La semana pasada, el Concejo de Barranquilla aprobó un debate de control político por las millonarias canalizaciones de los arroyos de la capital del Atlántico sobre las que, seis años después, hay dudas por su eficiencia y transparencia.
La aprobación por parte de algunos concejales se dio a regañadientes, producto de la presión ciudadana que desencadenó una investigación periodística de W Radio, y en medio de intimidaciones.
Las intimidaciones evidencian cómo el disenso, común en toda democracia, resulta incómodo en una capital cuyo principal poder político, la familia Char, ha intentado imponer un debate público unánime desde 2008, cuando llegó a la Alcaldía de Barranquilla.
Hasta antes de la pandemia por Covid-19, ese unanimismo había sido posible gracias a varios ingredientes.
Entre ellos, una alcaldía manejada por Alejandro Char dos veces; un Concejo sin mayor debate político; una millonaria estrategia de pauta publicitaria para controlar a los medios locales, influir en los de circulación nacional e imponer tendencias en las redes sociales; una ciudadanía poco dada a cuestionar y un contexto socioeconómico favorable.
A ese unanimismo, sin embargo, le comenzaron a salir agujeros con las denuncias públicas de corrupción del ganadero Luis Enrique Guzmán Chams, en 2017, y la prófuga excongresista Aida Merlano, en 2020. Ambos relacionaron con coimas al exalcalde Char.
También aumentaron los agujeros con la crisis social que desencadenó el coronavirus y con una camada de jóvenes con intenciones políticas y en orillas opuestas a los Char, empeñados en que haya un relevo en la Alcaldía de Barranquilla. Algunos de ellos militan en el Partido Verde y en la Colombia Humana.
Las intimidaciones de concejales aliados del charismo
La aprobación del debate de control político, por los $665.000 millones que la Alcaldía de Barranquilla anunció en 2016 para canalizar siete arroyos, se dio el pasado 18 de octubre. Ese debate todavía no tiene fecha.
En esa sesión hubo amenazas veladas de algunos concejales contra jóvenes del Partido Verde, promotores en redes sociales del debate de control político por la plata de los arroyos. Ellos, además, llevan meses haciéndole veeduría a la contratación pública de la Alcaldía de Barranquilla.
Uno de los aludidos por los concejales, sin que su nombre fuera mencionado, fue el veedor y militante Verde Reynaldo Torres, cuyo trabajo incluye una activa presencia digital contrapoder y visitas a los barrios barranquilleros. Allí entrega volantes y habla con la comunidad sobre los retrasos de algunas obras de infraestructura contratadas por la Alcaldía.
Torres, especialmente, ha cuestionado cuán demoradas han sido las adecuaciones en La Circunvalar y la Vía La Cordialidad.
Uno de los concejales que usó un lenguaje y un tono más propio de una pelea callejera fue Juan Vergara, primer vicepresidente de esa corporación.
Dijo que los jóvenes del Partido Verde deberían estar alerta porque “se metieron con Ospino” —Juan Carlos Ospino, presidente del Concejo— y “lo vas a tener persiguiéndote bastante (…) párese mi hermanito, que lo están esculcando ahora mismo”.
A su turno, Ospino dijo que no permitía que “a través de las redes sociales se intimide al Concejo a hacer debates de control político, presionando a los funcionarios (…) no puede cualquier pelaíto (Rey Torres), cualquier persona que no conoció el arroyo de la 21 (…) píntenla como quieran que no me llamo supermán, pero me sé defender”, manifestó en tono airado.
Tanto Ospino como Vergara forman parte del grupo de concejales de Barranquilla que se ha caracterizado por su apoyo irrestricto a las recientes administraciones distritales, en cabeza de la familia Char.
Ambos cabildantes le dieron luz verde, en 2016, a un millonario endeudamiento (poco más de medio billón de pesos) para que la Alcaldía contratara las canalizaciones de los arroyos, hoy bajo escrutinio ciudadano.
De hecho, en su enérgica intervención, Ospino dijo que la Barranquilla de hoy “no es la ciudad con las finanzas pignoradas por grupos oscuros”.
Con ese comentario, aludió a la crisis que esta capital vivió, entre 2004 y 2007, durante el gobierno de Guillermo Hoenigsberg, del que fue simpatizante y cuyo apoyo le sirvió para llegar al Concejo en 2008.
Tan pronto los pronunciamientos de los concejales Ospino y Vergara se hicieron públicos, miembros del Partido Verde y del Pacto Histórico rechazaron el tono intimidatorio y comenzaron a preguntarles por qué le temen a hablar de los millonarios contratos de canalización, que varios de ellos aprobaron en 2016.
¿Por qué incomodan y amenazan a los jovenes verdes en Barranquilla? https://t.co/PxIjb0B5jw
— Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) October 21, 2022
A través de un comunicado de prensa, el Partido Verde le exigió al concejal Ospino retractarse o explicar cuáles son las “agresiones” de las que dice haber sido víctima por jóvenes verdes. Esas “agresiones” —dijo el concejal— “ya están puestas en manos de la Fiscalía”.
