| Súmate a Mi Lupa, el programa de membresías con el que La Contratopedia Caribe busca el apoyo ciudadano para seguirle el rastro a la contratación pública. Con tu aporte ayudas a un medio de comunicación regional, que desde 2019 le pone rostro a la plata pública en Bolívar, Cartagena, Barranquilla y Atlántico. Gracias por respaldar este proyecto. Aporta aquí. |
Desde el pasado 15 de junio, un grupo de concejales de Barranquilla ha manifestado dudas frente a la negociación que realizan la Alcaldía de Barranquilla y Empresas Públicas de Medellín (EPM) por un paquete accionario de la Triple A. Uno de ellos radicó un debate de control político.
Esos cuestionamientos no son usuales entre los concejales, quienes desde el ascenso del charismo al poder local se mueven mayoritariamente al ritmo de la Alcaldía y no suelen disentir en público sobre decisiones que lidere el mandatario de turno.
Asunto especialmente notorio durante el segundo gobierno de Alejandro Char, cuando esta corporación funcionó más como un apéndice del Distrito que como una institución encargada de co-gobernar y hacer control político. Tanto que avaló una concesión que ya estaba pactada y Char presentó como un negocio por competencia.
Ahora con la posible llegada de un nuevo accionista a la Triple A ha habido cuestionamientos públicos, incluso de varios concejales que son reconocidos aliados charistas.
Los cabildantes comenzaron a cuestionar la negociación entre la Alcaldía de Barranquilla y EPM, después de las recientes declaraciones del gerente de la empresa paisa Jorge Andrés Carrillo.
En la convención de Andesco (gremio de las empresas de servicios públicos) celebrada en Cartagena, el funcionario dijo que el escenario estaba dado para hacer pronto, en cuestión de días, un anuncio sobre las condiciones de compra y venta de la Triple A.
Dudas en Barranquilla y Medellín
Juan Carlos Ospino, uno de los principales rostros aliados del charismo en el Concejo barranquillero y quien el año pasado presidió la corporación, calificó la llegada de EPM como “un desplazamiento forzado”, informó el portal Zona Cero.
“No es posible que el Gobierno Nacional y local sólo hayan convenido la venta de la empresa Triple A a la EMP, negando la posibilidad de que los ciudadanos también puedan adquirir acciones, así como empresas del ámbito local y regional o, que la Gobernación y municipios aledaños pasen de ser usuarios a propietarios”, aseguró Ospino.
El concejal le pidió al alcalde Jaime Pumarejo que aclarara si todo está listo sólo para que el Concejo apruebe la venta y, por tanto, no haya espacio para que esta corporación influya en la elaboración de las condiciones de venta.
También se pronunció públicamente el concejal verde Andrés Renfigo. Desde su cuenta de Twitter pidió ponerle lupa a los términos de la negociación para que “no haya el riesgo de que la Alcaldía pierda o ceda la mayoría accionaria y el control de la Triple A”.
Exhortamos al Distrito, en cabeza del Alcalde @jaimepumarejo, para que el debate de Triple A sea llevado como legalmente compete al @Concejodebaq a debatirse públicamente, de cara a la ciudadanía y así se conozcan las condiciones del negocio. La posible llegada de @EPMestamosahi… https://t.co/B4381uEQgA
— Andrés Rengifo Lemus (@AndresRengifoL) June 19, 2023
Incluso el concejal Samir Radi, de Cambio Radical, partido de gobierno, le dijo a El Heraldo que la negociación con EPM no podía significar la pérdida de la mayoría accionaria.
El concejal Antonio Bohórquez, quien ingresó en 2020 al Concejo por el estatuto de oposición, radicó la semana pasada una propuesta de control político, que espera sea aprobada en la sesión de este miércoles 21 de junio —le dijo a La Contratopedia—.
Si el debate de control político obtiene luz verde — y todo indica a que así será por las declaraciones de varios concejales en medios de comunicación locales—, el Concejo citará a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a la Secretaría General o la Oficina Jurídica de la Alcaldía, a la Triple A y a K-Yena SAS para que detallen la transacción con EPM.
Esas organizaciones son las responsables de la actual composición accionaria de la empresa de saneamiento básico, después de la salida de la española Inassa por extinción de dominio.
Ante todas estas reacciones, el alcalde de Barranquilla publicó este martes un video desde su cuenta de Twitter para aclarar que Barranquilla no perderá la mayoría accionaria.
“Jamás hemos tenido la intención de entregar la mayoría accionaria ni el control absoluto en la Junta”, dijo.
