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En la reciente confrontación entre dos concejales de Cartagena salió a relucir cómo la Contraloría Distrital funciona más por sesgo político que por criterios técnicos. /Foto: Captura de pantalla sesión del 31 de marzo de 2022.

Pelea de concejales saca a flote manejo político de Contraloría en Cartagena

La disputa entre Óscar Marín y Carlos Barrios, en la plenaria del Concejo, sacó a relucir el uso de la Contraloría Distrital para presiones políticas. La puja se da en un momento clave para la elección del contralor en propiedad.

La semana pasada, durante una de las sesiones plenarias del Concejo, hubo un enfrentamiento entre los concejales Óscar Marín (Conservador) y Carlos Barrios (Cambio Radical) por varios temas, entre ellos el proceso de selección del contralor distrital, un cargo que está interino desde 2017 en esta capital.

En el cruce verbal que sostuvieron delante de sus compañeros, ambos concejales dieron a entender que la Contraloría Distrital está politizada porque abre y cierra procesos contra los concejales que no se alineen con el contralor de turno.

Esa pelea, viral durante el fin de semana en Cartagena, le refuerza al alcalde William Dau su discurso contra los entes de control y, especialmente, la Contraloría local. A esta última, el mandatario ha señalado en reiteradas ocasiones de usar el control fiscal para presionar a sus funcionarios a cambio de contratos o burocracia. 

La Contraloría de Cartagena le inició el año pasado un proceso a Dau y a 42 funcionarios y exfuncionarios por el pago de gastos de representación en 2020. Dau le pidió a la Contraloría General que asumiera ese proceso, como en efecto ocurrió, porque la entidad de control fiscal distrital no le brindaba garantías —dijo—.

Dau ya publicó un par de comentarios en su perfil de Instagram por la reciente confrontación entre los concejales Marín y Barrios, que se da en medio de la crisis reputacional que el Concejo vive por la captura por narcotráfico de la concejal Gloria Estrada y la posterior condena por prevaricato de César Pión

 

 
 
 
 
 
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La confrontación y la acusación de manoseo político 

Durante la plenaria del 31 de marzo, el actual presidente del Concejo Óscar Marín (quien asumió para reemplazar a la capturada Estrada) dijo que ciertas actuaciones de la Procuraduría regional le generaban dudas y por eso anunció denuncias ante la Fiscalía.

Marín leyó el oficio que el Concejo le respondió a la Procuraduría Regional de Bolívar, que indagó por cambios hechos en la planta de personal del Concejo estando vigente la Ley de Garantías y bajo su presidencia interina.

En esa respuesta, el Concejo le dijo a la Procuraduría que no lo cobijan las restricciones de la Ley de Garantías porque, pese a cumplir funciones de administración pública, no forma parte de la rama ejecutiva del poder público, como sí las alcaldías y gobernaciones.

Además —explicó Marín—, en una circular enviada por la Presidencia de la República (la 100-006 del 2021) no se menciona a las asambleas departamentales ni a los concejos municipales como instituciones que deben acoger dicha ley.

Barrios, sin embargo, le cuestionó a Marín que le hubiera argumentado restricciones de contratación de personal, por la Ley de Garantías, al concejal Lewis Montero (La U) para su Unidad de Apoyo.

La confrontación entre los dos concejales también sacó a flote los nexos políticos de algunos cabildantes con el actual contralor Rafael Castillo Fortich.

“En esta plenaria todos sabemos quiénes son los amigos del contralor (…) porque aquí en este Concejo cualquiera que se acerca a un fosforito se le pueden prender los zapatos, así que no vengamos a tirar aquí cartas de moralismo”, arengó Barrios.

Ese concejal aseguró que Marín ayudó a elegir al actual contralor para que le archivara cuatro procesos (los 001, 002, 003 y 005) y dio a entender que los contralores distritales de Cartagena se alinean con una parte de los concejales y pueden llegar a usar su poder contra quienes no votaron por ellos.

Aunque Marín no formó parte del grupo minoritario que votó, el 18 de noviembre, por el contralor Castillo Fortich (estaba recusado para hacerlo), dentro del Concejo es visto como un concejal cercano a ese funcionario, por quien votaron seis de los 19 concejales. 

Fueron ellos: 

  • Lúder Ariza Sanmartín
  • Gloria Estrada Benavides (suspendida y en casa por cárcel)
  • Sergio Mendoza
  • Laureano Curi Zapata
  • Kattya Mendoza Saleme y 
  • Javier Julio Bejarano.

