Desde que la Gobernación del Atlántico comenzó a entregar mercados, no han faltado las críticas por las características de los kits entregados. /Foto: Ofiprensa Gobernación del Atlántico

Los cambios en el contrato de mercados del Atlántico tras avalancha de críticas

A través de dos otrosíes, la administración de Elsa Noguera modificó las condiciones de la millonaria compra de 420.000 paquetes de alimentos. Lo hizo después de los ruidos que el negocio inicial generó y tras un anuncio de investigación.

Después de la investigación anunciada por la Procuraduría, el pasado 8 de abril, y ante la lluvia de críticas en redes sociales, la administración de Elsa Noguera en Atlántico modificó las condiciones de contratación de los 420.000 mercados que entrega, desde finales de marzo, a las familias más pobres de los municipios por la crisis sanitaria del coronavirus. 

Con dos otrosíes, firmados el 8 y el 14 de abril, respectivamente, la Gobernación del Atlántico modificó el valor total de la compra y los tipos de ayudas entregadas. Unos cambios que se dan en medio de las renegociaciones de los mercados contratados por distintas gobernaciones y alcaldías en el país para corregir posibles sobrecostos o condiciones dudosas, dijo en abril en Caracol Radio el contralor general Carlos Felipe Córdoba.

La Gobernación del Atlántico, además, publicó los precios unitarios de cada uno de los alimentos, que no habían sido incluidos en el contrato inicial. La omisión de esos datos generó dudas entre cientos de ciudadanos, quienes en redes sociales no han parado de cuestionar el tamaño de los mercados entregados a las familias en los municipios ni han dejado de hablar de sobrecostos.

Esas modificaciones, sin embargo, no detuvieron a los organismos de control. El pasado 21 de mayo, la Contraloría dijo que indagaba preliminarmente ese contrato por presuntos sobrecostos y “posibles irregularidades en la entrega completa de los kits”. De lo que esa entidad encuentre dependerá si inicia o no un proceso de responsabilidad fiscal, mientras que ese mismo día la Procuraduría anunció la apertura de investigación disciplinaria a Raúl José Lacouture Daza, secretario General de esa Gobernación y responsable de dicha contratación.

La oleada de cuestionamientos obligó a Elsa Noguera a publicar el Domingo de Resurrección un video en Twitter, explicando el precio de las ayudas y negando la existencia de sobrecostos. También la llevó a dar entrevistas a medios nacionales, como W Radio, donde defendió los valores nutricionales de los paquetes entregados.

Una rendición de cuentas sobre la contratación pública que no es usual en su estilo de gobierno ni en el de su grupo político, que lleva 12 años manejando la Alcaldía de Barranquilla y que en el cuatrienio anterior tuvo, además, participación en la Gobernación.

Noguera aclaró que cerca del 80% del valor de cada kit contratado obedece al pago de alimentos y el resto a la logística, es decir, al empaque, bodegaje y transporte hasta la casa de los beneficiarios, unas 210.000 familias que los reciben en dos entregas.

También detalló el número de mercados entregados hasta ese momento, los trabajadores y empleados públicos implicados y hasta los kilómetros recorridos, para justificar los costos logísticos de lo que calificó como “un gran operativo” montado en apenas 20 días. 

Los viejos y nuevos mercados

El 26 de marzo, Raúl Lacouture Daza, secretario general de la Gobernación del Atlántico, firmó con Trading Group International SAS la compra de 420.000 mercados  por $19.319 millones, dos semanas después de que la gobernadora Noguera declaró la emergencia sanitaria en el Atlántico, que le permite contratar de manera directa, sin tener que licitar. 

Inicialmente ese contrato, establecía dos tipos de mercados o kits de asistencia humanitaria, compuestos por cinco ó seis ítems de la canasta básica familiar: el primero costaba $45.627 y el segundo, $46.156, valores que incluían los productos, el empaque, la bodega y la logística de entrega.

Ambas opciones eran muy parecidas: cada una incluía aceite, pasta, arroz, granos y jabones de aseo personal. La diferencia de precio estaba en el atún, pues un kit contenía dos latas de 175 gramos, cada una, en vez de dos bolsas de lentejas o fríjoles.


Con la firma de dos otrosíes, el contrato inicial tuvo cuatro cambios: tres quedaron plasmados en un primer documento, firmado el 8 de abril y publicado en el Secop cinco días después. Dichos cambios fueron autorizados el 31 de marzo por el secretario general Raúl Lacouture, pero solo se vieron reflejados una semana después en los documentos de contratación por cuenta del confinamiento vigente, se lee de ese documento. La cuarta modificación está en el segundo otrosí, firmado el 14 de abril y divulgado el 16 del mismo mes.

El primer cambio de la compra es su valor total: disminuyó en $10.763.374 y pasó de costar $19.319 millones a $19.308 millones.

El segundo cambio es la cláusula de pago al contratista. El anticipo del 40.02% quedó en $7.727 millones y lo recibió el contratista al día siguiente de la firma; un segundo pago por $7.727 millones más, 10 días después de la firma, y un último pago por $3.853 millones está por desembolsarse tras la liquidación del contrato.

El tercer cambio son los tipos de mercados, que pasaron de dos a siete porque, según se lee en el primer otrosí, la cuarentena generó desabastecimiento de algunos de los productos inicialmente contratados. Es así como los siete kits tienen en común aceite, arroz y granos, pero se diferencian entre sí por las latas de atún en lomito o rallado, la harina precocida de maíz, los paquetes de pasta y los jabones.


