Los cinco paquetes entregados por el gobernador Vicente Blel, por $208.230 millones, para construir 11 colegios y arreglar 145 escuelas en los municipios de Bolívar quedaron en manos de ocho empresas, que tienen detrás a 11 personas.
Varias de esas firmas han trabajado juntas en el pasado, conformando distintas uniones temporales y consorcios. Asunto que evidencia una sólida telaraña de relaciones laborales y familiares para acceder a millonarios recursos públicos.
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La Contratopedia revisó los rostros de los cinco consorcios ganadores, uno por cada paquete educativo, y encontró que:
- Una sola persona (Ángel Rincón Linaje) está detrás de los dos consorcios con más recursos asignados.
- Dos familias (los Carrascal Quin y los Manjarrez Ortiz) se han ganado millonarios contratos durante el gobierno Blel.
- Una accionista (Yuri Monterrosa Señar) repite en dos empresas.
- Como representantes legales de sus empresas o de consorcios, cuatro privados (Ángel Rincón Linaje, Javier Bernardo Varela, y Luis Javier y Uldarico Carrascal Quin) han tenido problemas como contratistas de obras públicas en el pasado.
- Y cinco empresas (GRP Constructores SAS; Equipos y Construcciones del Caribe SA; Estructuras, Diseños y Construcciones del Caribe SAS; Constructora Manor SA, y Suministros, Proyectos y Obras de Colombia SAS) se han ganado más de un contrato en lo que va de la administración Blel.
Hasta ahora, la ejecución de esos millonarios recursos ha estado llena de tropiezos. De los 11 colegios nuevos prometidos por la Gobernación de Bolívar en octubre de 2021, aún no hay ninguno listo, y varias de las escuelas priorizadas para mejoramientos siguen a la espera del arranque de las obras.
En el sur de Bolívar, además, hay escuelas padeciendo la amenaza de actores ilegales, quienes han obligado al contratista a parar los trabajos.
Estos son los rostros detrás de la lenta locomotora de infraestructura educativa de Blel en los municipios bolivarenses.
El contratista que se ganó los dos contratos más millonarios
Ángel Alberto Rincón Linaje es el dueño de las firmas GRP Constructores SAS y Constructora y Promotora AR SAS, integrantes de los Consorcios Infranorte 004 y Educentral 005. Cada empresa tiene el 50% de participación en cada consorcio.
A esos consorcios la Gobernación de Bolívar les adjudicó más de $120.227 millones para la construcción de ocho instituciones educativas en igual número de municipios:
- Arjona
- Córdoba Tetón
- Clemencia
- San Cristóbal
- Altos del Rosario
- San Martín de Loba
- Barranco de Loba
- Cicuco.
GRP Constructores SAS es una firma constituida en Bogotá en 2010 y con inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) desde marzo del 2020.
Con esa inscripción, esa empresa quedó habilitada para contratar con el Estado porque dicho trámite les permite a personas naturales o jurídicas aspirar a ser contratistas de entidades públicas del orden nacional o territorial.
Además de Ángel Rincón, son accionistas de GRP Constructores SAS Juan Manuel Fortich y María Angélica Posso Ardila. Esta última fungió como asesora de la Oficina Jurídica y de Despacho de la Alcaldía de Cartagena, durante la administración de Manolo Duque y fue una de las financiadoras de su campaña a la Alcaldía, con un aporte de $10.000.000.
Esta empresa ha tenido varios representantes legales. Ángel Rincón fue el primero. Luego, Juan Manuel Fortich entre 2014 y 2020. En 2020, la representación pasó a manos de María Chavarro Perdomo, quien firmó los contratos de los colegios con la Gobernación de Bolívar.
Al año siguiente, Chavarro renunció y en su reemplazo llegó Dailing Mosquera Muñoz, actual representante.
En 2020, GRP Constructores SAS fue uno de los integrantes del Consorcio Magangué 2020, al que la Gobernación de Bolívar contrató para construir la vía Magangué – Achí por $31.699 millones, la segunda obra más millonaria del paquete de inversión vial ejecutado por Blel durante su primer año de gobierno.
En ese consorcio también participó otro de los contratistas de los colegios del gobierno Blel, Constructora Manor SAS.
