupos políticos, acostumbrados a poner alcaldes, tener participación burocrática y decidir en la contratación pública local.
Casi tres años después del triunfo de Dau, la clase política bolivarense (con miembros en el Concejo) no acepta su derrota en las urnas ni tampoco se resigna a no tener la injerencia que tenía en gobiernos pasados. Muchos, sin embargo, aún tienen cuotas en las distintas dependencias, después de décadas de manejo distrital.
2. La Contraloría Distrital de Cartagena puede ser más política que técnica
La Contraloría de Cartagena tiene serias deficiencias técnicas para hacer control fiscal y la investigación por el contrato de las pruebas Covid-19 muestra que es una entidad que puede actuar más por intereses políticos.
De hecho, Dau ha señalado en reiteradas ocasiones a la Contraloría Distrital como una organización que la clase política bolivarense usa para presionar a los funcionarios de su gobierno a cambio de contratos o burocracia.
Ese manejo político —que también ha sido documentado en varias contralorías de otras regiones de Colombia— salió a flote en abril pasado, durante un cruce verbal sostenido por los concejales Óscar Marín (Conservador) y Carlos Barrios (Cambio Radical).
“En esta plenaria todos sabemos quiénes son los amigos del contralor (…) porque aquí en este Concejo cualquiera que se acerca a un fosforito se le pueden prender los zapatos, así que no vengamos a tirar aquí cartas de moralismo”, arengó Barrios.
Ese concejal aseguró que Marín ayudó a elegir al contralor Rafael Castillo Fortich para que le archivara cuatro procesos (los 001, 002, 003 y 005) y dio a entender que los contralores distritales de Cartagena se alinean con una parte de los concejales y pueden llegar a usar su poder contra quienes no votaron por ellos.
A todo ese panorama se suma la investigación en curso en la Corte Suprema de Justicia, que involucra al senador liberal Lidio García Turbay con las irregularidades en la elección, en 2016, de la contralora Nubia Fontalvo. Asunto que él niega.
A la Corte llegó una acusación de la Fiscalía, en la que García es señalado de haber participado en una trama de acuerdos y pactos por debajo de la mesa para elegir a Fontalvo contralora distrital en 2016.
El Tribunal tiene evidencias de 11 llamadas realizadas desde el celular del congresista García a Fontalvo, entre enero y marzo de 2016, cuando se celebró su elección. También hay registros de comunicaciones entre García y José Julián Vásquez, poder detrás del destituido alcalde cartagenero Manolo Duque.
Gracias a ese posible entramado, el senador García pudo “manejar a su antojo el poder burocrático y de control fiscal” de la Contraloría, publicó El Espectador.
3. El cierre de la investigación le da una bocanada al gobierno Dau en plena crisis y refuerza su discurso anticorrupción
Los hallazgos de la Auditoría y de la Contraloría General son una bocanada para el gobierno de William Dau, en momentos de cuestionamientos masivos por el deterioro de la calidad de vida cartagenera y pocas obras de alto impacto en sus dos años y nueve meses de administración.
El reciente informe de calidad de vida de Cartagena Cómo Vamos muestra que en Cartagena son más los desafíos y retos que los avances. El documento fotografía a una ciudad en profunda crisis social.
Si bien algunos indicadores son históricos y se agudizaron con la cuarentena por coronavirus y la crisis económica, otros son responsabilidad directa del gobierno Dau.
Además de multiplicar las críticas en contra de su administración, esta radiografía le mete presión al alcalde para que apueste por inversiones más millonarias que desencadenen cambios profundos en el año y tres meses que le quedan en el Palacio de La Aduana.
Al mandatario, además, le han llovido críticas por haber dicho que no hay plata para grandes obras de infraestructura, asunto que evidencia las limitaciones de su equipo de trabajo para gestionar recursos y apostar por proyectos más allá de los rutinarios y urgentes: reparcheos viales, plan de alimentación escolar o vigilancia.
En la turbulencia que afronta el gobierno Dau pone una alta cuota la rampante inseguridad, que tiene a los cartageneros desesperados y exigiéndole al Distrito acciones más contundentes contra el crimen. Desde hace meses, esta capital es disputada por bandas criminales y tiene sus cifras de homicidio disparadas.
De hecho, una seguidilla de atracos recientes en el Centro Histórico golpean su imagen turística.
Los hallazgos, además, reafirman el discurso anticorrupción de William Dau. Una narrativa que enarboló como su bandera política; le sirvió para ganar en las urnas, en octubre de 2019, y a la que apela con frecuencia para responderles a quienes critican los problemas de ejecución de su gobierno.