Los medios de comunicación y los asesores de comunicaciones han sido jugadores clave en la construcción de la narrativa de bienestar y progreso que ha posicionado a Barranquilla —y más recientemente al Atlántico— como un modelo de gestión pública local, digno de replicar en otras regiones de Colombia.
Una revisión a la pauta oficial, entregada por la Alcaldía y la Gobernación desde 2020, muestra una abultada chequera de las administraciones de Jaime Pumarejo y Elsa Noguera para vender su gestión a nivel local y nacional, a través de agencias publicitarias y una cooperativa de comunicadores.
También hay millonarios recursos en asesorías de comunicaciones para el posicionamiento de marca institucional de la ciudad y del departamento.
Ambas instituciones han entregado $138.938 millones, un monto similar al invertido por la Alcaldía de Barranquilla en 2016 para la canalización de peligrosos e históricos arroyos, como el de la 21 ($124.700 millones) o La Felicidad ($123.004 millones).
Los gobiernos de Noguera y Pumarejo han entregado esos recursos con los mismos patrones de contratación de las tres últimas administraciones de Barranquilla, bajo el mando de la familia Char. Es decir:
- Parte de la plata se usa para elaborar contenidos patrocinados que se divulgan como material noticioso.
- La estrategia de comunicaciones incluye gestión de crisis para mitigar posibles daños reputacionales, con el apoyo de comunicadores locales, y apostar por una narrativa favorable que posicione una marca institucional.
- Prevalece la opacidad informativa porque no es fácil hacerle seguimiento a la ejecución de los recursos entregados.
- Hay un grupo de contratistas recurrentes. Cinco de ellos fueron proveedores publicitarios de las campañas de Noguera y Pumarejo en 2019, según reportaron esas candidaturas en el aplicativo Cuentas Claras.
Varios de esos patrones no son exclusivos del Atlántico y se replican en varias regiones del país. Sin embargo, esa generosa chequera —una de las más millonarias del país— contrasta con la de administraciones vecinas en el Caribe.
Durante la de William Dau, por ejemplo, la Alcaldía de Cartagena no ha contratado con agencias publicitarias ni ha dado mucha pauta a medios locales, asunto que ha generado reclamos privados de algunos periodistas.
Incluso la pauta destinada por la Gobernación de Bolívar, consentida por gran parte de los medios de Cartagena, es modesta si se compara con la de su par en Atlántico: el gobierno de Vicente Blel gastó, el año pasado, $2.103 millones, incluyendo las órdenes de prestación de servicios a algunos periodistas en ejercicio.
El de Elsa Noguera destinó $15.663 millones. Una diferencia abismal pese a que ese año Bolívar tuvo mayor presupuesto (1,9 billones) que Atlántico (1,5 billones).
Los millonarios contratos para pauta oficial y asesoría en comunicaciones de Barranquilla han salido a flote, los últimos días, en medio de los continuos cuestionamientos a los medios de comunicación locales, por su cubrimiento del caso Aida Merlano: un entramado de corrupción electoral que la prófuga exsenadora denunció ante la Corte Suprema de Justicia y que involucra, entre otros poderosos, al contratista Julio Gerlein y a la familia Char.
Justo por esa voluminosa chequera, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha calificado la relación entre los medios en Barranquilla y las administraciones locales como “tóxica”, pues en la construcción de las agendas informativas median “los recursos de publicidad oficial”, utilizados como “una herramienta que fomenta los aplausos y siembra temor ante la crítica”.
La Flip ya había alertado la influencia de los gobiernos de turno en las agendas periodísticas antes de que los Char llegaran al poder. Por eso, viene pidiendo desde hace años que haya unos criterios claros de asignación de esos recursos —no sólo en esta capital sino en todo el país—, pues son dineros legítimos con los que los gobiernos cuentan para comunicar sus iniciativas, pero la mayoría de veces terminan usándolos para autopromocionarse y censurar.
Así ha sido el gasto publicitario y de comunicaciones de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, desde 2020, con diferentes empresas locales y nacionales. Algunas solo se encargan de las asesorías en comunicaciones o de la estrategia de mercadeo, mientras otras tienen entre sus tareas la generación de contenidos para su divulgación en medios de comunicación y plataformas digitales.
(Descargue aquí el listado de contratos analizados)
1. Más de $100.000 millones en publicidad y buenas noticias
Desde el 1 de enero de 2020, los gobiernos de Pumarejo y Noguera han invertido, al menos, $138.938 millones en:
- Diseño de estrategias de comunicación para difundir sus campañas institucionales.
- Posicionamiento de imagen, sobre todo de Barranquilla como una ciudad “competitiva y atractiva para la inversión nacional y extranjera”.
- Preproducción, producción y postproducción de contenidos.
- Asesoría en habilidades comunicativas de los equipos de gobierno.
