Los embargos que la Contraloría Distrital de Cartagena inició la semana pasada a las cuentas bancarias de 43 exfuncionarios y funcionarios, incluido el alcalde William Dau, desataron una nueva tormenta política en esta capital.
Según el contralor Fredy Quintero, hubo pago irregular de gastos de representación, durante 2020, mientras que Dau negó cualquier acto de corrupción en su administración y, por el contrario, acusó a Quintero de usar su poder para presionarlo a asumir un canon mensual de arriendo, que la Alcaldía dejó de pagar en diciembre y desde enero la Contraloría Distrital tiene a su cargo.
Esta confrontación es el capítulo más reciente de la pugna que desde el año pasado protagonizan Dau y el contralor distrital, a quien el mandatario ha acusado de corrupción en reiteradas ocasiones.
Los embargos y los gastos de representación
El viernes se filtró una orden de la Contraloría Distrital a los distintos bancos donde los funcionarios y exfuncionarios del primer año de gobierno de William Dau tienen sus cuentas.
Con esa filtración, Cartagena supo que el órgano de control investiga al mandatario y a 42 personas más por posible detrimento patrimonial por cerca de $1.600 millones, correspondientes a supuestos gastos de representación pagados en 2020.
La Contraloría Distrital impuso los montos más altos de embargo a las cuentas del alcalde y de dos exdirectores de Talento Humano de la Alcaldía, por supuestamente haber autorizado esos pagos a funcionarios del gabinete distrital con cargos directivos.
Los embargos se dan en el marco de una investigación, abierta tras una denuncia presentada ante la Contraloría Distrital en diciembre de 2020.
La Contraloría explicó que los dineros embargados irán a un depósito judicial a su nombre, como medida preventiva, mientras corrobora si hubo detrimento patrimonial. De haberlo, ese dinero irá a las cuentas del Distrito. De lo contrario, regresará a las cuentas de los involucrados.
El alcalde William Dau negó pagos irregulares durante su primer año de gobierno porque las asignaciones salariales —dijo— se ajustaron a los topes establecidos por el presidente Iván Duque para 2020, a través del Decreto 314 de febrero de ese año.
Dau negó haber pagado gastos de representación. Esos gastos son aquellos que un funcionario devenga por representar a una entidad pública en distintas actividades, como conferencias, recepciones, atención a visitas o asuntos promocionales, propios de su cargo público.
Según la Cartilla del Régimen del Empleado Público, estos se asignan como complemento de salario al Jefe de Estado, Ministros, otras altas autoridades nacionales, diplomáticos y los que desempeñen determinadas comisiones en el país o en el exterior.
A nivel local sólo pueden recibirlos el alcalde y el gobernador, según disposición del Gobierno Nacional. Por ello, el presidente debe expedir un decreto anualmente para determinar cuál es el techo salarial máximo que pueden recibir los funcionarios públicos de los distritos, municipios y departamentos de Colombia.
Tan pronto el presidente determina el tope salarial, le corresponde a concejos y asambleas dar luz verde a gobernadores y alcaldes para realizar los respectivos reajustes salariales de los funcionarios de sus administraciones.
En 2020, Dau expidió dos decretos. El primero, el 1618, lo firmó el 24 de diciembre. Allí estableció gastos de representación para él y los funcionarios con cargos directivos de su gobierno. Lo hizo basándose en el artículo tres del Acuerdo 009 de 2011, que establecía tales rubros.
Pese a que por Constitución es el Presidente quien tiene la competencia para crear un factor salarial —y los gastos de representación lo son—, el Concejo de Cartagena estableció el pago de dichos rubros hace una década.
Dau le pidió al Concejo derogar dicho artículo para que ni él ni los siguientes alcaldes incurrieran en un posible error al tasar los reajustes salariales (la tabla de 2021 ya no incluye esos valores).
El 30 de diciembre de 2020, a través del Acuerdo 050, el Concejo los suprimió y Dau expidió un nuevo decreto, el 1657 del 31 de diciembre, sin incluir dichos valores en la escala salarial de los funcionarios para 2020.
