Cartagena está en emergencia sanitaria desde el 11 de marzo, cuando registró su primer caso por coronavirus. La pandemia, que hasta este 26 de junio le dejaba 277 muertos y 7.329 contagios, tiene a esta ciudad a media marcha y a su gobierno local firmando millonarios contratos: entre el 24 de marzo y el 9 de junio, la Alcaldía suscribió 47 por $27.003 millones.
El gasto de la plata pública, durante los tres primeros meses de Covid, muestra una respuesta gubernamental centrada en el asistencialismo, para intentar mitigar el hambre que han profundizado el confinamiento y la ausencia de turistas. Un golpe más pronunciado entre los pobres de una ciudad, que vive de sus playas y de su patrimonio histórico.
Mercados, la inversión más millonaria
Los mercados y bonos canjeables por alimentos han sido, hasta ahora, el principal rubro de inversión en lo corrido de pandemia en Cartagena. Representan el 79% de los contratos firmados por la Alcaldía.
Eso a pesar de que que a estas alturas de emergencia, las inversiones estatales ameritan, además de las ayudas humanitarias, mayor dotación en camas y respiradores, debido al pico de contagios que el Ministerio de Salud proyecta para este segundo semestre. También debido a la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI), que las últimas semanas han sobrepasado el 65%.
Hasta ahora una de las inversiones más millonarias que ha recibido la ESE Hospital Universitario del Caribe -uno de los principales centros de salud de Cartagena- para acondicionar camas y mejorar parte de su infraestructura han sido $3.244 millones. Recursos que recibió de la Alcaldía y que provienen de la empresa privada y los ciudadanos, después de una jornada de donaciones de 48 horas celebrada en mayo, en la que también participó la Gobernación de Bolívar.
Esa falta de camas nuevas en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad fue, precisamente, una de las causas de la renuncia, hace un mes, del director de Salud, Álvaro Fortich. Una dimisión que se convirtió en una de las primeras crisis del gobierno local, porque se dio justo cuando La Heroica tenía los reflectores nacionales encima por el aumento sostenido de contagios y muertos.
La millonaria inversión en mercados del gobierno Dau se explica, en parte, por la pobreza y la informalidad históricas de Cartagena.
Justo los habitantes de los barrios y comunidades insulares más pobres han recibido esas ayudas, en brigadas organizadas por la Oficina de Gestión del Riesgo desde que la emergencia comenzó. Hasta ahora, la Alcaldía ha entregado cerca de 198.000 mercados.
En esas comunidades vive la cuarta parte de los cartageneros, casi 270.000, que no gana lo suficiente para costearse un techo, pagar los servicios públicos ni comer tres veces al día. A esa cifra se suman 35.229 habitantes más -el 3% de la población- que viven en la indigencia porque se ganan menos de $117.605 al mes, recursos que no les alcanzan ni para garantizar su alimento diario, señala el más reciente informe de Calidad de Vida de Cartagena Cómo Vamos, publicado en agosto de 2019.
La pobreza apunta a ser más marcada por la pandemia. Las estimaciones de la Cámara de Comercio indican que cerca de 25.000 empresas podrían cerrar, especialmente los negocios de comercio, alojamiento y restaurantes de las zonas turísticas.
A eso se suma el hecho de que 180 empleos relacionados con el sector turismo deberán esperar, por lo menos, un año para reactivarse, como lo advirtieron recientemente los gremios de la ciudad en un SOS que enviaron al Gobierno Nacional, para pedirle que declare a la capital de Bolívar zona de tratamiento especial por el impacto de esta pandemia en su economía.
Invercomer y Veneplast, los megacontratistas del Covid
Las firmas cartageneras Invercomer del Caribe SAS y Distribuidora y Papelería Veneplast Ltda son hasta ahora los megacontratistas del Covid-19 en la capital de Bolívar. Ambas empresas le han vendido al Distrito 217.097 mercados, por $18.803 millones. Contratos que representan el 70% de la contratación del primer trimestre de pandemia.
