Mercados cotizados por empresas de dueños relacionados entre sí, sin experiencia en el comercio de alimentos, sin inscripción en el Registro Único de Proponentes y con millonarios ingresos gracias al coronavirus, son algunos de los patrones de los 37 contratos adjudicados, durante el último mes, por la administración de Luis Alberto Monsalvo Gnecco en el Cesar en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19.
Esos 37 contratos, que suman $16.029 millones, son investigados por la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría por presuntos sobrecostos y dudas sobre la idoneidad de las firmas seleccionadas por la Gobernación del Cesar. De hecho, la Procuraduría ya le abrió a Monsalvo Gnecco una indagación preliminar y la Fiscalía le inició seis indagaciones preliminares más ante la Corte Suprema de Justicia.
Hasta ahora el foco mediático ha estado centrado en los presuntos sobrecostos de esas 37 negociaciones y poco se ha contado sobre los contratistas detrás. La Contratopedia Caribe les puso la lupa a esos privados, revisando sus datos en los registros Único Empresarial (RUE) y Único de Proponentes (RUP) y sus contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).
37 contratos, 33 contratistas
Dieciséis personas naturales comerciantes, nueve firmas regionales, cuatro fundaciones sin ánimo de lucro y cuatro compañías reconocidas a nivel nacional conforman el grupo de 33 contratistas seleccionados de manera directa por la Gobernación del Cesar en medio de la declaratoria de calamidad pública por coronavirus.
Quiénes son
Descargue la base de datos con las biografías de cada uno de los 33 contratistas.
Empresas novatas en lo público
Catorce de los 37 contratos suman $5.819 millones y fueron adjudicados por la administración de Monsalvo Gnecco a 13 privados que se estrenan como contratistas gracias a los 47.900 mercados, las 25.008 unidades de aceite, las 5.400 libras de café y las 14.000 libras de frijol que les compró.
De ese grupo de firmas que nunca antes habían contratado con entidades públicas, Credimercar CD SAS, que reporta un solo empleado y que no estaba inscrita en el RUP cuando le fue adjudicado el contrato, recibió el monto más millonario: $2.202.840.000; le sigue Merchans Group SAS Zomac, creada en enero de este 2020, con dos contratos que suman $924.180.000, y la tercera empresa de ese grupo de contratistas novatos es Surtiproductos Linero con $544.380.000
Cotizaciones con empresas familiares
Aunque la declaratoria de urgencia manifiesta les permite a los mandatarios contratar de forma directa y sin estudios de mercados, en medio de la crisis por esta pandemia las cotizaciones son un instrumento con el que las entidades territoriales cuentan para conocer cómo se mueve el mercado y estimar el valor de los contratos a adjudicar. La publicación de diferentes cotizaciones, además, le da mayor transparencia a los procesos, tal como lo ha recomendado la Procuraduría.
Las cotizaciones de tres contratos, que suman $4.047 millones, las presentaron contratistas aliados entre sí o incluso empresas distintas, pero de propiedad de un mismo grupo familiar.
El primer contrato con esas características es el más millonario que la Gobernación le adjudicó por $2.202 millones a la firma Credimercar CD SAS, representada legalmente por Carlos Humberto Jaimes Rodríguez, para la compra de 17.400 mercados. Además de las cotizaciones de esa firma, la Gobernación recibió cotizaciones de Pio-Carnes, una tienda guajira, y de Mercar Express, propiedad de Luzdary Jaimes Rodríguez. Ella es hermana de Carlos Jaimes Rodríguez.
Credimercar SAS, además de estrenarse en la contratación pública con este millonario contrato de mercados, se inscribió en el RUP apenas este 8 de mayo, más de un mes después de cerrar la negociación con la administración de Monsalvo Gnecco.
Las cotizaciones de empresas familiares se repitieron en un segundo contrato. Por $1.350 millones, la Gobernación le compró a Inversiones Merk Jagua SAS mercados, cuyo número ni lugar de entrega se detallan en la documentación publicada en el Secop.
Además de la cotización de esa firma ganadora, representada por Jairo Alfonso Lobo Calvo, la Gobernación recibió los precios de Mercaplaza, de la que no hay información en el RUES, y de Arjaes SAS, representada por Jairo Luis Lobo Rincón y Luis Miguel Lobo Calvo. Lobo Rincón es además el papá de Lobo Calvo y el representante legal suplente de Inversiones Merk Jagua SAS.
Los Lobo son una familia política del municipio de La Jagua de Ibirico que han tenido poder en ese pueblo a través de Didier Lobo Chinchilla, actual senador de Cambio Radical y exalcalde y exconcejal de ese municipio. En las pasadas regionales esa familia tuvo a Jairo Alfonso Lobo Calvo, el representante de Inversiones Merk Jagua, de aspirante al Concejo de Valledupar. En esa contienda respaldaron al actual gobernador Luis Alberto Monsalvo, como contó La Silla Vacía.