Un año después, en 2021, la Gobernación de Bolívar volvió a contratar a GRP Constructores SAS para la construcción de una subsede multisectorial del Sena, en Magangué, por $22.739 millones.
La otra empresa con la que Rincón Linaje tiene participación en la construcción de los colegios de Bolívar es Constructora y Promotora AR SAS. Registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 1993, ha tenido tres razones sociales.
La empresa nació como Ángel Rincón Barón y Cia Ltda, nombre que tiene varias investigaciones a cuestas: una de ellas por su participación en el inconcluso proyecto del parque H.L Román en Manga. Por ese proyecto, la Contraloría y la Personería de Cartagena abrieron investigación en 2012 por posibles irregularidades en su adjudicación y ejecución.
A esa investigación se suma un llamado de atención que le hizo la Contraloría General, en 2015, como miembro del Consorcio Pueblo Bello, por irregularidades en la rehabilitación de la vía El Zanjón – Pueblo Bello. La Gobernación del Cesar entregó ese contrato por $39.913 millones.
En 2018, Ángel Rincón Barón y Cia Ltda pasó a ser Ángel Rincón Constructores SAS. Ese año, la firma formó parte del Consorcio Vías Sitm Cartagena, al que Transcaribe le contrató la construcción y rehabilitación de varias rutas alimentadoras por $17.131 millones.
No fue sino hasta 2019 que la empresa cambió su nombre por el que tiene hoy: Constructora y Promotora AR SAS. Con ese nombre, este privado fue uno de los contratistas de los Juegos Nacionales 2019, realizados ese año en Bolívar.
Como integrante del Consorcio Escenarios Cartagena, Constructora y Promotora AR SAS construyó el Coliseo Mayor Rocky Valdez, ubicado en el barrio El Pozón, por $23.000 millones.
En esa obra también participó Estructuras, Diseños y Construcciones del Caribe SAS, otro de los contratistas de los paquetes educativos entregados por Blel.
Los contratos que quedaron en familia
Dos familias han logrado tener una alta concentración de recursos en lo que va de la administración Blel. Una de ellas se quedó con todo un consorcio y la otra es dueña de una de las firmas con mayor número de contratos adjudicados en el actual gobierno departamental.
La primera familia son los Carrascal Quin, cuyos rostros detrás son los hermanos Luis Javier, Leonardo y Uldarico Carrascal Quin, dueños de las empresas de obras civiles CQK Construcciones SAS y C Inversiones SAS. Ambas son integrantes del Consorcio Sedes 008 con igual porcentaje de participación.
A ese consorcio la Gobernación de Bolívar le adjudicó un contrato por $12.840 millones para la remodelación de 31 escuelas en la subregión Dique y 12 colegios más en Montes de María.
CQK Construcciones SAS es la empresa de Luis Javier Carrascal Quin. Está registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2012 y habilitada para contratar con el Estado desde 2013, año en que se inscribió en el Registro Único de Proponentes (RUP). Su representante legal es Yulieth Arevalo Navarro.
Luis Javier Carrascal Quin es un contratista recurrente en varias entidades públicas del orden nacional. Entre 2007 y 2022, ha firmado contratos por más de $37.000 millones con entidades como la Gobernación del Cesar, Invías, la Alcaldía de Cartagena y varias alcaldías municipales del Cesar. También ha sido contratista de la Agencia Nacional de Minería.
La otra firma de los Carrascal Quin, C Inversiones SAS, la registraron Leonardo y Uldarico Carrascal Quin en la Cámara de Comercio de Ocaña, Norte de Santander, en 2013. Desde 2018 está habilitada para contratar con el Estado.
Uldarico Carrascal también es dueño de la empresa de construcción Estructuras Especiales SA, que entre 2008 y 2017 acumuló más de $71.000 millones en contratos con diversas entidades a nivel nacional. Entre ellas, las gobernaciones del Cesar y Santander, el Invias y el Ejército Nacional, según el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).
Leonardo Carrascal fue el representante legal y único accionista de la empresa hasta 2021. Ese año, las acciones y la representación legal pasaron a manos de su sobrina Isabella Jiménez Carrascal.
Como contratistas, los hermanos Carrascal Quin han sido investigados por los organismos de control.