A pesar de las modificaciones introducidas a los paquetes de asistencia humanitaria, estos difieren de los mercados con 13 alimentos, establecidos por el Gobierno Nacional para atender emergencias sanitarias en Colombia y calculados con base en las necesidades nutricionales de una familia de cinco integrantes.  

Esta cláusula también incluye los valores unitarios de cada producto de los kits, con sus respectivos valores finales con IVA. Con estos datos es posible conocer cuánto pagó la Gobernación por cada botella de aceite, libra de pasta o kilo de arroz. Información que no se conocía desde la firma inicial porque el primer contrato sólo mencionaba, a través de dos tablas, los tipos y cantidad de productos de cada kit. Esa omisión en compras de este tipo es una de las conductas que la Contraloría y la Procuraduría calificaron como inadmisibles, en un comunicado conjunto divulgado el pasado 8 de abril.


La cuarta modificación del contrato quedó plasmada en el segundo otrosí. En ese documento, se especifica que el atún en lata entregado no es de 175 gramos, como había quedado detallado en el primer otrosí, sino de 170 gramos cada uno. Los valores de esos kits no cambiaron.

El contrato, con sus dos otrosíes, son los únicos soportes publicados en el Sistema de Contratación Pública (SECOP), pese a que la Contraloría advirtió sobre la necesidad de publicar los procesos completos, acompañados de la declaratoria de emergencia y las ofertas económicas presentadas por los contratistas convocados.

El transporte

Otra de las críticas que suscitó la contratación de los alimentos en Atlántico, cuando no se conocían los valores detallados de los productos de cada mercado, fue que se incluyeran costos de logística en ese negocio, pues ya había un segundo contrato destinado exclusivamente para tal fin. 

Frente a esta confusión, varios ciudadanos estimaron por cuenta propia el costo de los productos y, por la diferencia entre esta suma y el valor total de los kits, concluyeron que existían sobrecostos.

Solo dos semanas después de la publicación del contrato con Trading Group y de la avalancha de críticas, fue posible conocer los costos logísticos, pues la Gobernación los detalló junto a los precios unitarios de los alimentos en un otrosí. En ese documento quedó establecido que a cada kit le suman $7.791 para “empaque, bodegaje y logística de entrega a borde de camión”.

Esa suma duplica la entrega de cada kit puerta a puerta, cuyo costo es de $3.280 por mercado, según se lee en otro contrato que el secretario general Raúl Lacouture suscribió el 26 de marzo con la empresa Tri Fit SA, por $1.377.600.000.

Ese contrato tiene por objeto la prestación de servicios de transporte de carga para el traslado de los kits a los diferentes municipios, corregimientos y veredas del Atlántico. Según el documento, este contrato incluye la recogida de los alimentos en una bodega ubicada en el sector Barranquillita (donde el contratista Trading Group International SAS almacena los 420.000 mercados), el personal para cargar y descargar los vehículos, el personal para transportar los kits y los vehículos de entrega. 

Los contratistas

El contratista de los 420.000 mercados es Trading Group International SAS, una empresa barranquillera, matriculada en la Cámara de Comercio desde 2009 y con sedes en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura y Bogotá. Reporta 84 empleados. 

Trading Group es un integrador logístico, dedicado al almacenamiento y depósito, que realiza a través de ocho empresas, especializadas en la agencia de aduanas, operación portuaria, servicios de zonas francas, bodegaje y transporte terrestre y fluvial. 

Su representante legal es Monica Liliana Agudelo Vallejo y su representante suplente es Carlos Jaramillo Agudelo, quien firmó el contrato con la Gobernación.

Inscrita en el Registro Único de Proponentes desde 2018, esta empresa ha contratado con la Alcaldía de Barranquilla bajo la administración de Alejandro Char, del mismo grupo político de Elsa Noguera. En 2019 la Alcaldía le alquiló por $129.000.000 un bien inmueble, durante tres meses, para el funcionamiento de unas dependencias distritales.

Este contrato fue firmado por Ana María Aljure, secretaria general de la Alcaldía en ese momento. 

Tri Fit SA, el contratista del transporte, es una empresa caleña registrada en la Cámara de Comercio desde 1992, con 320 empleados. 

Su representante legal es Juan Fernando Mejía Pérez. Se dedica al transporte de carga por carretera y al almacenamiento y depósito.

También ha sido contratista de la Alcaldía de Palmira, en Valle, y de la Cámara de Comercio de Cali.

 

[Nota de la editora] Esta historia publicada el 17 de abril de 2020 fue actualizada con los anuncios de indagaciones e investigaciones realizados por la Procuraduría y la Contraloría, el pasado 21 de mayo, a través de una rueda de prensa virtual.

3 respuestas a “Los cambios en el contrato de mercados del Atlántico tras avalancha de críticas

  • Afortunadamente la CGR no le tiene miedo a ese clan corrupto de char. Y ojala el hambre no esconda la verdad de como esa señora maneja la gobernacion del atlantico.

  • La corrupción No para, muy a pesar de situación tan penosa por la que está pasando el pueblo en general, no hay conciencia en los corazones de los políticos, que siempre aprovechan estas situaciones para sacar provecho en su favor. Inconcientes, bandidos y Ratas de alcantarilla.

  • Excelente trabajo, hay insumos que pueden ser tomados por los órganos de control para determinar las irregularidades que se pudieron cometer aquí. Felicitaciones profesora Velásquez.

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