El reciente análisis de contratación que la Fundación Cívica de Cartagena, Funcicar, presentó esta semana muestra que el 96% de la contratación del primer año de gobierno de William Dau se adjudicó de forma directa, es decir, sin licitación pública para seleccionar a los contratistas. Un patrón que se ha repetido los últimos seis años en la Alcaldía de Cartagena, según el seguimiento hecho por el programa Vigila Cartagena a los gobiernos locales de los últimos siete años.
El análisis detalló que en 2020 el Palacio de La Aduana suscribió 6.047 contratos por $264.168 millones.
Funcicar analizó los contratos que la Alcaldía reportó en las páginas del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), los adjudicados a través de la Bolsa Mercantil de Colombia y los productos y servicios contratados mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Los datos revelan varios patrones de este gobierno autodenominado transparente y anticorrupción. La Contratopedia Caribe revisó cinco de ellos.
Primó la contratación directa
Durante el primer año de William Dau como alcalde, en el Distrito de Cartagena no hubo licitación pública ni concurso de méritos porque la contratación directa fue la protagonista.
El gobierno Dau firmó 5.859 contratos por $192.052 millones bajo esa modalidad en 2020, dijo Funcicar.
Ese año tuvo, además, una particularidad: la pandemia por Covid-19. Tras confirmarse los primeros casos en la capital de Bolívar, la Alcaldía Distrital decretó, el 17 de marzo de 2020, la calamidad pública, una figura legal que le permite a los gobiernos trasladar presupuestos y contratar de forma directa.
Bajo esa declaratoria, las distintas secretarías distritales contrataron de manera directa las obras o servicios relacionados con la emergencia por coronavirus, sin recurrir a las licitaciones públicas, que toman al menos tres meses desde la publicación de los pliegos hasta la adjudicación del contrato. A esa figura apelaron las administraciones locales en todo el país.
Aunque alto, el número de contratos firmados de manera directa por Dau en 2020 no superó los 7.528 entregados bajo la misma modalidad por el gobierno de Pedrito Pereira en 2019. Tampoco los 5.969 de 2018, cuando Cartagena vivió el peor momento de su crisis político administrativa de la última década: tuvo cuatro alcaldes, tres designados y uno elegido popularmente que no duró más de 15 días.
Menos OPS, pero hay dudas por el número exacto contratado
Las contrataciones por Orden de Prestación de Servicios (OPS), cuestionadas en el pasado porque suelen ser usadas como fortín político, disminuyeron durante el primer año de gobierno de Dau.
En su reporte, Funcicar mostró que en 2020 el Distrito firmó 5.795, es decir, 1.623 OPS menos que en 2019, cuando el gobierno de Pedrito Pereira suscribió bajo esa figura 7.418 contratos.
La contratación por OPS tiene especial vigilancia en el gobierno de Dau, porque durante su campaña criticó con fuerza esta figura e incluso prometió acabar el amiguismo asociado a esas contrataciones, una promesa que no ha cumplido del todo porque, como lo contó La Contratopedia, varios de los políticos que lo apoyaron en su carrera por llegar al Palacio de La Aduana — y que tienen futuras aspiraciones electorales— han logrado poner a varios de sus aliados en dependencias clave.
Por ejemplo, la excandidata al Concejo y eventual aspirante al Congreso Lydis Ramirez, quien apoyó a Dau en campaña, tiene a integrantes de su grupo político en varias dependencias vía OPS.
El exsecretario de Participación, Armando Córdoba, también tenía a varios de los jóvenes de su movimiento político contratados vía esa misma modalidad. Situación similar ocurre con David Múnera en la Secretaría del Interior.
Aunque contratar por OPS no es en sí una irregularidad, los cuestionamientos que suelen hacerse en Cartagena —y toda Colombia— por el uso de esta figura tienen que ver con la idoneidad de las personas seleccionadas para desempeñar distintas funciones en el Distrito, pues muchas veces la única credencial con la que cuentan es su relación cercana con el movimiento político detrás del alcalde o alcaldesa de turno.
Por ahora, desligar esa forma de contratación de los amiguismos de políticos o funcionarios con futuras aspiraciones electorales sigue siendo una tarea pendiente del gobierno Dau.
Aumentaron los proponentes por cada proceso
Pese a que en 2020 la contratación de la Alcaldía de Cartagena fue mayoritariamente directa y que la administración de Dau solo convocó contratos de mínima cuantía, selección abreviada de menor cuantía y selección abreviada por subasta inversa, según el informe de contratación de Funcicar, aumentó el promedio de empresas y contratistas con intención de suscribir contratos con el Distrito.
