La publicación de un trino, sobre el reto que tendrá una eventual candidatura de Judith Pinedo de desmarcarse del gobierno local, generó que Lidy Ramírez señalara a La Contratopedia Caribe de prácticas antiéticas.
“Yo creía mucho en este medio, pero he evidenciado, una línea editorial muy cercana al concejal Javier Julio Bejarano, los datos que usa el concejal en sus intervenciones y videos en redes, son los mismos que constantemente utiliza la Contratopedia… Y ha sido sistemático (sic)”, dijo la enlace del Distrito con el Concejo.
A Ramírez, quizá, no le gustó que Bejarano citara datos de una investigación nuestra en el debate a la secretaria del Interior Ana María González por los nexos de la Fundación por la Educación Multidimensional (FEM), creada por González, con el programa Cartagena construyendo con el agua.
Que la enlace distrital se sienta libre de sugerir que el equipo de La Contratopedia tiene acuerdos soterrados con Bejarano evidencia las reiteradas prácticas de la actual administración, en cabeza de William Dau, de sembrar dudas para deslegitimar a quienes les resulten incómodos, de señalar sin pruebas, de no asumir el costo de sus palabras y, sobre todo, de cuestionar a la prensa cuando no le es funcional.
Quizá a Ramírez La Contratopedia no le genera sospechas cada vez que le pone la lupa al Concejo para contar sus investigaciones, sus peleas internas por la Contraloría Distrital o todos los hechos que hoy la tienen como una de las corporaciones más desacreditadas de Cartagena, según Cartagena Cómo Vamos.
Esa lupa al Concejo, por ejemplo, hizo que el año pasado Dau les recomendara a sus seguidores en Instagram seguir a La Contratopedia. Lo hizo después de haber encontrado allí un contenido que le sirvió para alimentar su discurso anticoncejales.
Ambos hechos (el señalamiento de Ramírez y la recomendación de Dau) son caras de una misma moneda: el periodismo instrumentalizado en un escenario de alta polarización política como Cartagena. Y esa instrumentalización, que es una práctica de vieja data, excede a los medios porque si bien los periodistas tenemos el poder de determinar ciertos temas del debate público, no logramos controlar el alcance de los contenidos.
Al ser consultada por el señalamiento de Ramírez, la Oficina de Prensa resaltó que la servidora no estaba fijando “la posición del Distrito, sino su opinión personal” desde su cuenta de Twitter.
Aunque la Oficina de Prensa reiteró su respeto por el ejercicio periodístico, los hechos recientes, protagonizados por distintos servidores públicos (además de Ramírez, Dau y la secretaria González) muestran otra realidad.
No sobra recordarle al actual gabinete que mientras sean servidores públicos todo lo que digan, inclusive desde sus redes, tendrá mayor impacto dadas las dignidades que ostentan y su mayúscula responsabilidad como garantes de la democracia.