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Armando Córdoba, actual secretario de Participación Ciudadana, y Lidy Ramírez, excandidata al Concejo que apoyó a Dau, tienen participación burocrática en el actual gobierno local. /Foto: Tomada de Facebook.

Aunque con menos OPS, persiste clientelismo en gobierno de William Dau en Cartagena

Una de las primeras promesas que el alcalde de Cartagena hizo tan pronto ganó en las urnas fue acabar con las cuotas o amiguismos asociados a la vinculación de personal por órdenes de prestación de servicios. Hasta ahora no ha podido cumplirla en todas las dependencias ni cargos de su administración.

El primer año de administración de William Dau le dejó a la Alcaldía de Cartagena menos órdenes de prestación de servicios (OPS): de 9.545 firmadas en 2019, la última vigencia de Pedrito Pereira como alcalde encargado, el gobierno local pasó a 5.640 en 2020. Pese al descenso en un 41% de esa figura de contratación pública, en el Distrito persisten las viejas costumbres clientelistas asociadas a ellas.

(Descargue la información completa de OPS. No se incluyen entidades descentralizadas).

Las mismas que Dau les señaló a sus antecesores y que, siendo candidato y recién elegido, prometió acabar tan pronto llegara al Palacio de La Aduana, apelando a una firma cazatalentos, como parte de su cruzada anticorrupción

Esa estrategia le sirvió para seleccionar secretarios y directivos, pero no le alcanzó para cumplir su promesa.

En dos audios divulgados, recientemente, por Revista Metro, Dau le recrimina a su antigua mano derecha Cynthia Pérez Amador —quien presentó documentación falsa para ser contratada como asesora de despacho en 2020— su “voraz apetito por tener burocracia” y hasta le pregunta si “está pidiéndoles comisión a las OPS”.

Además, el mismo mandatario reconoce haber entregado un contrato por recomendación de una “ministra de muy alto cargo”.

Más allá de eso, La Contratopedia Caribe encontró que los amiguismos o el pago de favores políticos, en lugar de los criterios técnicos, continúan vigentes a la hora de vincular a algunos contratistas distritales. 

También, como pasó en administraciones recientes, persisten las cuotas políticas en algunas dependencias, esta vez vía Salvemos a Cartagena, el movimiento que se convirtió en el trampolín de Dau, y de grupos aliados a su causa como el Moir y el Partido Verde.  Un asunto legal —a menos que los seleccionados no cumplan con el objeto de sus contratos— que ocurre en toda Colombia, pero especialmente cuestionado por Dau cuando era veedor.

La Contratopedia revisó las 23 OPS de 10 personas que le hicieron campaña al mandatario. Desde el año pasado, cada uno de ellos ha recibido entre uno y tres contratos (Descargue aquí la base de datos completa).

El poder a la sombra y las OPS de su grupo

Parte del clientelismo en el Distrito se evidencia, desde el año pasado, en la burocracia que tiene Lidy Ramírez Palencia, un poder a la sombra en la administración Dau y quien ha manifestado su interés en llegar al Congreso como representante a la Cámara por Bolívar. Una aspiración que el alcalde ve “con buenos ojos” para convertirla en uno de los ases de su movimiento, de cara a las legislativas de 2022.

Ramírez, gerente de la candidatura de Gustavo Petro en Cartagena para las presidenciales de 2018, es una de las voces a quien Dau más escucha, especialmente desde que se desmarcó públicamente de su ex primera dama Cinthya Pérez Amador. Tanto le copia Dau a Ramírez que entre algunos funcionarios se volvió común describirla como la persona que “le habla al alcalde al oído”.

Aunque Ramírez no integró el grupo significativo Salvemos a Cartagena y solo se unió a esa empresa política a pocas semanas de las elecciones de 2019, ha tenido juego en el gobierno distrital desde que el antiguo veedor ocupa la silla de alcalde.

Primero, la nombró como zarina anticorrupción, pese a no reunir los requisitos para dicho cargo. Tras removerla, Ramírez tuvo un contrato en la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, donde Dau preside la junta directiva. Lo firmó en abril de 2020, por $20.000.000, para prestarles sus servicios de psicóloga al personal que labora en esa entidad durante cuatro meses.

Además de eso, al menos, seis personas cercanas a Ramírez han recibido 12 OPS, desde el año pasado. Primero, en el Departamento de Salud (Dadis), una entidad descentralizada e históricamente usada como fortín político en Cartagena. Desde las primeras semanas de gobierno de Dau, Ramírez tuvo poder allí con el nombramiento de Álvaro Fortich en la dirección y después con el de la actual directora Johana Bueno.

Más recientemente, personas cercanas a Ramírez han estado vinculadas a la Secretaría de Participación Ciudadana, liderada por Armando Córdoba, aliado político suyo desde las presidenciales de 2018, cuando ambos le hicieron campaña a Gustavo Petro.