- Manejo de crisis. Este último servicio es ofrecido por una cooperativa local de periodistas, pese a tratarse de una actividad del mundo corporativo y no del ejercicio periodístico.
Esos $138.938 millones han salido del erario a través de 74 contratos, firmados por la Alcaldía de Barranquilla, la Agencia Distrital de Infraestructura, la Gobernación del Atlántico y el Instituto de Tránsito Departamental.
Esa plata, asignada a 15 empresas, no incluye las contrataciones por órdenes de prestación de servicios de los profesionales con quienes la Alcaldía y la Gobernación realizan sus labores de prensa y protocolo. Esos perfiles suelen ser numerosos y diversos. Sus honorarios pueden oscilar entre los $3.500.000 mensuales y los $111.600.000 anuales.
El gasto en publicidad y comunicaciones aumenta si se suman los contratos para tales fines, firmados desde empresas de economía mixta como Edubar o Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Sostenible.
Discriminados, esos recursos han sido así:
- $92.454 millones, contratados por Barranquilla entre el 1 de enero de 2020 y el 9 de febrero de 2022.
- Y $46.483 millones, también entre el 1 de enero de 2020 y el 9 de febrero de 2022, por la Gobernación del Atlántico.
Hubo menos contratación publicitaria en 2020, año en el que ambos mandatarios locales estuvieron más enfocados en atender la primera ola de la pandemia por coronavirus. En aquel momento enfrentaron críticas por los alimentos que contrataron para mitigar el hambre durante la cuarentena.
A Pumarejo le llovieron cuestionamientos por el tamaño y costo de los mercados, que los hogares recibieron con plegables con su imagen, mientras a Noguera le tocó explicar en un video el valor de cada paquete de comida ante los señalamientos de corrupción.
La Procuraduría le inició una investigación al secretario general de la Gobernación, Raúl Lacouture Daza, por ese contrato de alimentos.
2. Link Marketing y Signo 21, los principales contratistas del Distrito y la Gobernación
Doce organizaciones privadas han ejecutado los $92.454 millones contratados por la Alcaldía de Barranquilla y la Agencia Distrital de Infraestructura, entre el 1 de enero de 2020 y el 9 de febrero de 2022. Diez de esas organizaciones son originarias de la capital del Atlántico y dos son de Bogotá.
La que ha concentrado la mayor cantidad de recursos públicos por publicidad y comunicaciones en lo que va del cuatrienio es Link Marketing y Servicios SAS, con $21.300 millones, en contratos entregados a dedo.
A esa empresa, con sedes en Cartagena, Santa Marta y Pereira, la administración Pumarejo le ha entregado seis contratos para el posicionamiento de la marca de ciudad, creación y difusión de campañas institucionales y fortalecimiento de las habilidades comunicativas del equipo de gobierno.
Representada por Jairo Salas Quintana, Link Marketing se dedica a la publicidad, a la realización de encuestas y a la organización de eventos comerciales y estudios de mercado desde su fundación en 2011.
Cuando La Contratopedia Caribe indagó por los dueños de esa empresa entre funcionarios y exfuncionarios del Distrito, salió a flote el nombre de una persona del círculo charista, cuyo nombre este medio no publica porque no aparece en la documentación registrada ante la Cámara de Comercio.
Lo cierto es que a esa firma le ha ido bien con los Char en el poder local, pues 13 de los 17 contratos que registra a su nombre en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) se los ha entregado la Alcaldía de Barranquilla, desde 2016, por $35.470 millones (de esta suma forman parte los del actual cuatrienio).
En cuanto a la Gobernación del Atlántico, nueve empresas han ejecutado desde el 1 de enero de 2020 los $46.483 millones destinados a publicidad, piezas comunicativas e imagen. Ocho son de Barranquilla y una es de Bogotá.
Hasta ahora, el principal contratista ha sido Signo 21 con tres contratos a dedo por $11.450 millones para la producción de piezas publicitarias y ejecución de planes de medios. También es contratista del gobierno de Jaime Pumarejo, donde suma desde 2020, $16.100 millones en cinco contratos.
Signo 21 es una empresa de Barranquilla, dedicada a la publicidad, organización de convenciones y eventos comerciales. Su representante legal es Ricardo Chams Salum y su gerente suplente es María Claudia Puche Restrepo.
Lleva años contratando con el charismo en la Alcaldía. Entre 2013 y 2015, durante la administración de Elsa Noguera, se ganó ocho contratos por $13.666 millones.
Este contratista es, además, un viejo conocido de Noguera porque fue quien diseñó parte de su publicidad para las elecciones de 2019, según la propaganda electoral declarada por la hoy gobernadora en el aplicativo Cuentas Claras.
Signo 21 también fue proveedor publicitario de la campaña de Jaime Pumarejo a la Alcaldía en 2019.
Ese paso de proveedor de campaña a contratista no es un asunto exclusivo del Atlántico.
