Una firma sancionada en 2017, por violar la libre competencia en la contratación estatal, es el nuevo operador de la vigilancia escolar y de las oficinas distritales en Cartagena. Se trata de la empresa bogotana Starcoop Cooperativa de Vigilancia, seleccionada el pasado 8 de abril, en un proceso celebrado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia por $20.222 millones, $265 millones menos de lo presupuestado por la administración de William Dau para dicha transacción.
Pese a que ese proceso se celebró a través de la Bolsa Mercantil y no directamente desde la Alcaldía, en un intento de blindaje de la plata pública de contratistas cuestionados, el gobierno Dau no pudo evitar que la vigilancia quedara en manos de una firma sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por corrupción. Justo, le ocurre a una administración que ha hecho del discurso anticorrupción su principal bandera.
De hecho, la sola investigación por cartelización, sin que haya aún una decisión de fondo de la SIC, bastó para que la Alcaldía rechazara a Comfinagro como su comisionista en la negociación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), proceso también en curso con la Bolsa y cuya selección del operador está programada para este viernes 24 de abril.
La Alcaldía rechazó en febrero pasado que esa firma fuera su comisionista por estar investigada junto a seis empresas más por posibles irregularidades al participar por un contrato de alimentos de las Fuerzas Militares.
La sanción por corrupción
Junto a las firmas Guardianes, Cobasec, Centinel, Experto, Insevig y Security Management Group, Starcoop conformó de hecho un cartel empresarial denominado Grupo SMG, determinó la SIC en 2017.
La sanción superó los $26.000 millones, de los cuales Starcoop pagó $7.026 millones, la segunda multa más alta después de la que recibió Guardianes por $8.594 millones. Pese a esas multas, la ley les permite a las empresas pagar y seguir contratando con las distintas entidades públicas del país, debido a que las sanciones de la SIC no inhabilitan.
La sanción, publicada en una resolución de 348 páginas el 24 de abril de 2017, se enmarca dentro de la lucha que lideró el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo contra la corrupción privada, que no incluyó a funcionarios públicos. Por el contrario, estableció la SIC, dichas empresas al ponerse de acuerdo al concursar en las licitaciones terminaron afectando procesos, celebrados entre 2009 y 2012, por más de $70.000 millones.
Esas siete empresas de vigilancia actuaban simulando ser competidoras independientes, pero en realidad actuaban de manera concertada bajo las indicaciones de Jorge Arturo Moreno Ojeda, conocido como el zar de la vigilancia de Colombia y condenado en 2009 por fraude procesal y prácticas restrictivas de la competencia. Moreno Ojeda está prófugo en los Estados Unidos.
Entre las entidades afectadas por dichas prácticas están la Fiscalía, el ICBF, la Alcaldía de Barranquilla y el Sena.
La cartelización quedó descubierta después de que en 2011 el ICBF le notificó a la Superintendencia que Starcoop y Guardianes concursaban por una licitación presentándose como competidores individuales, cuando realmente tenían todo coordinado para quedarse alguno de los dos con dicho contrato.
En 2017, la SIC anunció que abría una nueva investigación contra estas empresas por conductas irregulares en contratos celebrados entre 2012 y 2015, proceso que quedó archivado en 2019, bajo la administración del superintendente Andrés Barreto González.
El operador de vigilancia
Starcoop Cooperativa de Vigilancia es una firma con 17 años de experiencia, matriculada en Bogotá y con sucursales en Cali, Cartagena y Bucaramanga. Registra 367 empleados y su gerente es Néstor Echevarría Salamanca.
Ha sido contratista de varias entidades oficiales, entre ellas la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la Fiscalía y las gobernaciones de Arauca, Valle y Putumayo. Contratos, celebrados entre 2011 y 2019, que suman $81.585 millones y están publicados en el Sistema Electrónico de Contratación (Secop). Varios de esos, ganados con prácticas ilegales.
En Cartagena, esta firma ya tiene experiencia como operador de vigilancia del Colegio Mayor de Bolívar, el Establecimiento Público Ambiental (EPA), la Universidad de Cartagena y la Corporación Museo Histórico de Cartagena.
Los servicios contratados
Starcoop deberá garantizar, los próximos seis meses, la seguridad en 167 escuelas públicas y 106 áreas administrativas, distribuidas entre el Palacio de La Aduana, las alcaldías locales, las inspecciones de policía y las megabibliotecas.
Deberá hacerlo sin interrupción alguna durante la emergencia sanitaria por coronavirus, al tratarse de un oficio contemplado en las 35 excepciones del decreto firmado por el presidente Iván Duque para establecer las reglas del confinamiento en Colombia.
La Alcaldía le contrató a este operador 407 servicios de vigilancia, distribuidos en turnos de 12 y 24 horas, con hasta 1.215 vigilantes, supervisados por un director, un coordinador y 10 jefes de seguridad.
Como ha pasado antes, de esa planta hará parte el personal de apoyo con el que el Distrito firmó órdenes de prestación de servicios, en febrero pasado, para mantener seguras las escuelas, mientras escogía al operador de este año, le dijo a La Contratopedia una asesora de contratación de la Alcaldía.
La vigilancia humana va acompañada con la instalación de 362 aparatos, entre cámaras de seguridad, detectores de metales, alarmas y contactos magnéticos.
La selección de este contratista se hizo a través del comisionista bogotano Miguel Quijano y Cia. S. A., al que la Alcaldía le pagó $40.445.543, en gastos de representación, correspondientes al 0.2% sobre el valor negociado.