Desde esta semana, el alcalde de Cartagena William Dau protagoniza un nuevo enfrentamiento político con la reintegrada presidenta del Concejo, la liberal Gloria Estrada, con quien ha mantenido unas relaciones tirantes y a quien se le conoce como el poder tras bambalinas de la Contraloría Distrital, con la llegada a esa entidad del abogado Rafael Castillo Fortich.
Castillo, en su calidad de contralor encargado, le pidió al presidente Iván Duque que suspenda al alcalde Dau.
Esta semana, se desató una nueva tormenta política en Cartagena que tiene enfrentados al alcalde @daulaw y al grupo de la reintegrada concejal Gloria Estrada, con vasos comunicantes con el contralor local Rafael Castillo.
🚨Este último pidió la suspensión del alcalde.
Va 🧵 pic.twitter.com/0yUWxCZ1ik
— La Contratopedia Caribe (@LaContratopedia) May 28, 2022
Antes, el contralor Castillo le había pedido al alcalde que sacara de la dirección del Departamento de Salud (Dadis) a Johana Bueno, mientras avanza una investigación por presunto detrimento patrimonial. Dau la removió, este viernes 27 de mayo, y en su reemplazo designó a Carmen Llamas.
El alcalde @daulaw removió hoy de la dirección del @DadisCartagena a Johana Bueno, por orden de la @ContraloriaCTG. En su reemplazo, designó a Carmen Llamas, quien venía desempeñándose como subdirectora de esa entidad. pic.twitter.com/MwG3OE1uEw
— La Contratopedia Caribe (@LaContratopedia) May 27, 2022
Con la salida de Bueno, son tres los miembros del gabinete que la Contraloría local ha suspendido en menos de dos años. Ese órgano de control distrital también ordenó, en diciembre, la salida del alcalde menor Andy Reales.
Las órdenes de suspensión de Bueno y Dau se conocieron después de que, a través de los medios de comunicación, el alcalde amenazó a la concejal Estrada y al contralor Castillo con consecuencias si se seguían “metiendo” con sus funcionarios.
La amenaza de Dau
Resulta que este miércoles, en medio de una rueda de prensa en la Policía Metropolitana, Dau, con el discurso confrontacional que ha mantenido desde que estaba en campaña, catalogó al contralor distrital Rafael Castillo de ser “el perro calanchín” de Estrada.
“Te voy a tirar suave por ahora Gloria, pero tú mandas a tu perro calanchín a seguir atacando a mis funcionarios y guerra es guerra. O quitas a tu perro de encima haciendo sus actitudes arbitrarias e ilegales o guerra es guerra, estás advertida Gloria”, fue lo que dijo Dau.
Estrada respondió el mismo miércoles con un video en el que asegura no tener nada personal contra el alcalde, pero dijo que se sentía amenazada con sus declaraciones y anunció que lo demandará “penal y disciplinariamente”.
La cabildante acaba de volver al Concejo, luego de haber estado en casa por cárcel, por un caso en el que, según sus abogados, hubo un complot para sembrarle droga.
El regreso de Estrada al Concejo ha estado marcado, además, por amenazas de muerte que ella dice haber recibido vía mensajes de texto. Esos mensajes tendrían que ver con la denunciada implantación del kilo de coca que la sacó de la escena política local, entre enero y mayo, y representó un golpe para su ascendente carrera política.
Sobre esas presuntas amenazas, Dau también le tiró una pulla a la cabildante. “Ella se la está tirando de víctima, de santa. Recuerden qué fue lo que originó todo este problema, eso es una pelea de malandrines”.
Y señaló a Martín Barreto, pareja de Estrada y quien fue capturado con ella en enero pasado, de querer quitarle la contratación a Andy Reales, suspendido alcalde de la localidad 2 por orden del contralor Rafael Castillo.
Esa contratación —dijo Dau— Reales “la tenía capturada” junto al edil Pedro Aponte.
Reales y Aponte fueron señalados por la defensa de Estrada de idear un complot criminal en su contra, que consistió en pagarle a varios policías para montar el operativo con el que la detuvieron.
Los testimonios de varios Policías involucran, además, al concejal de Cambio Radical, Luis Cassiani.
El contrato y la investigación contra Bueno
Aunque tiene fecha del 23 de mayo, la orden de suspensión de su directora de Salud, Dau sólo la conoció este jueves 26 de mayo, después de que fuera publicada por medios de comunicación local.
En ese documento se lee que Johana Bueno debe ser apartada del cargo porque su permanencia en el Dadis “puede eventualmente obstruir o afectar la investigación de tipo fiscal” que afronta o “posiblemente comprometer más recursos del Estado”.
Lo que ese órgano de control investiga es un presunto detrimento ocasionado por la compra de pruebas para detectar Covid-19, porque dice que la Alcaldía pagó mucho más del precio real.
Además, la Contraloría investiga si el Distrito las usó con personas afiliadas al sistema de salud, según la denuncia que instauró Álvaro Ganem Issa, cuando el objeto del contrato señalaba que debían usarlas cartageneros sin seguro.
Ese contrato, por $1.098 millones, lo firmó el alcalde William Dau con la comerciante Yina Paola Lombana Tous, en noviembre de 2021.
Según las condiciones de contratación, Lombana Tous recibiría el pago total de ese contrato una vez entregara, antes de diciembre pasado, 16.458 kits de reactivos para tests de Covid-19 y 2.649 pruebas rápidas antigénicas.
Aunque no es la firma de Bueno la que aparece en el documento, era ella la encargada de los estudios previos que soportaron esa compra y el pago del Distrito a esa contratista.
Los estudios previos son el trámite que deben surtir las entidades públicas antes de firmar cualquier contrato para establecer, entre otros aspectos, la necesidad de contratación, los estudios de mercado, los diseños, el análisis del sector, la matriz de riesgos y el certificado de disponibilidad presupuestal.
En esos estudios previos, avalados por Bueno, quedó establecido que las pruebas serían realizadas a:
- Las internas de la cárcel de mujeres y a privados de la libertad de centros transitorios
- A habitantes de calle
- A migrantes en albergues
- A mayores de 70 años residentes en asilos públicos
- A población indígena
- A “otras poblaciones priorizadas por las entidades territoriales”.
Lo que dice el equipo auditor de la Contraloría es que el Dadis no vigiló que las pruebas, efectivamente, las usaran los ciudadanos descritos en el contrato. Tampoco hizo seguimiento minucioso para garantizar que los resultados se cargaran a los sistemas de información.
Por lo que los auditores de la Contraloría establecen, preliminarmente, que el Distrito pudo haber pagado para realizarles pruebas a personas que no necesitaban que se les subsidiara ese testeo, porque pudieron acceder a él a través de sus EPS.
La auditoría también señaló que hay deficiencias en la información sobre el uso de los 16.458 kits de reactivos entregados por el Dadis a la unidad de investigación molecular de la Universidad de Cartagena, una de las entidades autorizadas por el Instituto Nacional de Salud para realizar las pruebas diagnósticas de Covid-19 en Cartagena.
Con esos hallazgos iniciales, la Contraloría determinó que Johana Bueno podría entorpecer la entrega de información que necesitarán los auditores para establecer si, efectivamente, se configuró o no detrimento patrimonial. Por eso, Rafael Castillo le pidió a Dau que la suspendiera.