Nos ha costado recuperar la AAA. Por malos manejos la perdimos y el Estado nos obligó a recompra siendo víctimas. Esa lucha la dimos prácticamente solos y no vamos a dilapidarla. Cualquier decisión será en pro de un mejor servicio y aumentar patrimonio de los barranquilleros. pic.twitter.com/d1YnBFK8IP
— Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) June 20, 2023
Y aunque el anuncio que desde Cartagena hizo el gerente de EPM no detalló el valor de la transacción ni el número de acciones en negociación, las declaraciones sí dejaron ver, entre líneas, una intención de manejo mayoritario de la Triple A. Dudas que aumentan con los reportes de la prensa antioqueña, que hablan de una intención de compra del 51% de las acciones.
De hecho, medios como El Colombiano vienen reportando desde hace meses que el negocio de la Triple A también despierta dudas en la capital paisa, pues si bien EPM tiene un robusto músculo financiero, “se ha embarcado en los últimos tres años en proyectos que presionan sus finanzas”.
EPM —informó El Colombiano— cerró el año pasado con una reducción del 10% en las utilidades de su matriz, pasó de $1,6 billones de pasivo en 2022 a $1,9 billones en 2023 y no ha podido “levantar cabeza con varias inversiones problemáticas, dentro de las que principalmente se destaca Afinia, su filial en la costa Caribe que asumió la operación de la desaparecida Electricaribe en Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y el sur de Magdalena”.
Lo que EPM dice y las condiciones favorables de Barranquilla
El gerente Jorge Andrés Carrillo dijo que las conversaciones entre los distintos actores que involucra la compra y venta de acciones de la Triple A van avanzadas y, por tanto, hay una posibilidad “de formalizar la intención de esa compra los próximos días”.
“Con nosotros detrás, tengan la seguridad que le va a pasar (a la Triple A) lo que siempre le ha pasado a Medellín, Antioquia y cada lugar en que estamos y es que primero vamos nosotros y el desarrollo va detrás. Y esa es la promesa que le queremos dar a todos los atlanticenses y a Barranquilla”, les dijo Carrillo a los periodistas en Andesco.
Desde la Alcaldía de Barranquilla, sin embargo, la respuesta sobre el estado de esa negociación fue más cauta. “Apenas estamos revisando documentos”.
Desde inicios de este año, la Alcaldía de Barranquilla y EPM firmaron un memorando de entendimiento para explorar distintos caminos que le permitan a la empresa paisa adquirir parte de las acciones de la Triple A.
“Cuando anunciemos la materialización, en ese momento vamos a anunciar los valores por los que se hará la transacción”, dijo el gerente Carrillo.
Aunque EPM y el Distrito estén ad portas de presentar un acuerdo marco de negociación, la decisión no se cristalizará hasta tanto no haya luz verde desde las superintendencias de Servicios Públicos y de Sociedades, y del Concejo Distrital. Es decir, la negociación queda condicionada a esas aprobaciones.
La Superservicios debe avalar el negocio porque es el órgano encargado de vigilar y controlar a las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas en Colombia. Mientras que la Supersociedades ejerce control sobre las sociedades mercantiles, vigilando que cumplan las normas y disuadiendo a los actores económicos de infringirlas.
El tercer aval que la compraventa necesita es el del Concejo de Barranquilla, que en su rol de coadministrador debe velar por el buen manejo de la empresa de saneamiento básico y por los recursos públicos del Distrito, hoy dueño de la mayor parte accionaria de esa empresa.
Mientras el negocio se concreta —lo que puede tomar semanas o meses—, la Triple A seguirá en manos de K-Yena SAS, dueña del 82.16% de las acciones desde 2021 y cuyo socio mayoritario es el Distrito barranquillero.
Además, dos de los asientos de su junta directiva seguirán ocupados por empleados del emporio del magnate antioqueño William Vélez, más conocido como el zar de las basuras de Colombia y accionista de K-Yena SAS.
El manejo de la Triple A se configuró así, después de que la SAE tomó control sobre las acciones de la española Inassa, en 2018, y de la compra que hizo K-Yena SAS en 2021 de ese paquete accionario.
Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, la SAE cuestionó las condiciones de la negociación que recibió y después de dos meses de disputa con Barranquilla terminó entregando las acciones.
Barranquilla logró unas condiciones favorables para administrar su empresa de acueducto, alcantarillado y aseo, gracias a la intervención de la Procuraduría General (en manos de una aliada del grupo político de Barranquilla).
Si bien la SAE devolvió las acciones con la condición de que salieran del manejo de la Triple A los privados de K-Yena SAS, la Alcaldía de Barranquilla firmó un compromiso en el que no quedó establecido plazo alguno para la llegada del nuevo socio público.