Este 1 de marzo, el Concejo Distrital de Cartagena deberá instalar su primer periodo de sesiones ordinarias de 2022. Lo hará en medio de una nueva crisis reputacional y sin dos de sus cabildantes elegidos para el actual cuatrienio 2020-2023, César Pión y Gloria Estrada, porque tienen casa por cárcel por sendos líos con la Justicia.
Ambas ausencias —Pión por prevaricato por acción al ordenar pagos irregulares a concejales y exconcejales, y Estrada por haber sido encontrada con un kilo de clorhidrato de cocaína— son el capítulo más reciente de una seguidilla de escándalos protagonizados por integrantes de esa corporación durante la última década, que la tienen como una de las peores evaluadas por los cartageneros, sin mayor legitimidad para coadministrar la capital de Bolívar y reforzando la narrativa de que a esa institución no siempre llegan los políticos más íntegros.
Justo esta semana, el Concejo había comenzado una campaña para invitar a los cartageneros a trabajar por el progreso de Cartagena y “a dejar la criticadera atrás”, pues desde el 14 de enero afronta una avalancha de cuestionamientos ciudadanos.
Ese día Gloria Estrada, quien fuera elegida su presidenta para 2022 fue capturada con cocaína y los concejales sólo se pronunciaron cuatro días después y con un mensaje de respaldo.
El lío reciente
El nuevo golpe a la moralidad pública cartagenera se conoció este miércoles 2 de febrero: la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena condenó a 48 meses de prisión por prevaricato por acción al concejal César Pión y al exconcejal Américo Mendoza, ordenó casa por cárcel para ambos, los multó a pagar 66,66 salarios mínimos legales mensuales y los inhabilitó por 80 meses para el ejercicio de funciones públicas.
Aunque contra la decisión del Tribunal es posible un recurso de casación (medida ante la Corte Suprema de Justicia para anular la sentencia), por lo pronto Pión quedará por fuera del Concejo.
Con su decisión, el Tribunal revocó una sentencia, proferida el 21 de abril de 2021 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena. En ella, Pión y Mendoza quedaban absueltos por haber suscrito 35 resoluciones de pago por $7.200 millones. Ese monto equivalía a reajustes por honorarios a concejales y exconcejales, que participaron en sesiones celebradas entre 2001 y 2009.
Las resoluciones de pago, firmadas por Pión y Mendoza en calidad de entonces presidente Ad-Hoc del Concejo y segundo vicepresidente, respectivamente, no contaban con el certificado de disponibilidad presupuestal que legitimara dichos recursos, pero terminarían impactando el presupuesto de Cartagena de 2012, se lee del fallo del Tribunal.
Dichas resoluciones, a la fecha, no han sido pagadas por la Tesorería de la Alcaldía.
Para el Tribunal hay “culpabilidad” porque los acusados tenían “para la época de los hechos” suficiente madurez, nivel académico y bagaje para evitar incurrir en un error “tan elemental”, como desconocer la necesidad de contar con un certificado de disponibilidad presupuestal.
Mendoza y Pión “defraudaron las expectativas sociales que recayeron sobre ellos como servidores públicos”, dado que les era exigible “un comportamiento diferente, orientado a salvaguardar bajo toda consideración el principio de legalidad del gasto público”, dijo el Tribunal.
En el caso de Pión, la Fiscalía incluso demostró que se trata de un “político recorrido”: fue diputado en la Asamblea de Bolívar, concejal de Magangué y director del Dadis.
Pión es uno de los concejales con más experiencia de Cartagena. Está avalado por el Partido de La U y debe su músculo político a los García, una de las casas electorales más tradicionales y clientelistas de esta capital, fundada por el fallecido Juancho García (condenado por corrupción).
Justamente que en esa corporación estén los representantes de las maquinarias políticas de Bolívar, y que en distintos periodos varios de sus miembros hubiesen incurrido en abusos de poder y coimas, tienen al Concejo cartagenero en la lona.
Alta desaprobación ciudadana
Según la más reciente encuesta virtual de Cartagena Cómo Vamos, la mala imagen que los cartageneros tienen del Concejo es alta: casi ocho de cada 10 encuestados dijeron no aprobar a esa corporación y calificaron su gestión “como mala”.
Esa mala calificación ha sido una constante los últimos años. Desde 2008, que Cartagena Cómo Vamos mide la percepción ciudadana sobre las instituciones en Cartagena, el Concejo ha marcado menos del 50% en favorabilidad (los niveles oscilaron entre el 37% y el 49%). Desde 2015, este indicador ha tenido un descenso sostenido.
En la encuesta de percepción ciudadana de 2019, por ejemplo, el 69% dijo tener una imagen desfavorable del Concejo, el 54% calificó su gestión como mala y el 33%, regular. Solo el 13% consideró que los concejales estaban haciendo una buena gestión.
Situación similar ocurrió en 2018, cuando el 80% calificó como desfavorable la imagen de esa corporación, justo tras uno de sus más sonados escándalos de corrupción.
Contratos y puestos por votos
El cuatrienio pasado (2016-2019), 11 concejales de Cartagena fueron señalados de formar parte de una trama corrupta para elegir en 2016 a la contralora Nubia Fontalvo, entre ellos estuvo Américo Elías Mendoza Quessep, condenado, esta semana, por el Tribunal junto a Pión.
Según la Fiscalía, el elegido alcalde Manuel Vicente Duque y su mano derecha José Julián Vásquez pusieron a andar un plan para comprar los votos de los concejales a favor de la elección de Fontalvo, cercana a ambos.
Los concejales recibirían a cambio cargos y contratos, tanto en la Contraloría Distrital como en el Gobierno Distrital, informó en 2017 la Fiscalía, como parte de una primera fase de la investigación que terminó con Duque, Vásquez, Fontalvo y el entonces concejal Jorge Useche capturados. Ese mismo año fue detenida otra concejal.
Después, en 2018 un juez les dio casa por cárcel a ocho concejales más y a otro le prohibió su ingreso al Concejo.
“A partir de más de 400 horas de interceptaciones telefónicas, el ente acusador detectó una presunta red de corrupción y tráfico de influencias que se desplegó a nivel distrital”, informó la Fiscalía.
Con los 11 concejales en líos judiciales, el Concejo tuvo problemas durante parte del cuatrienio pasado (2016-2019) para ejercer sus funciones de control político y aprobación de proyectos de acuerdo. En 2019, varios de ellos regresaron a la Corporación tras haber recuperado su libertad por vencimiento de términos.
En 2020, por la posible elección irregular de la contralora, la Procuraduría les formuló pliego de cargos a 13 de ellos.
Hace casi 20 años también hubo otro lío por corrupción. En 2008, la Procuraduría destituyó a Adolfo Raad Hernández, quien fuera presidente del Concejo entre 2003 y 2004, por haber pagado unas indemnizaciones a empleados de esa corporación por cesantías tardías, pese a que el derecho a dichos reclamos estaba prescrito y no había lugar a pago alguno.
Para la Procuraduría, el entonces presidente del Concejo desconoció las recomendaciones de no pago dadas por la Oficina Jurídica de esa corporación.
A toda esta estela de irregularidades, el Concejo de Cartagena suma ahora dos nuevas sombras, ad portas de iniciar sesiones este 2022: una por narcotráfico, pues quien fuera elegida su presidenta para este año tiene casa por cárcel por transportar un kilo de cocaína, y otra por corrupción, debido a que uno de sus miembros más longevos ha sido condenado por prevaricato. Sombras que ahondan la crisis de confianza ciudadana en las instituciones cartageneras.