Una de esas investigaciones se dio en 2012, cuando la Procuraduría General, mediante fallo de primera instancia, suspendió a cuatro servidores de la Dian y multó a los representantes legales de las sociedades que integraron el Consorcio Interedificaciones Dian 2006, por el incumplimiento en sus obligaciones como interventores de la construcción, reparación y adecuación de las sedes de la Dian en el país, por $50.000 millones.
Uno de los multados fue Uldarico Carrascal, en calidad de gerente de Estructuras Especiales SA. También fue sancionado Jorge Luis Betín Rodríguez, miembro del grupo empresarial de los Nule, los tres corruptos primos costeños condenados por el ‘carrusel’ de contratación de Bogotá.
En 2016, en un fallo de segunda instancia, la Procuraduría absolvió de responsabilidad disciplinaria a los representantes legales de las empresas del Consorcio Interedificaciones Dian 2016, alegando que no se individualizó su participación en los “hechos investigados”.
La otra investigación que involucró a Uldarico y a Luis Javier Carrascal fue una de la Contraloría Departamental de Cundinamarca por la fallida construcción de un embalse, que la Gobernación de ese departamento le contrató, en 2007, por $5.660 millones al Consorcio Pantano de Arce. Ese privado lo integraron Luis Javier Carrascal Quin y dos empresas, una de ellas fue Estructuras Especiales SA.
El posible detrimento patrimonial superó los $4.000 millones.
La segunda familia detrás de los contratos educativos del gobierno Blel son los Manjarrez Ortiz, a través de los hermanos José Antonio, Nicolás y Fernando. Ellos son los dueños de Constructora Manor SAS, integrante del Consorcio Infraeducativo Sur, a cargo de la construcción de tres escuelas en el sur de Bolívar, por $46.093 millones.
Esta firma de La Guajira está registrada en la Cámara de Comercio de ese departamento desde 2011 y está habilitada para contratar con el Estado desde 2019.
Durante casi toda su trayectoria, su representante legal fue José Antonio Manjarrez Ortiz, un recurrente contratista del Cesar, quien ha representado a diferentes empresas y consorcios.
Entre 2012 y 2022, José Manjarrez Ortiz firmó contratos que suman más de $80.000 millones con entidades como las gobernaciones de Bolívar y Cesar, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar y la Alcaldía de Sincé, en Sucre.
En dos contratos de obras adjudicados por las gobernaciones del Cesar y Bolívar, firmas representadas por José Manjarrez Ortiz han integrado consorcios junto a la empresa M&C Construcciones, de María Camila Carrascal Jiménez: familia de los hermanos Carrascal Quin y prima de la actual representante legal de C Inversiones SAS, otra empresa contratista de los colegios del gobierno Blel en Bolívar.
En 2021, los representantes de Constructora Manor SAS pasaron a ser Grecia Sofía Oñate Calderón y Nicolás Alberto Manjarrez Ortiz, a quienes luego reemplazó David González Nader, su actual representante.
Con cuatro proyectos, Constructora Manor SAS es una de las firmas con más recursos adjudicados en lo que va de la administración Blel. Ha participado en:
La construcción de tres escuelas en municipios del sur de Bolívar, como parte del Consorcio Infraeducativo Sur, por $46.093 millones
- La ejecución de la vía Magangué – Achí, como miembro del Consorcio Magangué 2020, por $31.699 millones.
- El mejoramiento de un jarillón entre los corregimientos de Barbosa y Sitio Nuevo en Magangué, como parte del Consorcio Jarillón Barbosa Sitio Nuevo, por $17.128 millones.
- El mejoramiento de un jarillón entre los corregimientos de Sitio Nuevo y San José de las Martas en Magangué, como miembro del Consorcio Jarillón Sitio Nuevo 003, por $14.186 millones.
La accionista que repite en dos empresas
Yuri Monterrosa Señar es la representante legal y única accionista de Suministros, Proyectos y Obras de Colombia SAS, que participa en el Consorcio Zodes 2022, y una de las socias de Equipos y Construcciones del Caribe SA, miembro del Consorcio Infraeducativo Sur.
Monterrosa Señar, además, fue representante legal de la empresa Jaime Fals Martínez Arquitectura e Ingeniería SAS, entre 2011 y 2020. A nombre de esa empresa firmó contratos con la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Barranquilla por más de $53.000 millones.
