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Una decisión de la SAE y las declaraciones de Aida Merlano ante la Justicia marcaron el inicio del año electoral para la familia Char en Barranquilla. /Foto: Collage a partir de fotocapturas.

Doble golpe a los Char en inicio de año electoral

Con la entrega de acciones de la Triple A frenada y una Aida Merlano recargada en sus acusaciones de corrupción, los Char comenzaron este 2023. Su camino para retener cuatro años más la Alcaldía de Barranquilla no pinta lineal, como en elecciones pasadas.

Después de 16 años en el poder local, una popularidad cimentada en obras de infraestructura y una millonaria estrategia publicitaria, los Char comienzan su recorrido electoral para ganarse un quinto período consecutivo en la Alcaldía de Barranquilla golpeados por señalamientos de corrupción y con una oposición más mediática.

Un escenario inédito para un grupo político acostumbrado a campañas locales con ‘buena prensa’ y sin reales contrincantes.

Sin embargo, su administración más reciente, liderada por Jaime Pumarejo, ha enfrentado varias crisis, incluyendo tres olas mortales por coronavirus, una protesta de transportadores que paralizó a Barranquilla y parte de su área metropolitana tras la muerte de varios conductores extorsionados, y una seguidilla de masacres que hoy tiene a la capital del Atlántico como una de las más violentas de Colombia.

La turbulencia en época electoral —por ahora con más consecuencias reputacionales que judiciales y con un impacto en las urnas por conocerse— apenas comienza para el poderoso grupo de Barranquilla, liderado por el exsenador Fuad Char y sus hijos: el exalcalde Alejandro y el senador Arturo. 

Dos hechos en este inicio de año así lo demuestran: el freno a la venta de acciones de la Triple A y una Aida Merlano recargada en sus acusaciones de corrupción.

Dudas y marcha atrás en la venta de acciones de la Triple A

El Gobierno Nacional le madrugó, el 2 de enero, a anunciar la congelación de un negocio clave para el charismo: la entrega a K-Yena SAS (hasta el 10 de noviembre de 2022, Alumbrado Público de Barranquilla SAS) del 51% de las acciones de la Triple A, empresa de acueducto, alcantarillado y aseo que presta servicio a 2.8 millones de personas en Barranquilla y 14 municipios del Atlántico.

Decisiones de este tipo no eran posibles hasta antes de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, dados los acuerdos políticos entre los Char, en su condición de grupo que manda en la Alcaldía de Barranquilla desde 2008, y los anteriores gobiernos nacionales (los de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque).

En K-Yena SAS tienen participación dos aliados del charismo: los megacontratistas William Vélez, conocido como el zar de las basuras de Colombia, y los hermanos Christian y José Manuel Daes, campeones de la megacontratación de Barranquilla durante la última década.

La movida del Gobierno Nacional con la Triple A, aludiendo una venta sin justificada evidencia y posible violación del ordenamiento jurídico con detrimento patrimonial, dejó dos consecuencias inmediatas y evidentes:

  1. Obligó al Distrito de Barranquilla a buscar opciones para sacar del negocio de la Triple A a K-Yena SAS. 
  2. Y dejó una estela de dudas por una venta accionaria opaca, sin competencia y por un avalúo más bajo, según los nuevos funcionarios de Bogotá.

Sobre la primera consecuencia, la Alcaldía de Barranquilla y Empresas Públicas de Medellín (EPM) firmaron el 17 de enero un “memorando de entendimiento para explorar la adquisición” de las acciones que desencadenaron el choque entre el Distrito y el gobierno de Petro.

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, dijo que del proceso con EPM podría salir una empresa 100% pública, mientras que Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, planteó la posibilidad de presentar una oferta vinculante, “siempre y cuando hayan cesado todas las investigaciones, procesos o averiguaciones” sobre las acciones de la Triple A.

Carrillo se refirió a las indagaciones que la venta de acciones produjo en la Contraloría General, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras los cuestionamientos de la administración Petro.

Resulta que el gobierno de Iván Duque usó la figura de enajenación temprana, en diciembre de 2021, para entregarle a Alumbrado Público de Barranquilla SAS (ahora K-Yena SAS) unas acciones que hasta 2018 le pertenecían a Inassa, filial de la española Canal Isabel II. 

Ese año la SAE tomó control de las acciones por petición de la Fiscalía colombiana, que investiga hechos de corrupción ocurridos en la Triple A, entre 2000 y 2017.