Los amigos de Ramírez han conseguido esos contratos para prestar servicios fortaleciendo equipos jurídicos o financieros en esas entidades. Otros, para apoyar la ejecución de programas de atención al adulto mayor y a la población joven. Algunos, incluso, han ejecutado más de un contrato al tiempo, un fenómeno sobre el que Funcicar había alertado en mandatos anteriores.

Esa red de colaboradores de Ramírez comienza a ser vista en Cartagena como un incipiente grupo político, especialmente, porque con muchos de esos nombres hizo campaña en las pasadas regionales, cuando aspiró al Concejo de Cartagena por la Coalición Alternativa

De las 23 OPS analizadas, La Contratopedia encontró que entre las más millonarias están las de la abogada Ketty María Gutiérrez Lora, quien hizo correrías junto a Ramírez como parte de su campaña al Concejo en 2019.

En el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), a Gutiérrez Lora le aparecen dos contratos que suman $69.600.000: el primero lo firmó en febrero de 2020, por $40.000.000, para asesorar al Dadis en las respuestas a derechos de petición y demás quejas y reclamos de los usuarios, durante diez meses.

La segunda OPS la obtuvo en enero de este año, por los $29.600.000 restantes, para apoyar a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social en la ejecución del programa de atención al adulto mayor, como asesora jurídica durante ocho meses.

Otra de las más cercanas colaboradoras de Ramírez es Kathry Andrea Saah Medina, quien firmó su primera OPS con el Distrito, por $25.000.000, en febrero de 2020 para apoyar el proceso de respuestas de peticiones, quejas y reclamos en el Dadis durante 10 meses. 

Este año Saah obtuvo otros dos contratos: uno que le fue adjudicado en febrero de 2021 en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), para apoyar la recepción y archivo de correspondencia de esa entidad, por $7.500.000, durante tres meses; y otro, por $15.000.000, durante seis meses, para prestar un servicio similar en el programa de atención al adulto mayor, de la Secretaría de Participación. 

La tercera contratación por OPS más millonaria es la del contador público Cristhian José Ríos Mancera, quien desde marzo de 2020 hasta la fecha ha firmado dos contratos con el Dadis, que suman $45.600.000. 

Ríos Mancera, quien le hizo campaña a Ramírez al Concejo y antes la había acompañado en correrías pro Petro por las presidenciales de 2018, firmó su primer contrato en marzo de 2020, por $34.200.000, para apoyar a la dirección administrativa y financiera del Dadis durante diez meses. En marzo de este año firmó un nuevo contrato, por tres meses y con el mismo objeto, por $11.400.000.

La incidencia de Ramírez en la salud distrital trasciende el Dadis. Ella, por ejemplo, logró que Luis Alfredo Del Río Foliaco, aliado suyo y financista de la campaña de Dau, fuera nombrado como subgerente financiero de la ESE Hospital Local. 

Del Río Foliaco no duró mucho tiempo en ese cargo porque el gerente de la ESE, Rodolfo Llinas, lo declaró insubsistente. Sin embargo, en junio, un mes después de haber salido de allí, firmó una OPS en Corvivienda —fondo de vivienda social del Distrito—, por $26.200.000, para hacer seguimiento al sistema de gestión de calidad de esa entidad.

Consultada sobre estas contrataciones, Lidy Ramírez dijo que esas órdenes de prestación de servicios no deberían sorprender porque las obtuvieron personas que “apoyaron y creyeron en la propuesta de gobierno de William Dau”.

“Ninguno de ellos son puestos de corbata, cumplen a cabalidad con sus actividades”, respondió a un formulario enviado por La Contratopedia.

Ramírez no descarta “una eventual aspiración” al Congreso y aclaró que no es partidaria de conseguir votos a partir del asistencialismo o la repartición de ayudas entre las comunidades más vulnerables de Cartagena. Le dijo eso a La Contratopedia al ser indagada por sus intervenciones recientes en barrios de esta capital, donde se le ha visto gestionando obras y coordinando ayudas.

Los contratos de Salvemos a Cartagena y grupos aliados

Además de OPS asignadas para pagar favores políticos o que pueden terminar alimentando proyectos electorales a mediano plazo, el Distrito ha vinculado a miembros de Salvemos a Cartagena. La Contratopedia encontró que, al menos, cuatro de ellos son contratistas. 

Las más millonarias de esas OPS (dos por $44.000.000) las ha recibido Oswaldo Burgos Valets, actor clave de la campaña de Dau. En 2019 hizo parte del grupo que pintó avisos sobre ese colectivo en varios sectores de Cartagena. 

Es además integrante de la Fundación Ayúdanos a Ayudar, conformada por otros miembros de Salvemos a Cartagena. En las recientes protestas contra los peajes internos de Cartagena y en el movimiento contra la revocatoria de Dau también tuvo una activa participación. 

En julio de 2020, Burgos Valets firmó una OPS por $12.000.000 con la Oficina de Gestión del Riesgo, para responder, durante tres meses, tutelas, quejas y requerimientos en contra de esa dependencia. En febrero pasado obtuvo otra con Corvivienda, por $32.000.000, para realizar trámites notariales y de registro de predios de esa entidad. 