Todo este episodio tiene al Concejo bajo escrutinio ciudadano, especialmente porque en lo que va de hegemonía charista sus miembros se han alineado con el gobierno de turno (Char I, Elsa Noguera, Char II y ahora Jaime Pumarejo) sin oponerse al alto endeudamiento de la ciudad.
Por el contrario, le han dado luz verde.
Ese comportamiento sumiso genera cada vez más incomodidad ciudadana y hay un sector dispuesto a cuestionar públicamente y con vehemencia a los concejales.
Un Concejo funcional al charismo
En 2017, La Silla Vacía informó que durante la primera mitad de ese año el Concejo “sólo sesionó una tercera parte de lo que por reglamento” podía y “usó la mitad de esas sesiones para aprobar por unanimidad los proyectos presentados por el alcalde” Alejandro Char.
De 32 acuerdos de 2017, el Concejo aprobó 18 que le permitieron a Alejandro Char ampliar el cupo de endeudamiento de Barranquilla y las instituciones público privadas.
Varias de esas peticiones fueron para nuevos escenarios deportivos por los Juegos Centroamericanos 2018, de los que Barranquilla fue sede; obras en el Malecón del Río y construcción de infraestructura educativa.
El entonces concejal y hoy congresista del Centro Democrático Carlos Meisel le dijo a La Silla Vacía que, en efecto, el Concejo barranquillero “baila al ritmo de la Administración” y tiene el reto de bailar “a un ritmo propio”.
Durante el segundo gobierno de Char (2016 – 2019) fue más evidente ver al Concejo funcionando como un apéndice del Distrito que como una institución encargada de co-gobernar y hacer control político.
Dos concejales de ese período le dijeron a La Silla Vacía que muchos dieron su apoyo a lo propuesto por Alejandro Char a cambio de coimas, equivalentes al “0,3 por ciento del monto” por aprobar.
“La interlocución, según ellos, la hacía la Alcaldía únicamente con la mesa directiva del Concejo, a la que le llegaba la plata para repartirla entre los charistas”, informó ese medio en una historia que tituló ‘El entramado de la contratación de Alex Char’ y que buscó contar cómo en su segunda Alcaldía Char logró contratar obras millonarias sin contrapeso alguno.
La funcionaria señalada como interlocutora entre el Concejo y el distrito, Ana María Aljure, negó pago alguno.
Ahora bajo la administración de Jaime Pumarejo tampoco ha habido mayor control político. El actual mandatario arrancó mandato con solo un concejal que no lo apoyó en campaña: Antonio Bohórquez, quien fue su contrincante y ocupó la tercera votación de las locales de 2019, sacó 66.315 votos (la segunda votación fue el voto en blanco con 79.852 sufragios).
El año pasado, el Concejo de Barranquilla tuvo varias sesiones inútiles. Muchas de ellas convocadas para que cada concejal cobrara $516.000 por sesión, “sin importar la duración o importancia” de lo discutido, informó La Silla Vacía.
De hecho, algunas de esas sesiones inútiles duraron menos de 15 minutos, fueron virtuales y los concejales ni siquiera prendieron cámara.
Los escándalos y el golpe reputacional
A ese unanimismo y los ruidos de coimas se suman escándalos de corrupción de varios cabildantes en diferentes periodos, que han golpeado la imagen del Concejo.
Por ejemplo, en 2003 la Policía encontró en la oficina del entonces concejal Eduardo Pulgar, ubicada en un centro comercial de Barranquilla, 112 cédulas y dinero en efectivo, en billetes de $20.000, informó El Tiempo.
Pese a esa evidencia, Pulgar logró evadir a las autoridades y seguir fungiendo como concejal cuatro años más.
En 2007, la Procuraduría General lo inhabilitó por 18 años junto a los también concejales Alejandro Munárriz y Ernesto Gómez, por una defraudación millonaria, calculada en más de cinco mil millones de pesos.
En 2014, el entonces procurador Alejandro Ordóñez levantó la sanción contra Pulgar, lo que le permitió llegar al Congreso. Ahora, nuevamente, tiene muerte política por haberle ofrecido plata a un juez de la república a cambio de amañar un proceso.
También en 2010 el Concejo de Barranquilla fue noticia cuando la Fiscalía capturó a uno de sus funcionarios por “una posible adulteración de la nómina de la corporación, que ocasionó la pérdida de $450.000.000”.
Esa plata, según la Fiscalía, fue a parar a manos de personas que nunca trabajaron para el Concejo.
Más recientemente, en septiembre de 2017, la Fiscalía capturó al concejal Recer Lee Pérez (Polo Democrático), en medio de una investigación por fraude procesal y falsificación en documentos para acceder a cargos públicos.
Supuestamente, presentó títulos falsos para posesionarse como asesor distrital durante el gobierno de Elsa Noguera.
Un juez le dio casa por cárcel y luego le concedió la libertad en enero de 2018. Volvió a presentarse a las elecciones, mantuvo su curul y hoy está como concejal. La investigación penal aún sigue abierta.
En parte por todos estos escándalos, en la última encuesta #MiVozMiCiudad de Barranquilla Cómo Vamos casi el 62% de los barranquilleros encuestados dijo que la gestión de los concejales era mala.