En promedio cuatro proponentes presentaron sus ofertas por cada proceso de contratación convocado por la Alcaldía de Cartagena en 2020. Un indicador alto en comparación con el de 2019, cuando fue menor a tres.
En cuanto al promedio de proponentes habilitados en 2020, éste fue de cinco, mientras que en 2019 fue de 1,2 proponentes.
Otro factor que evidencia el aumento de interesados en contratar con el Distrito en 2020 es el porcentaje de procesos en los que se presentó un solo proponente: en 2019 se presentó un solo proponente en el 49% de los contratos de la Alcaldía, mientras que en 2020 ese porcentaje de procesos con único proponentes fue del 29%.
La Bolsa Mercantil tuvo mayor protagonismo que en años anteriores
En 2020 el Distrito aumentó sus contratos con intermediación de la Bolsa Mercantil. El gobierno Dau contrató la alimentación escolar, la vigilancia de los colegios y oficinas públicas, y la alimentación para los adultos mayores. Esos tres contratos sumaron $42.160 millones.
Este 2021 el gobierno Dau volvió a acudir a la Bolsa para contratar el PAE y la alimentación para adultos.
Desde 2018 la Alcaldía de Cartagena viene usando la intermediación de la Bolsa Mercantil de Colombia para contratar el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Así lo hicieron la exalcaldesa Yolanda Wong y el exalcalde Pedrito Pereira.
La contratación a través de la Bolsa se dio en respuesta a los ruidos de corrupción que, históricamente, han rondado la adjudicación del PAE desde la Alcaldía de Cartagena.
Sin embargo, los procesos a través de la Bolsa tampoco han estado exentos de críticas porque no garantizan que los contratos no queden en manos de firmas cuestionadas o investigadas, como lo ha evidenciado La Contratopedia.
Otra crítica recurrente a estos procesos, especialmente de parte del Concejo, tiene que ver con el monto que debe destinar la Alcaldía para pagarle a la Bolsa por su gestión. Esa plata —ha dicho el Concejo— la Alcaldía se la ahorraría si realizara la selección de los contratistas desde su Unidad Asesora de Contratación.
Por el contrato de vigilancia, el más millonario de los tres en los que intermedió la Bolsa en 2020, la Alcaldía le pagó al comisionista Miguel Quijano y Cia SA $40.445.5423.
Otra de las críticas relacionadas con la contratación por Bolsa tiene que ver con la poca transparencia de la información, porque esa entidad no está obligada a publicar todos los detalles de los privados en puja.
Deficiencias en la gestión documental de los contratos
Otro patrón de contratación que dejó el primer de año de gobierno de William Dau es la falta de oportunidad en la publicación de los contratos públicos.
Funcicar encontró que en el caso de las contrataciones por mínima cuantía, que representaron casi la mitad de los procesos (43%), la Alcaldía no respetó el día hábil de publicación. Al fallar en dicha obligación, los ciudadanos e interesados en contratar con la Alcaldía no contaron con tiempo suficiente para conocer a fondo cada proceso, realizarles observaciones o presentar ofertas.
También hay deficiencia en transparencia informativa en los contratos públicos celebrados a través de la Bolsa Mercantil, pues no es posible conocer quiénes son los oferentes por cada proceso ni los contratistas seleccionados. Tampoco están publicados informes sobre ejecución de los servicios prestados.
Por tanto —recomendó Funcicar— la Alcaldía debe garantizar el acceso a la información pública para no obstaculizar el control ciudadano.
Otro aspecto que evidencia deficiencias en la gestión documental de la Alcaldía de Cartagena es la diferencia que hay entre las respuestas de algunas dependencias del Distrito con lo publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) sobre procesos como las OPS.
De hecho, a través de un derecho de petición, la Oficina de Talento Humano de la Alcaldía le respondió a La Contratopedia que en 2020 las OPS sumaron 5.640, pero en su informe Funcicar encontró otro número.
La Oficina de Talento Humano también le dio, vía derecho de petición, una cifra distinta a esa entidad sobre el número de OPS contratadas en 2020.
También se evidencia opacidad informativa en las respuestas demoradas, que suelen dar las distintas dependencias del Distrito a los derechos de petición enviados sobre los contratos celebrados.