Una segunda integrante de Salvemos a Cartagena con OPS es Narcelly Gulfo Martínez. Entre mayo de 2020 y febrero de 2021, ha firmado cuatro con el EPA —autoridad ambiental de Cartagena—: la primera en mayo de 2020, por $6.000.000, para apoyar durante tres meses operativos de vigilancia y control a construcciones, así como atender los requerimientos hechos a esa entidad a través de derechos de petición, acciones populares o tutelas. 

Gulfo Martínez firmó su segundo contrato en agosto de 2020, por $4.000.000, para apoyar durante dos meses las actividades de control, vigilancia y seguimiento ambiental de esa entidad. El tercero, por otros $4.000.000, lo firmó en octubre de 2020 para apoyar el sistema de monitoreo de inteligencia ambiental del EPA, durante dos meses. 

Y en febrero pasado firmó el cuarto contrato, por $19.200.000, para apoyar las actividades de control, vigilancia y seguimiento ambiental, durante ocho meses.

El tercer miembro con OPS y que le hizo campaña a Dau es Hicli Noriega Padilla, también integrante de la Fundación Ayúdanos a ayudar. Entre septiembre de 2020 y marzo de este año, firmó tres contratos por $32.200.000 con el IDER (Instituto Distrital de Deporte y Recreación), Corvivienda y la Secretaría General para realizar labores diversas  (OPS I, OPS II y OPS III). 

En el IDER trabajó como profesor o instructor de actividad física para fortalecer el programa de estilos de vida saludable; en Corvivienda apoyó el programa Juntos por una vivienda digna y en la Secretaría General trabajó en la formalización de comerciantes de los mercados públicos.

El cuarto miembro de Salvemos a Cartagena con OPS es Moisés Morante Barrios. Él y su hermano Abraham Morante Barrios le hicieron campaña a Dau y son cercanos al actual Secretario de Participación, Armando Córdoba. 

Moisés fue contratado en noviembre de 2020, como parte del programa de atención al adulto mayor, por $3.000.000 para prestar sus servicios como administrador de empresas durante un mes. En marzo de 2021 firmó un contrato similar, pero por $12.000.000 durante cuatro meses.

También, durante el último año, la administración Dau ha contratado a personas cercanas a quienes le hicieron campaña al alcalde y hoy son titulares de dependencias distritales. Los casos más evidentes son los de David Múnera, secretario del Interior, y Armando Córdoba, secretario de Participación Ciudadana. En esas dependencias trabajan miembros del Moir y del Partido Verde, movimientos en los que militan ambos funcionarios.

Ni la vinculación de personal de Salvemos a Cartagena ni de los aliados que tuvo Dau en campaña son por sí mismo ilegales. Ambas prácticas hacen parte de su discrecionalidad como gobernante para escoger a su equipo de trabajo.

El debate asociado a esas vinculaciones se da por la idoneidad de los vinculados: ¿obtienen las OPS o nombramientos como retribución política, pese a no tener el perfil para el cargo? o ¿reúnen, realmente, los requisitos y destrezas para las funciones contratadas?

Una figura controvertida en la Alcaldía de Cartagena

La vinculación de personal por órdenes prestación de servicios, conocidas comúnmente como OPS, no es ilegal y prevalece en las entidades estatales colombianas para ejecutar servicios, por un monto determinado. 

Aunque la Corte Constitucional ha dicho que este tipo de contratación debe ser la excepción y no la regla, han terminado convirtiéndose en una figura habitual para vincular personal, especialmente para la Alcaldía de Cartagena que tiene el desafío de modernizar su estructura administrativa.

En 2018, el 81% del personal de la Alcaldía fue contratado bajo esta figura, según un informe de Funcicar que incluso detalló que al menos unas 77 personas tenían más de una OPS en las distintas dependencias del Distrito.

Las OPS también son comunes en las administraciones porque, como le explicó a La Contratopedia el abogado Danny Oviedo, presidente ejecutivo de Corcaribe, hay secretarios o jefes de área que contratan a profesionales para ponerlos a trabajar como sus aliados porque no confían en los funcionarios que puedan encontrar.

Desde hace años, las OPS han sido usadas en esta capital, al igual que en la Gobernación de Bolívar, con criterio clientelista, es decir, para pagarles favores a los concejales, diputados, congresistas y distintos grupos políticos, que pudieron haberle ayudado al mandatario de turno a ganar las elecciones.

De hecho, a menos de dos meses de iniciado su gobierno, Dau acusó a los concejales de excesivo control político sobre su gabinete por no haberles dado OPS.

Hasta ahora, todos estos patrones de contratación de personal muestran que aunque William Dau pudo disminuir considerablemente el número de OPS, todavía tiene por delante un largo camino para erradicar las viejas prácticas, vigentes en su administración por cuenta de varios de sus aliados políticos.

Nota de la editora: después de publicada esta historia recibimos las respuestas que le habíamos enviado, el miércoles 14 de abril, a Lidy Ramírez. Las incluimos y enlazamos también el documento completo con lo que nos dijo.

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