Los otros 13 no votaron porque siete estaban recusados; dos, impedidos; dos se abstuvieron y dos más estaban ausentes.

Castillo Fortich tiene nexos políticos con el senador Lidio García y en el Concejo lo ven como parte del grupo político de la concejal liberal Gloria Estrada, cercana al actual presidente Marín.

Estrada, Marín y los concejales que votaron por el contralor Castillo Fortich formaron parte de una coalición mayoritaria (integrada en total por 10 cabildantes), que antes había escogido a la mesa directiva del Concejo para este año. 

Marín, inicialmente, sería vicepresidente pero debido a la captura por droga de la presidenta Gloria Estrada asumió la presidencia interina. Carolina Lozano, del partido ASI, fue elegida segunda vicepresidenta.

Ese pulso interno se da en un momento clave, porque el Concejo está contratando a una institución de educación superior que deberá realizar las pruebas técnicas, previas a la elección del contralor titular. Con ese proceso, el Concejo busca ponerle fin a la interinidad en la que está ese cargo desde 2017.

La elección del contralor en propiedad

El Concejo de Cartagena, como entidad responsable de la elección del contralor local, inició un proceso de selección de la institución educativa que deberá realizar las pruebas técnicas, las entrevistas y la valoración de la trayectoria de los candidatos a contralor titular.

Ese contrato, por $22.000.000, recibe ofertas hasta este 5 de abril a las 5:00 pm. Ese es el nuevo plazo que el Concejo dio, después de las críticas de Dau al calendario inicial de contratación.

El viernes pasado, el alcalde dijo en su perfil de Instagram que los concejales estaban “tramando algo” con esa contratación, porque habían abierto el proceso para la postulación de las instituciones interesadas el 30 de marzo, en horas de la tarde, y habían puesto como plazo para la presentación de ofertas hasta la tarde del 1 de abril. Es decir, menos de dos días.

“Para contratar a la entidad de educación superior, responsable de los exámenes, abrieron el proceso, lo subieron anteayer (el 30 de marzo) al finalizar la tarde y dieron plazo hasta hoy, primero de abril. Menos de 48 horas para que las entidades oferten, ¿a qué hora (los interesados) van a hacer todo eso?”, dijo el alcalde. 

Tras las dudas expuestas por Dau, en la sesión del sábado la mesa directiva del Concejo anunció una nueva agenda para el proceso de contratación. La plenaria fijó para el martes 5 de abril el nuevo plazo para la presentación de ofertas, es decir, cuatro días más de lo inicialmente previsto.

Presentadas las ofertas, el cronograma debe seguir así:

  • Para el miércoles 6 de abril, el Concejo tiene proyectado revisar las ofertas que se presenten y publicar el informe de evaluación. 
  • Para el 7 de abril, recibir y responder las observaciones a las evaluaciones.
  • Y para el 8 de abril, escoger a la institución que tendrá a cargo la ejecución de las pruebas técnicas.

La institución educativa será un actor clave dentro de este proceso porque de ella dependerá, en gran medida, seleccionar la lista de elegibles de la que saldrá una terna.

Esos tres candidatos deberán pasar a la siguiente fase del proceso: una ronda de entrevistas en el Concejo. Al que mejor le vaya, en teoría, será el nuevo contralor.

Las elecciones recientes, sin embargo, han demostrado que la meritocracia no siempre es el criterio que prevalece sino las conexiones políticas o los acuerdos por debajo de la mesa. 

Así pasó hace cuatro años.  

La anterior contralora se eligió gracias a una trama corrupta 

El cuatrienio pasado (2016-2019), 11 concejales de Cartagena fueron señalados de formar parte de una trama corrupta para elegir en 2016 a la contralora Nubia Fontalvo, quien no obtuvo el desempeño más alto en las pruebas. 

La Fiscalía pudo probar que el elegido alcalde Manuel Vicente Duque y su mano derecha José Julián Vásquez pusieron a andar un plan para comprar los votos de los concejales a favor de la elección de Fontalvo, cercana a ambos.

Los concejales recibirían a cambio cargos y contratos, tanto en la Contraloría Distrital como en el Gobierno Distrital, informó en 2017 la Fiscalía, como parte de una primera fase de la investigación que terminó con Duque, Vásquez, Fontalvo y el entonces concejal Jorge Useche capturados. Ese mismo año fue detenida otra concejal.

Desde entonces, Cartagena no tiene contralor Distrital en propiedad sino funcionarios en encargo, una interinidad de años que ha golpeado el cabal funcionamiento de una entidad llamada a garantizar el buen uso de los recursos públicos sin intereses políticos de por medio.

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