Este contrato por $1.350 millones es el primero que le adjudica la Gobernación del Cesar a la firma Inversiones Merk Jagua, desde la creación de esa empresa en 2010, con lo que la convierte en una de los grandes contratista del Covid-19 en el Cesar. Hasta antes de esta contratación, esa firma reportaba en el Secop seis contratos por $511.454.249: cuatro con la Alcaldía de La Jagua y dos con el Hospital Local de esa población.
Y el tercer negocio con familiares detrás es la compra de 3.900 paquetes de alimentos por $493.740.000. La Gobernación recibió ofertas de Autoservicio Mercadiario La Jagua, Supermercados de Oriente ALH y Distribuciones Hernandez. El contrato lo obtuvo Jairo Alexander Zuluaga Zuluaga, dueño de Supermercados de Oriente ALH, y hermano de Gabriel Reinaldo Zuluaga Zuluaga propietario del Autoservicio Mercadiario La Jagua. De Distribuciones Hernán Ramírez no se encuentran datos en el RUES.
Cotizaciones sin papeles en regla
En otros dos contratos, firmados con Jaime Rangel Toscano, por $291.180.000 para la compra de 2.300 mercados, y con Cristian Jaimes Ardila, por $28.100.000 para adquirir 300 cajas de panela, la administración Monsalvo Gnecco justifica la selección de esos contratistas incluyendo en esos procesos cotizaciones de empresas que no figuran en el RUES, como es el caso de Tienda Ichaponcho, o con la matrícula mercantil cancelada, como Panela la Dulcesita.
Procesos sin cotizaciones publicadas
En 15 de los 37 contratos, la Gobernación del Cesar no publicó las cotizaciones en las que basó esos negocios, por lo que no es posible conocer si las propuestas seleccionadas, en efecto, fueron las mejores. Según la administración Monsalvo Gnecco, dichas contrataciones, celebradas por $4.483 millones, se celebraron con las firmas seleccionadas porque presentaron las mejores ofertas.
Mercados con empresas que no venden alimentos
Siete de los contratistas no tienen como principal actividad económica ninguna relación con el objeto de los contratos, aunque la Gobernación del Cesar estableció que las firmas seleccionadas tuvieran como parte de su objeto social “los bienes y servicios requeridos”, en este caso, el comercio de alimentos o el suministro de bonos o tarjetas canjeables por mercados.
Esto quiere decir que siete firmas se ganaron $4.357 millones en contratos de mercados sin dedicarse a la compra y venta de alimentos.
Cuatro de esos siete contratistas, las fundaciones Abiezer del Cesar, Por un vivir mejor, Visión Caribe y Fundación Para el Desarrollo de Social de los Colombianos, han sido cuestionadas por la Procuraduría, porque sus sedes se encuentran desocupadas o funcionan en casas de familia, una “situación que genera dudas respecto a la capacidad de estos proveedores para ejecutar los negocios jurídicos”, detalló el ente de control en un comunicado. La Gobernación del Cesar les pagó $2.645 millones a esas organizaciones sin ánimo de lucro por 20.900 kits de mercados.
Las otras tres empresas, cuyos contratos suman $1.711 millones, tienen dentro de sus objetos actividades diversas.
Coinstor SAS, de Bucaramanga, tienen como actividad comercial la construcción de edificios residenciales y otras obras de ingeniería y la fabricación de colchones, soportes de colchones, calzado, bolsos y otros productos en cuero sintético, comercio de libros, revistas y elementos de oficina; y la empresa cesarense Merchans Group SAS Zomac, a la que Monsalvo Gnecco le adjudicó dos contratos por $924.180.000, se dedica a la construcción de proyectos de servicio público, instalaciones eléctricas, silvicultura y otras actividades forestales.
La firma Cristian Jaimes Ardila, de Ocaña, Norte de Santander, a la que contrataron por $28.100.000 para el suministro de 300 cajas de panela para incluirlas en los mercados, tiene como actividad el expendio de comidas preparadas en cafeterías. El contrato le fue adjudicado a pesar de tener vencida su matrícula mercantil, que no ha renovado desde 2016.
Covid-19, un negocio
Pese a la crisis económica generada por el Covid-19, que tiene a centenares de firmas despidiendo a sus trabajadores y cerrando sus puertas, para muchos privados la pandemia se ha vuelto un salvavidas, pues han obtenido millonarios contratos públicos para la venta de mercados e insumos sanitarios y asesorías para enfrentar la emergencia sanitaria.
De los 33 contratistas de mercados en el Cesar, nueve recibieron más de un contrato público relacionado con la pandemia, que no solo les entregó la Gobernación del Cesar. También firmaron con distintas entidades territoriales como la Gobernación de Santander y las alcaldías de Valledupar, El Copey, San Alberto, El Paso, Pueblo Bello, Astrea, Río de Oro y Pelaya, en el Cesar; Soacha, en Cundinamarca; Yumbo, en Valle del Cauca; y La Dorada, en Caldas.
Estas son las cinco empresas que más dinero han recibido en contratos por la pandemia.
Este gráfico muestra cuánto representan en la contratación estatal de estas empresas los negocios por Covid-19, que firmaron entre marzo y abril de este año, según registros del Secop.