Este 2020 que está por terminar, William Dau no sólo afrontó su primer año como alcalde de Cartagena sino que tuvo que enfrentar la pandemia por Covid-19, todo un desafío mayúsculo en contratación pública para mitigar el impacto del virus.
Dau tuvo el reto de ser consecuente con su discurso anticorrupción, el mismo que se volvió la bandera de su proyecto político y lo puso en el Palacio de La Aduana, después de derrotar a las casas políticas tradicionales de Cartagena en octubre de 2019.
Entre las primeras pruebas de fuego que enfrentó como alcalde estuvieron las adjudicaciones de tres contratos por $81.605 millones para seleccionar a los operadores de:
- El Plan de Alimentación Escolar (PAE).
- La vigilancia escolar y de parte de las oficinas distritales.
- El aseo en las escuelas públicas y de oficinas administrativas.
El gobierno Dau le apostó a contratar parte de esos megacontratos a través de la Bolsa Mercantil y no de la Unidad Asesora de Contratación de la Alcaldía, como parte de una estrategia para intentar blindar la plata pública de contratistas cuestionados.
El PAE
El proceso de selección del operador del PAE terminó siendo accidentado porque hubo dos intentos fallidos para escoger al comisionista que representaría al Distrito en la negociación en la Bolsa Mercantil y la selección, por tanto, se prolongó varias semana más de las prometidas por la Secretaría General.
El PAE se negoció en abril por $19.990 millones, $2.468 millones menos que el valor presupuestado por la administración de William Dau para dicha transacción. La selección del operador se dio en una puja en la que participaron tres firmas más y en la que el Distrito estuvo representado por el comisionista Miguel Quijano y Cia SAS.
El operador escogido fue la Unión Temporal Alimentación Escolar Cartagena, integrada por tres empresas. Algunos de ellas han tenido quejas o líos por otros contratos en otras regiones:
Una de ellas tuvo problemas en 2019 entregando alimentos en las escuelas del Cesar.
En 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló a uno de los accionistas de una de las empresas miembro de la unión temporal de hacer parte de un cartel que acomodó licitaciones por $1.5 billones en Bogotá, durante una década.
Aunque esas quejas y el señalamiento de la Super no inhabilitaba a la unión temporal para ganarse el PAE a través de la Bolsa Mercantil, esa selección no terminó blindando de ruidos al operador de la alimentación escolar como lo quería Dau.
La vigilancia escolar
Otro proceso clave de este año fue la selección, en abril pasado, del operador de la vigilancia escolar y de las oficinas del Distrito, también a través de la Bolsa Mercantil.
La firma seleccionada fue la bogotana Starcoop Cooperativa de Vigilancia. La negociación se hizo por $20.222 millones, $265 millones menos de lo presupuestado por la administración de William Dau para dicho proceso.
A ese privado la Superintendencia de Industria y Comercio lo sancionó en 2017 por cartelización. Esa sanción, ratificada en 2018, no lo inhabilitó y por tanto ha podido seguir participando en procesos de contratación pública como este que se ganó en Cartagena.
El aseo escolar
Las empresas Brillaseo SAS, de Cali, y Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales SAS, de Bogotá, son desde el pasado 6 de marzo los nuevos operadores del servicio de aseo en las escuelas públicas y oficinas administrativas del Distrito, respectivamente. Resultaron seleccionadas en dos contrataciones celebradas por la Alcaldía de Cartagena, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por $5.385 millones.
Esa plataforma les permite a las entidades estatales adquirir a buenos precios y en poco tiempo los bienes, obras y servicios que necesiten. Contratando a través de ella, el Distrito evitó un proceso licitatorio, que le hubiese tomado al menos tres meses desde la elaboración de los pliegos hasta la adjudicación.
La respuesta distrital por la pandemia
Otros procesos de contratación millonarios que ha enfrentado Dau en su primer año de gobierno han sido todos los contratos firmados por su gabinete como parte de la respuesta local a la pandemia por Covid-19, bajo la figura de urgencia manifiesta.
Esa figura les permite a los mandatarios locales hacer traslados presupuestales y contratar de manera directa bienes y servicios para atender la pandemia de manera más ágil.
El gasto público de Cartagena, en lo que va de pandemia, muestra, hasta ahora, una respuesta gubernamental centrada en el asistencialismo para intentar mitigar el hambre, profundizado por la cuarentena.
La contratación por Covid enfrentó Dau a su primer proceso de responsabilidad fiscal, iniciado por la Contraloría por posibles sobreprecios en una compra de insumos sanitarios.
El alcalde de los cartageneros, al igual que el resto de mandatarios locales en Colombia, ha enfocado su primer año de gobierno en la atención de la emergencia sanitaria, que de marzo a mayo tuvo a Cartagena como uno de los principales focos de contagio del país.
Ahora con la temporada decembrina, esta capital vuelve a tener un repunte de casos.