En su primera rendición de cuentas, el pasado 30 de diciembre, el alcalde William Dau dijo que su administración había atendido, durante su primer año de gobierno, 4.619 solicitudes de información, radicadas por entes de control y ciudadanos.
“¡Qué poco de información! (…) Eso es señal de una administración transparente (…) Nos pueden pedir información y se les suministra”, dijo Dau con orgullo. Presentó esa cifra como un logro de su equipo de gobierno y no como una obligación de la función pública para garantizar el fundamental derecho de acceso a la información.
Pese al discurso del alcalde, la realidad muestra un escenario distinto, al menos para quienes en calidad de periodistas elevamos peticiones de información ante las distintas dependencias de su administración: muchos de esos oficios no obtienen respuesta dentro de los 15 días hábiles que establece la ley. Otros simplemente se quedan en un mutismo sostenido, perdidos en cualquier anaquel o repositorio digital de las oficinas distritales.
Y eso pasa a pesar de que las peticiones de información son la piedra angular del acceso a la información pública, cimientos del fundamental derecho de libertad de expresión y herramienta imprescindible para el ejercicio periodístico.
El candado informativo también aparece, muchas veces, cuando se toca la puerta de la Oficina de Comunicaciones y Prensa. Pese a la buena disposición de los asesores, hay consultas que acaban en terreno árido, sobre todo si las preguntas van más allá de la agenda diaria del Distrito.
Obtener datos públicos en la administración de William Dau se ha convertido en un ejercicio que requiere lobby y paciencia: pedirle a funcionarios que intercedan ante las dependencias encargadas por prontas respuestas. Aún así el humo blanco no está garantizado.
Esta continua vulneración al acceso a la información pública, que no es exclusiva de este gobierno ni tampoco de Cartagena, ocurre en una administración que desde el 1 de enero de 2020 se presenta como transparente y decidida a combatir las malas prácticas que encontró en el Palacio de la Aduana.
Deberían, entonces, los funcionarios distritales pasar del dicho al hecho. La transparencia empieza con la oportuna publicación de la información, tal como lo establece la Constitución colombiana. Mucho más, tras la promulgación en 2014 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La publicación de la información debería ser la regla y no la excepción. Sin datos vamos a ciegas y sin suficientes herramientas para exigir derechos, cumplir deberes, luchar contra la corrupción y evitar los abusos de poder. Ya lo dijo el filósofo italiano Norberto Bobbio: “La opacidad del poder es la negación de la democracia“.
*Columna, inicialmente, publicada el 7 de marzo de 2021 en el diario El Universal.