Lo que el gobierno Dau hizo fue sumar a la asignación básica los gastos de representación, sin sobrepasar los topes máximos establecidos por el presidente Duque. Lo mismo hizo su antecesor Pedrito Pereira para no desmejorar los ingresos salariales mensuales, asunto prohibido por la ley colombiana.
Pereira, al igual que Dau, eliminó el concepto de gastos de representación en la definición de la escala salarial, pero sin reducirles el valor mensual de ingresos a los funcionarios ni exceder los topes establecidos en 2019 por la Presidencia. Es decir, integró esos valores al considerarlos parte del salario, movimiento legal.
Dau denuncia chantaje; Quintero se defiende
Aunque desde el viernes había guardado silencio sobre los embargos de la Contraloría, este lunes el alcalde Dau señaló, en entrevista con W Radio, que detrás de esa medida hay una persecución política y un chantaje del contralor Quintero.
Ese chantaje, según Dau, busca que la Alcaldía siga pagándole a la Contraloría Distrital el canon mensual de arriendo por el inmueble donde funciona, en la Avenida Crisanto Luque.
La Alcaldía pagó esa mensualidad hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha en la que venció un convenio interadministrativo que firmó en 2019 el entonces alcalde Pedrito Pereira con la Contraloría.
En 2019, la Alcaldía pagó $105.750.000 mensuales en arriendo (entre septiembre y diciembre, con inmobiliario incluido por cambio de sede de la Contraloría) y el año pasado, por el impacto del Covid-19, el canon bajó a $45.000.000 mensuales.
Desde el 1 de enero pasado, la Contraloría Distrital ha pagado el alquiler con los recursos que por ley la Alcaldía le asignó para su funcionamiento y operación este 2021. Este año la Contraloría paga $25.000.000 mensuales por ese arriendo.
Según Dau, desde finales de 2020 —cuando estaba por vencerse el convenio entre la Alcaldía y la Contraloría, firmado por Pereira—, el contralor Quintero le ha mandado razones con varios de sus funcionarios, a quienes supuestamente ha citado para realizarles auditoría y luego prometerles desistir de la indagación si logran que el mandatario firme un nuevo convenio para que así la Alcaldía retome el pago del arriendo.
“Esto es un desquite político. (…) A quien era el año pasado secretaria general la suspendió y le dijo: ‘para quitarte la suspensión y volver al cargo tienes que convencer a Dau de que me pague el contrato de arriendo’. Hizo lo mismo con el director de apoyo logístico y ya le abrió dos investigaciones”, dijo Dau en W Radio.
El contralor Quintero también habló en ese medio de comunicación y negó estar presionando, a través de la investigación por los gastos de representación, el canon mensual de arriendo. Sin embargo, señaló que por dicho pago mensual, ahora a cargo de la Contraloría, esa entidad no ha podido hacerles reajuste salarial a sus funcionarios este año.
Consultada por La Contratopedia, una fuente experta en derecho administrativo nos dijo que no es obligación de la Alcaldía asumir ese pago mensual porque ninguna norma así lo establece. Ese costo —explicó— debe estar incluido en los gastos de funcionamiento de la Contraloría.
Justo por no ser una obligación, hasta el año pasado la Alcaldía le pagaba el arriendo mensual a la Contraloría Distrital vía convenio interadministrativo, que es la única forma que tiene el Distrito de justificar ese gasto, adicional al giro que sí está obligado a hacer para que ese ente de control funcione.
También debe asignarles recursos a la Personería y al Concejo. Dichos recursos forman parte del Presupuesto General del Distrito, avalado el último mes de cada año por el Concejo.
Por lo pronto, los 43 embargos siguen vigentes y es incierto cuánto tiempo le tomará a la Contraloría determinar si hubo detrimento patrimonial o no. Mientras tanto, la confrontación entre el alcalde y el contralor distrital arrecia: “la pelea es peleando”, retó Dau a Quintero.