Con el cambio en la Presidencia de la República llegaron los cuestionamientos a la transacción celebrada entre la SAE y Alumbrado Público de Barranquilla.

El 26 de diciembre, la Secretaría de Transparencia dijo en W Radio que en esa venta hubo “un posible peculado por apropiación a favor de terceros”. 

Tras esos cuestionamientos, el 2 de enero, la SAE anunció la congelación de la entrega de acciones y dos semanas después, el 13 de enero, la Contraloría General anunció la apertura de una indagación preliminar por el presunto detrimento.

En medio de las críticas por la venta de acciones a una compañía con contratistas distritales detrás, una antigua conocida del charismo volvió a la palestra pública para ratificarse en sus señalamientos de corrupción contra ese grupo político.

Una Aida recargada pone a Fuad Char a defender a su familia

El 19 de enero, ante la Justicia, la excongresista Aida Merlano volvió a mencionar a la familia Char como parte de un corrupto esquema electoral del que ella participó y se benefició en las elecciones Legislativas de 2018. 


Volvió a la carga durante una diligencia por el juicio que enfrenta el contratista de Barranquilla Julio Gerlein por concierto para delinquir, violación de topes y corrupción al sufragante. Al día siguiente, ratificó sus acusaciones en el Reporte Coronell, uno de los espacios radiales más escuchados del país.

Merlano, condenada por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, tiene como abogado a Miguel Ángel del Río, penalista con vasos comunicantes con el partido de Gobierno (Pacto Histórico) y a quien las bases de ese movimiento en el Atlántico le piden que se lance como candidato para disputarle la Alcaldía a los Char.

La excongresista volvió a decir que la plata para comprar los votos en 2018 salió de varios contratos entregados por la Alcaldía de Barranquilla, cuando Alejandro Char era el mandatario. Mencionó coimas en la construcción del Malecón y la canalización de los arroyos, que involucran a los contratistas Julio Gerlein y  Faisal Cure.

La dupla Cure – Gerlein se ha ganado varios contratos en Barranquilla durante la última década. Entre los más recientes está la primera etapa del ecoparque Mallorquín.

Faisal Cure, de hecho, es uno de los contratistas recurrentes en el modelo de contratación pública impuesto por los Char en Barranquilla. Un esquema que se caracteriza por concentrar megaobras en un grupo de privados y contratar a través de empresas mixtas.

Con las declaraciones que viene dando desde 2020 ante la Justicia y los medios de comunicación, Merlano también señaló como pieza clave del esquema de corrupción electoral al expresidente del Senado Arturo Char, hermano de Alejandro. 

En noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación formal a Char por concierto para delinquir y corrupción al sufragante. También lo llamó a indagatoria. Su audiencia estaba programada para el 24 de enero, pero logró que la Corte se la aplazara porque cambió de abogado.

Después de la reaparición de Merlano ante la Justicia, el 19 de enero, y de su entrevista en el Reporte Coronell, el 20 de enero, el exsenador Fuad Char salió a defender a su familia. 

En un comunicado público, el patriarca de los Char dijo que él y los suyos están “dispuestos agotar todas las instancias jurídicas para desenmascarar todo este entramado de mentiras que la señora ha declarado en nuestra contra” (sic).

Ese pronunciamiento del patriarca Char no es común, pues ante los señalamientos de los que su familia suele ser objeto él siempre guarda silencio. Y cuando le habla a los medios de comunicación lo hace por temas del Junior, equipo de fútbol de su propiedad, o para promocionar a sus candidatos en época de elecciones.

De hecho, con la reaparición de Merlano, los Char pasaron de una favorable exposición mediática desde inicios de enero, por el fichaje de Juan Fernando Quintero para el Junior, a estar otra vez en la picota pública por señalamientos de corrupción.

Por lo pronto, Merlano le pidió al presidente Gustavo Petro su extradición de Venezuela a Colombia para detallarle a la Justicia cómo funciona la corrupción electoral en el Caribe, de la que ella se benefició. 

El Presidente dijo estar dispuesto a pedirla en extradición. 

Las apuestas están dadas para que Merlano entregue más datos sobre los movimientos de uno de los grupos regionales más poderosos de las últimas dos décadas en Colombia. Y con esa figura como telón de fondo, los Char buscarán permanecer cuatro años más en la Alcaldía barranquillera.

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