La Contraloría General de la República falló este martes a favor del alcalde de Cartagena William Dau y dos exdirectores de Talento Humano del Distrito, en un proceso de responsabilidad fiscal por supuestas irregularidades en gastos de representación pagados al gabinete durante 2020.
La investigación, inicialmente, la abrió la Contraloría Distrital de Cartagena en septiembre de 2021.
Bogotá determinó que esos pagos, devengados por funcionarios y servidores al representar a una entidad pública en distintas actividades, se hicieron ajustados a la Ley y que, por tanto, no puede declarar responsables fiscales al alcalde ni a los exdirectores de Talento Humano Adelfo Doria y Martha Carvajal.
Con esa decisión se inicia el desembargo de las cuentas de los investigados.
“No se puede perseguir el resarcimiento de un daño incierto o no probado”, dijo la contralora Helena García Maya, directora de Investigación No 3 de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad, Intervención Judicial y Cobro Coactivo.
La lectura del fallo completo, favorable a Dau, Carvajal y Doria, quedó programada para el próximo 16 de mayo.
Esa exoneración de la Contraloría refuerza el discurso del mandatario cartagenero contra la clase política tradicional de Bolívar, demuestra que los entes nacionales sí investigan (aunque él diga que no) y saca a flote, otra vez, falencias en la praxis fiscal de la Contraloría Distrital.
1. Se refuerza el discurso de persecución con los entes locales
Desde que asumió como alcalde de Cartagena en 2020, Wiliam Dau ha dicho que la Contraloría Distrital funciona más como un instrumento político en su contra.
El mandatario ha señalado en reiteradas ocasiones que allí le abren procesos a los miembros de su administración para presionar contratos o burocracia.
Lo dice porque la Contraloría Distrital, tal como sucede en muchas otras oficinas municipales, departamentales y distritales del país, terminan funcionando más bajo la sombra de determinados caciques o grupos políticos.
En la de Cartagena, por ejemplo, ha tenido influencia reciente el senador liberal Lidio García.
De hecho, en una sesión del Concejo del año pasado, una pelea entre concejales sacó a flote criterios extorsivos al abrir y cerrar investigaciones en esa Contraloría, en interinidad desde 2017.
Ese año, el Consejo de Estado destituyó a Nubia Fontalvo porque fue elegida gracias a una trama corrupta, que la Corte Suprema de Justicia investiga e involucra al senador García.
A la Corte llegó una acusación de la Fiscalía, en la que García es señalado de haber participado en esa trama de acuerdos y pactos por debajo de la mesa para elegir a Fontalvo y “manejar a su antojo el poder burocrático y de control fiscal” de la Contraloría, publicó El Espectador.
Por esos antecedentes, cuando en septiembre de 2021, el entonces contralor distrital de Cartagena Fredy Quintero ordenó embargarles las cuentas a 43 exfuncionarios y funcionarios distritales, el alcalde Dau respondió negando cualquier acto de corrupción en su administración y, por el contrario, acusó a Quintero de usar su poder para presionarlo a asumir un canon mensual de arriendo.
Ese chantaje —dijo Dau en aquel momento— buscaba que la Alcaldía siguiera pagándole a la Contraloría Distrital el arriendo por el inmueble donde funciona, en la Avenida Crisanto Luque.
La Alcaldía pagó esa mensualidad hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha en la que venció un convenio interadministrativo que firmó en 2019 el entonces alcalde Pedrito Pereira con la Contraloría.
Según Dau, desde finales de 2020 —cuando estaba por vencerse ese convenio—, el contralor Quintero le mandó razones con varios de sus funcionarios, a quienes supuestamente citó para realizarles auditoría y luego prometerles desistir de la indagación si lograban que el mandatario firmara un nuevo convenio para que la Alcaldía siguiera pagando el arriendo.
Ante ese escenario de desconfianza y confrontación, Dau le pidió a la Contraloría General asumir la investigación, como en efecto ocurrió, por los gastos de representación y el supuesto detrimento patrimonial cercano a los $1.600 millones. Señalamientos que quedaron desvirtuados este martes.
2. Los entes de control nacionales sí funcionan, aunque Dau diga que no
El 19 de enero de 2022, en medio de palabras soeces en una transmisión por Facebook, el alcalde Dau acusó a los organismos de control de ser responsables de la crisis que vive Cartagena y de estar de brazos cruzados ante la corrupción.
El mandatario también invocó las “vías de hecho” si sus funcionarios eran sancionados o suspendidos, una amenaza que no era menor, porque Dau participó en algunas de las manifestaciones ciudadanas del Corredor Vial, en 2021, para rechazar el cobro de peajes en esa arteria cartagenera que comunica con la zona portuaria.
