Después de haberle pedido la renuncia protocolaria a todo su gabinete, hace una semana, este martes el alcalde William Dau oficializó varios cambios para terminar el año y medio de mandato que le queda.
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El más importante de esos movimientos lo hizo en la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana. De esa dependencia salió la comunicadora social y activista Paola Pianeta Arango.
En su reemplazo entró la politóloga y también activista Ana María González Forero, quien hasta el 12 de julio se desempeñó como asesora de Cooperación Internacional. Cargo que ocupó desde el inicio del gobierno de Dau.
La Secretaría del Interior es una de las carteras determinantes de toda administración local, porque desde ella se debe trazar la política de seguridad y convivencia que implementará la Policía Metropolitana para garantizar una Cartagena pacífica.
Son urgentes esas acciones porque esta capital lleva varios meses golpeada por el aumento de los homicidios y con una alta percepción ciudadana de inseguridad, por los constantes robos en las tres localidades. Tanto que hay voces que piden la declaratoria de conmoción interior.
Justamente, cambiar esa realidad es una de las labores urgentes de González al relevar a Pianeta, cuyo paso por esa dependencia estuvo marcado por críticas dada su poca experiencia en los temas que ese cargo exige.
González, quien llega con capacidad de gestión ante organismos internacionales, pero al igual que Pianeta sin trayectoria en seguridad y defensa, tendrá que mostrar resultados cuanto antes. La Contratopedia revisó cinco de sus desafíos inmediatos.
1. Disminuir los homicidios
Cartagena terminó el primer semestre de 2022 con 176 homicidios, la mayoría de ellos por dos grandes razones:
- Conflictos criminales: sicariatos por enfrentamientos entre bandas criminales o asesinatos por confrontaciones entre pandillas, motivadas en su mayoría por el control territorial para sacar droga desde los puertos cartageneros y venderla en los barrios (microtráfico). Varios de esos hechos, incluso, están ocurriendo en zonas turísticas como La Boquilla y frente a los turistas.
- Hechos de intolerancia social: riñas entre familiares o vecinos; discusiones que se salen de control; feminicidios.
Esa ola de violencia se agudizó después de la crisis económica que generó la cuarentena por coronavirus en 2020.
Los hechos violentos, especialmente concentrados en barrios como Olaya y El Pozón, comenzaron a aumentar en 2021 y ese año esta capital cerró con una tasa de casi 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, un punto más alta que la de 2020 y casi cuatro puntos por encima de la de 2019.
Sin embargo, esta ola de violencia no es nueva y recuerda la de hace una década. Los indicadores de homicidios entre 2012 y 2017 llegaron a ser más altos que los actuales, según datos de la Policía.
En 2013, por ejemplo, la Alcaldía de Cartagena intentó reducir los homicidios restringiendo los horarios para la venta y consumo de alcohol en los establecimientos públicos de 22 barrios y 2 corregimientos porque “la percepción de los cartageneros rasos”, informó El Universal en aquel momento, mostraba a “una ciudad sitiada por el pandillismo, las extorsiones y el sicariato”.
Y en 2016, pocas semanas antes de ser sede de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las Farc, la ciudad fue escenario de una seguidilla de atentados en sus zonas más pudientes.
Hace una década, el Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed) —iniciativa liderada por el investigador Freddy Goyeneche— advirtió que en los corregimientos de la zona norte de Cartagena “se estaban generando escuelas de sicariato”.
2. Impactar la lucha territorial de las bandas
Cartagena es un territorio disputado por 36 bandas criminales, informó la Policía Metropolitana el semestre pasado. Esos grupos se enfrentan por las rutas del narcotráfico y el microtráfico y están al servicio del Clan del Golfo, la principal organización de droga de Colombia.
La misma Policía de Cartagena ha dicho que esa lucha es uno de los factores que ha disparado los homicidios, porque en la mayoría de casos las víctimas tienen relaciones con esos grupos ilegales.