3. Seis contratistas repiten en Gobernación y Alcaldía
Entre los 15 contratistas de publicidad y comunicaciones de los últimos dos años hay seis organizaciones de Barranquilla que se han ganado contratos tanto en la Gobernación del Atlántico como en la Alcaldía de Barranquilla.
De esas seis empresas, cuatro son agencias de publicidad, una se dedica a la impresión digital a gran formato o gigantografías y otra es una cooperativa de periodistas locales.
4. La cooperativa local de periodistas ha facturado $10.000 millones
Uno de los contratistas del actual cuatrienio, tanto del gobierno departamental como del distrital, es la Cooperativa de Trabajo Asociado de Comunicadores Sociales de la Costa Atlántica (Coopercom).
Ha recibido ocho contratos por $10.000 millones, desde el 1 de enero de 2020, de la Alcaldía de Barranquilla, la Agencia Distrital de Infraestructura, la Gobernación del Atlántico y el Instituto de Tránsito del Atlántico.
Esos contratos tienen por objeto diseñar y difundir, a través de medios sobre todo locales, mensajes alusivos a los gobiernos departamental y distrital. Es decir, la cooperativa actúa como una central de medios o agencia publicitaria que produce los contenidos y los difunde.
De un portafolio de más de 150 opciones locales que Coopercom ofrece, la entidad oficial escoge los espacios radiales y televisivos, así como los sitios web y periódicos, con los que desea trabajar dicha pauta. Por tanto, la ejecución de esos recursos dependerá del presupuesto aprobado por la oficina gubernamental.
"Es el mismo modelo de contratación de publicidad de las administraciones anteriores (...) No ves directamente un contrato (...) con medios porque, bajo este modelo, esa agencia de publicidad y de medios subcontrata la pauta publicitaria con periodistas locales y medios nacionales", le dijo el año pasado a La Contratopedia el abogado Danny Oviedo, presidente ejecutivo de Corcaribe, al analizar los patrones de contratación pública del primer año de Jaime Pumarejo.
La contratación a través de una cooperativa de comunicadores es una fórmula usada cada vez más por las entidades oficiales en Colombia. Sin embargo, esa práctica no siempre es la más “eficiente ni la más transparente”, ha dicho la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), justamente porque la ejecución de esos recursos no puede rastrearse con exactitud.
La Flip, además, resaltó en un informe sobre la pauta entregada por la Gobernación del Atlántico, entre 2016 y 2017, que Coopercom era el privado que se llevaba la mayoría de contratos, en los que además de darle pauta a medios locales se contrataba así mismo, pues tiene un sitio web.
En ese sitio publica información nacional y local. Esta última alimentada con los comunicados de prensa que emiten la Alcaldía y la Gobernación.
Consultado por la Flip, Carlos Mancera, jefe de comunicaciones de la Gobernación del Atlántico durante el gobierno de Eduardo Verano, reconoció que la pauta sí llega a comprometer la independencia editorial de los periodistas.
“Cuando tú financias a un periodista, sea por publicidad o peticiones especiales (...), de alguna manera te haces más amigo de ese periodista (…) En el momento de algún problema puede que saque la noticia, pero te va a tratar mejor”.
Coopercom es una sociedad barranquillera de economía solidaria, matriculada en la Cámara de Comercio en 1997, pero sus orígenes se remontan a 1989. En aquel momento un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe la comenzó a gestar como una posible salida laboral.
Debido a que se dedica a actividades de publicidad, se ha especializado en ejecutar pauta oficial en Atlántico. En el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) registra 65 contratos por $30.396 millones desde 2013: 39 de ellos fueron adjudicados por la Gobernación del Atlántico y 21 más por la Alcaldía de Barranquilla. El resto de los ganó con otras instituciones oficiales, como la Alcaldía de Soledad.
Su actual gerente es Aldair Molina Mendoza. Una de sus anteriores gerentes, Rita Álvarez, se retiró por no estar de acuerdo con el manejo que el Consejo de Administración le quería dar a la cooperativa.
5. Contratación directa, una constante
De los 74 contratos con fines promocionales que La Contratopedia analizó, 69 fueron suscritos por contratación directa, es decir, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico los entregaron a dedo sin que hubiera convocatoria pública ni la posibilidad de que distintas empresas presentaran ofertas.
De esos 69 contratos, 42 los firmó el gobierno de Jaime Pumarejo.
Y los otros 27 contratos directos los asignó el gobierno de Elsa Noguera.
[Nota de la editora]: Esta historia ha sido actualizada para precisar las razones por las que Rita Álvarez salió de la gerencia de la cooperativa de periodistas Coopercom.
Una respuesta a “La millonaria chequera que mueve las ‘buenas noticias’ de Barranquilla y Atlántico”
Antonio, los Char pueden hacer lo que quieran pero solo los mediocres verduleros y hampones le creen a la prensa comprada lo que escriben. Yo confio que el poder de semejantes tramoyeros se acaba muy pronto. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.