Las gobernaciones y alcaldías capitales del Caribe han invertido unos $92.805 millones en mercados para los ciudadanos más vulnerables, en medio de la emergencia sanitaria que vive Colombia desde mediados de marzo por la pandemia de Covid-19.
Los contratos de alimentos que los mandatarios de Atlántico, Cesar y Sincelejo firmaron ya son investigados por la Contraloría y la Procuraduría por posibles sobrecostos. De hecho, en rueda de prensa, celebrada el pasado 21 de mayo, la Fiscalía anunció la imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra 10 alcaldes en todo el país y citación a interrogatorio, en calidad de indiciados, a otros tres alcaldes y a tres gobernadores.
Entre los alcaldes del Caribe imputados están los de los municipios de Malambo (Atlántico), Cereté (Córdoba) y Coveñas (Sucre). Y entre los citados, el de Sincelejo.
Las dudas que despiertan los precios de algunos productos de la canasta familiar en esos contratos han dibujado una sombra de corrupción sobre la atención humanitaria a los más necesitados, justamente en una región con la cuarta parte de su población en situación de pobreza y que no tiene la comida garantizada durante la cuarentena porque vive del rebusque diario.
En el Caribe, la inversión en mercados se ha hecho a través de contratos directos, firmados por alcaldías y gobernaciones, o por giros de recursos de los gobernadores a las administraciones municipales, como ocurrió en Bolívar, Sucre y Córdoba.
La Contratopedia le sigue el rastro a esos contratos y a sus contratistas.