Otro aspecto que provoca muertes violentas son los decomisos de droga en los puertos cartageneros. El alcalde William Dau anunció, en abril, que solicitaría apoyo a las agencias antidrogas, porque tras cada decomiso aumenta la violencia.
“Nada más piensan en decomisar el cargamento y anunciar no sé cuántas toneladas”, reclamó en su momento, aludiendo la poca prevención ante las consecuencias.
En esa misma línea, en septiembre pasado, el investigador Freddy Goyeneche le dijo a La Contratopedia que como capital portuaria, Cartagena se volvió centro de exportación de drogas.
“En los últimos 10 meses aquí ha caído más de una tonelada de cocaína y cada vez que se cae un cargamento, días después, aumentan los sicariatos”, contó en aquel momento.
3. Recuperar la percepción ciudadana de seguridad
La ola de inseguridad que golpea a Cartagena tiene a sus habitantes con la percepción generalizada de que su ciudad está invivible, porque en cualquier momento es posible ser víctima de un atraco o de una bala.
En la reciente encuesta Pulso Social (marzo – mayo de 2022), realizada por el Dane, Cartagena fue la capital colombiana donde sus habitantes dijeron sentirse más inseguros caminando de noche en sus barrios: 95.2% frente al 54.4% del resto del país.
La diferencia es evidente: 40.8 puntos.
En la medición anterior (enero-marzo de 2022), esta capital también ocupó el primer lugar en percepción de inseguridad con el 92% de los encuestados.
Es decir, esa sensación aumentó tres puntos el último trimestre. De hecho, viene en aumento sostenido desde septiembre de 2020, cuando la economía comenzó a reactivarse en medio de una crisis social mayúscula tras casi un semestre de cuarentena en toda Colombia, una de las más largas de Latinoamérica.
La alta percepción de inseguridad también ha salido a flote en otras mediciones, como la encuesta de Cartagena Cómo Vamos, publicada el 5 de noviembre, #MiVozMiCiudad. El 62% de los encuestados dijo sentirse inseguro en su entorno más cercano, mientras que el 71%, en cualquier sector de la ciudad.
4. Robustecer el sistema de estadísticas sobre la criminalidad local
La estrategia de seguridad distrital ha estado más enfocada en la reacción que en la prevención, evidencia reciente es la Operación San Lázaro. Presentada por la Alcaldía y la Policía Metropolitana, busca golpear al crimen organizado en varios sectores cartageneros para reducir los homicidios.
La reacción sobre la prevención en parte es consecuencia de la falta de información actualizada y geolocalizada sobre el comportamiento criminal de Cartagena.
Esta administración no ha trabajado de la mano del único centro estadístico que, desde hace una década, venía aportando información clave sobre el comportamiento criminal local: el Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed).
Con datos del Cosed, el observatorio Cartagena Cómo Vamos basa parte de sus diagnósticos y recomendaciones sobre la seguridad local.
Las estadísticas sobre la criminalidad, de hecho, han sido un tema reservado el último año en Cartagena para la academia. La Policía no suele entregar datos geolocalizados. Tampoco detalles de las víctimas ni de los móviles de cada hecho, pese a tratarse de información pública.
5. Reforzar la infraestructura de seguridad
Otro de los desafíos que tiene la nueva secretaria del Interior, Ana María González, es trabajar de la mano de Distriseguridad en el funcionamiento del sistema de cámaras de Cartagena para que esa infraestructura facilite la prevención y reacción de la Policía.
Distriseguridad es la dependencia encargada de la tecnología que debe mejorar la vigilancia y seguridad de Cartagena.
Hasta marzo pasado, menos de la mitad de las cámaras instaladas en esta capital estaban operando, le informó al Concejo la saliente secretaria Paola Pianeta. De 609 cámaras instaladas, sólo funcionan 235.
Para este 2022, el Distrito tiene como meta poner a funcionar 107 cámaras más y 100 alarmas comunitarias, dijo en el Concejo Pedro Rodelo, director de Distriseguridad, al presentar informe de gestión sobre su labor en 2021.