Aunque la Corte Constitucional ha dicho que debe ser la excepción y no la regla, este tipo de contratación prevalece en las entidades estatales para ejecutar servicios, por un monto determinado, a riesgo del contratista.

La figura de OPS no genera una relación laboral, por tanto el contratante no está obligado a pagarle la seguridad social al contratista, ni a exigirle cumplimiento de un horario laboral ni un periodo de prueba. Sin embargo, estos contratos terminan estableciendo funciones de dedicación exclusiva que ameritarían vinculación laboral y las responsabilidades del empleador.

En entidades oficiales como la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, las OPS no suelen ser usadas con criterio técnico sino burocrático para pagarles favores a los concejales, diputados, congresistas y distintos grupos políticos, que pudieron haberles ayudado a los mandatarios de turno a ganar las elecciones.

Por ejemplo, en la Alcaldía de Cartagena el 81% del personal es contratado bajo esta figura, según un informe de Funcicar de 2018 que incluso detalló que al menos unas 77 personas tenían más de una OPS en las distintas dependencias del Distrito.

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