Al Consorcio Zodes 2022, del que forma parte Suministros, Proyectos y Obras de Colombia SAS, la Gobernación de Bolívar le adjudicó $29.069 millones para la adecuación de 102 sedes educativas: 36 en la subregión de la Depresión Momposina, 36 en la subregión Loba y 30 en la Mojana bolivarense.
Suministros, Proyectos y Obras de Colombia SAS está registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 2014 y habilitada para contratar con el Estado desde 2016. En abril pasado, trasladó su domicilio a Barranquilla.
A ese privado la Gobernación de Bolívar le contrató, en 2020, durante la primera etapa de la pandemia por coronavirus, las remodelaciones del Hospital Universitario del Caribe, por $11.712 millones.
Además, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) registra dos millonarios contratos como miembro de dos consorcios: Carreteras del Cesar 2018, por $19.581 millones para pavimentar 16.5 kilómetros viales, y otro para la construcción del Hospital de Mompox, por $31.519 millones.
La otra empresa en la que Monterrosa Señar es accionista, Equipos y Construcciones del Caribe SA, tiene el 60% de participación en el Consorcio Infraeducativo Sur, encargado de las obras en las instituciones educativas de Norosí, Autimio Gutiérrez Manjón, en Simití, y Puerto Rico, en Tiquisio, por $46.093 millones.
Equipos y Construcciones del Caribe SA es una firma de obras civiles matriculada en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 2016. Está habilitada para contratar con el Estado desde 2019. Su representante legal es Adriana Marcela León Duque.
Esa empresa ha recibido desde 2019 contratos por, al menos, $84.000 millones con las gobernaciones de Bolívar y Cesar.
En 2022, la Gobernación de Bolívar, volvió a contratar a Equipos y Construcciones del Caribe SA, como parte del Consorcio Coliseo 2022 01, para la construcción del Coliseo de Ferias de Magangué, por $16.265 millones.
También, en 2020, esa empresa formó parte del Consorcio Vial Codazzi – Aguas Blancas, al que la Corporación Autónoma Regional del César contrató para la pavimentación y rehabilitación de la vía del mismo nombre por $73.436 millones.
Un contratista con líos por obras retrasadas
Javier Bernardo Varela de Ávila es el fundador y antiguo representante legal de Estructuras, Diseños y Construcciones del Caribe SAS, privado que tiene participación en dos de los cinco paquetes educativos del gobierno de Blel en Bolívar.
En uno tiene el 40% de participación, a través del Consorcio Infraeducativo Sur, para la construcción de tres escuelas. Y en otro, el Consorcio Zodes 2022, tiene la mitad de participación en las obras de mejoramiento de 102 colegios.
Estructuras, Diseños y Construcciones del Caribe SAS es una empresa cartagenera registrada en la Cámara de Comercio de esa ciudad desde 2001, pero solo está habilitada para contratar con el Estado desde 2013. Su representante legal es Beatriz Eugenia Pinedo.
La firma nació como JV Ingeniería Ltda. Bajo esa razón social, Javier Varela de Ávila firmó contratos con las gobernaciones de Bolívar y Cesar por más de $100.000 millones. Uno de ellos fue para la construcción del Coliseo Mayor, por los Juegos Nacionales de 2019, realizados en Bolívar. Formó parte del Consorcio Escenarios Cartagena.
Otro de los contratos firmados por Varela de Ávila fue para la construcción de la sede de la Universidad Nacional de Colombia en La Paz, Cesar, obra cuestionada por incumplimientos. Allí, Varela participó como integrante de la Unión Temporal Uninal Cesar, a través de su empresa JV Ingeniería Ltda, y como representante legal de la unión temporal.
La Gobernación del Cesar adjudicó esa obra en junio de 2012, por más de $51.000 millones, para una ejecución de 18 meses. Sin embargo, el contrato tuvo varias suspensiones y seis prórrogas. La demora fue tanta que la sede terminó por inaugurarse en 2019, casi siete años después de lo planeado.
Ese mismo año, JV Ingeniería Ltda cambió su razón social a la que tiene hoy: Estructuras, Diseños y Construcciones del Caribe SAS.
Por esa ejecución irregular, la Contraloría General tiene abierto un proceso de responsabilidad fiscal contra la Unión Temporal Uninal, por $2.634 millones.