Invercomer del Caribe es un peso pesado del comercio cartagenero. Tiene 1.355 empleados y se dedica a la venta de alimentos, bebidas, tabaco, carnes y pescados, a través del supermercado Megatiendas. Ese establecimiento tiene, además de 14 sucursales en Cartagena, sedes en Barranquilla, Riohacha y Bogotá.
Su dueño es Guillermo Ramírez, conocido popularmente como el ‘Cachaco’ Ramírez. Un antioqueño que incursionó en el mundo de los víveres y abarrotes en 2003, abriendo una primera tienda en el mercado de Bazurto. También ha incursionado en la política local: fue concejal en varios períodos y candidato a la Alcaldía de Cartagena. Ha sido vocero de los tenderos en la Cámara de Comercio y presidente de la Junta Directiva de esa entidad.
El segundo megacontratista del Covid-19 es Distribuidora y Papelería Veneplast Ltda, fundada en 2005 por Margarita Andrea Serna Hernández y Humberto Álvarez Quintero, este último socio mayoritario y su representante legal.
Esta empresa tiene su sede administrativa en Bazurto y se dedica al comercio de libros y artículos de papelería, y a la venta de productos de aseo y alimentos. Justamente por tratarse de una firma con mayor reconocimiento local como comercializadora de insumos para papelería, los contratos con Veneplast han sido ampliamente cuestionados en Cartagena.
Contratos con líos o ruidos
El primer trimestre de emergencia por Covid-19 en Cartagena deja también cinco contratos, por $3.713 millones, bajo la lupa de los organismos de control. El gobierno Dau firmó esos procesos para comprar mercados e insumos sanitarios y diseñar una aplicación móvil que le ayuda a monitorear el comportamiento del virus en los barrios.
Por uno de esos contratos, el contralor Carlos Felipe Córdoba anunció, el pasado 17 de junio, un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Dau y el exdirector del Dadis Álvaro Fortich para determinar si hubo $193 millones en sobrecostos en una compra que firmaron, el 8 de abril, por $1.215.500.000.
A través de ese proceso, le compraron a la empresa barranquillera Ventas, Distribución y Marketing Ltda mascarillas, geles, jabones líquidos y termómetros infrarrojos para dotar, por 90 días, la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y los hospitales Universitario del Caribe y Gestión Salud, que hacen parte de la red sanitaria pública.
Sobre esas diferencias, la Alcaldía ha respondido que, en abril pasado, cuando estructuró esa compra, los precios pagados “eran los mejores” y el contratista seleccionado era el único que garantizaba la disponibilidad de los insumos.
Dau también dijo que ese anuncio de investigación hacía parte de una persecución política del contralor en su contra.
Variedad en las cotizaciones de los procesos millonarios
Pese a que las contrataciones para atender la emergencia sanitaria están exentas de la realización de estudios previos debido a la declaratoria de urgencia manifiesta, la Alcaldía de Cartagena los hizo para las nueve compras de mercados, las más millonarias de la contratación por la crisis. En ellos la Oficina de Apoyo Logístico indica haber enviado hasta 26 solicitudes de cotizaciones por contrato y haber recibido entre 4 y 11 propuestas.
En todos los estudios previos, esa misma dependencia distrital argumenta la selección de los contratistas basada en la disponibilidad de los alimentos, los precios más favorables y la entrega de los productos sin anticipos, pues la Administración Dau está contratando sin darlos.
Sobre la entrega previa de hasta el 50% del valor del contrato a los privados, la secretaria general Diana Martínez ha manifestado que dicha figura ha estimulado en el pasado irregularidades en la contratación distrital. Irregularidades que terminan en corrupción.
Funcicar indicó en un informe reciente sobre la contratación del Distrito por coronavirus, publicado el pasado 3 de junio, que “a pesar de contar con la facultad de adicionar el 50% de recursos a los contratos, la Alcaldía ha optado por abrir nuevos procesos con lo cual da apertura a otros contratistas”.