Las declaraciones de Dau generaron diversas reacciones: pese al lenguaje utilizado, algunos ciudadanos dijeron que tenía razón, mientras otros las rechazaron porque mostraban que no estaba concentrado en gobernar, sino en enarbolar la bandera anticorrupción a cualquier costo y en apelar a lo coloquial, para distraer las exigencias ciudadanas de una mayor y mejor gestión.
Ahora, con la Contraloría absolviéndolo de responsabilidad fiscal el alcalde le agradeció a ese ente por brindarle las garantías que no tuvo en la Contraloría Distrital.
El fallo absolutorio muestra cómo el alcalde suele atacar a los entes de control cuando las decisiones le son adversas y, en cambio, aplaudirlos si le son favorables.
Más allá de las reacciones impulsivas de Dau, fallos como éste de la Contraloría General muestran que los entes de control investigan y no siempre se quedan de brazos cruzados ante posibles hechos de corrupción, aunque el ritmo y las medidas adoptadas no dejen contentos todas las veces a mandatarios como él.
3. La Contraloría Distrital tiene falencias en su función fiscal
La contralora Helena García Maya dijo, durante la audiencia celebrada este martes, que las supuestas conductas irregulares no fueron probadas y, en cambio, la defensa logró demostrar que el alcalde y los directores de Talento Humano actuaron de manera diligente.
Al no encontrar prueba de “un daño al patrimonio”, la Controlaría terminó el proceso de responsabilidad fiscal y anunció la lectura de un fallo absolutorio para el próximo 16 de mayo.
Especialmente, Dau y el exdirector Adelfo Doria pudieron demostrar que corrigieron una actuación del Concejo que, desde 2011, inducía al error a las administraciones distritales.
Resulta que en 2020, Dau expidió dos decretos para determinar los salarios de los funcionarios del Distrito para 2021.
El primero, el 1618, lo firmó el 24 de diciembre. Allí estableció gastos de representación para él y los funcionarios con cargos directivos de su gobierno.
Lo hizo basándose en el artículo tres del Acuerdo 009 de 2011, que establecía tales rubros, pese a que por Constitución es el Presidente quien tiene la competencia para crear un factor salarial —y los gastos de representación lo son—.
Esa disposición del Concejo, además, inducía al error porque —según la Cartilla del Régimen del Empleado Público— a nivel local sólo pueden recibir gastos de representación los alcaldes y los gobernadores. No los secretarios ni jefes de área.
Dau le pidió al Concejo derogar el artículo tres para que ni él ni los siguientes alcaldes erraran al tasar, anualmente, los reajustes salariales.
El 30 de diciembre de 2020, a través del Acuerdo 050, el Concejo lo suprimió y Dau expidió un nuevo decreto, el 1657 del 31 de diciembre, sin incluir el concepto gastos de representación en la escala salarial de los funcionarios.
Lo que el gobierno Dau hizo fue sumar a la asignación básica esas sumas, sin sobrepasar los topes máximos establecidos por el entonces presidente Iván Duque.
Lo mismo hizo su antecesor Pedrito Pereira para no desmejorar los ingresos salariales mensuales, asunto prohibido por la ley colombiana.
En Colombia es el presidente quien debe expedir un decreto anual para determinar el techo salarial máximo de los funcionarios públicos en los distritos, municipios y departamentos de Colombia.
Y a partir de ese decreto, los concejos y asambleas dan luz verde a los gobernadores y alcaldes para realizar los reajustes.
No es la primera vez que la Contraloría General desestima los argumentos con los que la Contraloría Distrital le inicia una investigación a Dau o a sus funcionarios al no encontrar pruebas de daño al patrimonio.
El año pasado, la Contraloría General anuló y archivó otro proceso que la Contraloría Distrital le había abierto a Dau por no haber, supuestamente, ejecutado bien $1.098 millones en unos tests de Covid-19 para personas en condición de calle y sin seguro médico.
Por esa investigación, el entonces contralor Rafael Castillo Fortich le pidió, incluso, al Presidente de la República suspender a Dau.
Por petición de Dau y su abogado, en junio, el proceso pasó a Bogotá. Y tras revisar el contrato y las acciones de la Contraloría de Cartagena, la Auditoría General (que investiga a las contralorías en Colombia) encontró que la oficina de La Heroica había pedido la suspensión del alcalde basándose en “un fundamento erróneo”.
Según la Auditoría, el contrato de las pruebas Covid-19 “se cumplió a cabalidad”. Por tanto, la Contraloría cartagenera “configuró un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal” sin pruebas sólidas.