La locomotora de infraestructura educativa de Bolívar que encendió, en octubre de 2021, el gobernador Vicente Blel Scaff y prometía entregar este 2022 adecuaciones y nuevas escuelas, en algunos pueblos nunca arrancó y en otros está paralizada desde hace meses.
En octubre de 2021, la Gobernación de Bolívar adjudicó cinco paquetes de obras de infraestructura educativa por $194.142 millones a igual número de contratistas. Con adiciones presupuestales, esos contratos hoy suman $208.230 millones:
- Dos de estos paquetes fueron para el mejoramiento de 145 escuelas, por $41.909 millones.
- Los otros tres, para la construcción de 11 colegios nuevos por $166.320 millones.
Esos recursos están entre las inversiones más cuantiosas de lo que va del gobierno Blel. Y, aunque en 43 colegios las obras de adecuación ya están terminadas, hay proyectos de colegios nuevos y de refacciones que, por ahora, son elefantes blancos.
Sin embargo, la Secretaría de Educación le dijo a La Contratopedia Caribe que, al menos, los trabajos de refacción o mejoras estarán listos en diciembre.
Los recursos de la Gobernación en manos de Blel tienen especial lupa desde antes de que se posesionara como mandatario de los bolivarenses, porque en septiembre de 2019 W Radio reveló audios en los que se le escuchó a Vicente Blel Saad, padre y jefe político del gobernador, hablar de coimas entregadas durante la administración de Dumek Turbay, gobierno en el que los Blel tuvieron participación burocrática.
Obras paralizadas y otras que nunca empezaron
Tres de las 11 obras que forman parte de los paquetes de construcción de nuevos colegios están paralizadas. Esas obras paralizadas son:
- Institución Educativa Norosí, la más millonaria de las tres obras de colegios nuevos paralizadas. En estos trabajos la Gobernación invierte $16.282 millones.
- Institución Educativa Alejandro Durán Díaz, municipio de Altos del Rosario. En esa obra la inversión es de $14.386 millones.
- Institución Educativa San Francisco de Loba, en el corregimiento del mismo nombre, municipio de Cicuco. Para esta construcción la Gobernación destinó $13.372 millones.
Según le explicó la Secretaría de Educación de Bolívar a La Contratopedia, esos proyectos están detenidos “por afectaciones de la ola invernal que impiden el acceso de los trabajadores a los colegios, por problemas de orden público en la zona y por renuncias de obreros por distintas razones”.
Las otras ocho obras están entre un 43% y un 70% de ejecución, informó la Secretaría de Educación. Sus fechas de entrega aún no están proyectadas.
A esos casos se suman otros, también estancados, del paquete de mejoramiento y unos frentes que nunca arrancaron, pese a que varios de los pueblos bolivarenses requieren, con urgencia, escenarios académicos dignos.
Las obras de mejoramientos educativos paralizadas son:
- Las de la Institución Educativa Santa Rosa, sede Contadero, del municipio de San Fernando.
- Y la Institución Educativa de Chilloa, en el municipio de Margarita.
La razón que da la Gobernación para que esas obras no hayan continuado son fallas estructurales superiores a las esperadas y oposición de la población, que exige obras "que no se encuentran en el alcance del contrato".
El panorama para siete sedes educativas, ubicadas en los municipios de Cicuco, Talaigua, Mompox, Tiquisio y Pinillos, es aún más complejo: las obras todavía no han iniciado.
- Institución Educativa La Peña, sede Pueblo Nuevo, en Cicuco
- Institución Educativa Las Flores, sede principal, Pinillos
- Institución Educativa de Las Boquillas, sedes principal, rural mixta y La Lobata, en Mompox
- Institución Educativa de Talaigua Nuevo, sede Urbana Mixta Nº 1, Talaigua.
- Institución Educativa de Tiquisio Nuevo, sede principal, Tiquisio.
Según la Secretaría de Educación Departamental esas obras no han comenzado por dos razones: porque los contratistas no consiguen los materiales de construcción que los trabajos requieren y porque los directivos de esas escuelas han solicitado no comenzar hasta no tener la certeza de que los trabajos culminarán en los tiempos planeados.
El temor de los docentes no es descabellado, pues tienen varias evidencias de que inversiones de este tipo suelen comenzar y quedar paralizadas meses después. Hecho que afecta aún más el normal desarrollo de las clases, porque algunos salones se convierten en bodegas y los estudiantes se quedan sin espacios para recibir las clases.
Por ejemplo, en julio pasado estudiantes de los colegios Plácido de Retamoza, en el municipio de San Jacinto del Cauca, y Miguel Nevado Nevado, en el corregimiento Galerazamba, protestaron porque las obras de este ambicioso plan de renovación de infraestructura estaban retrasadas y no tienen suficientes aulas para todos sus estudiantes.
Los contratistas
Cinco consorcios integrados por 11 empresas fueron los privados a los que la Gobernación de Bolívar les adjudicó igual número de paquetes de obras, en su apuesta por renovar la infraestructura educativa del departamento.
Los consorcios que deben construir 11 colegios nuevos son:
1. Infranorte 004. Está integrado por las empresas GRP Constructores SAS y Constructora y Promotora AR SAS. Cada una de esas empresas tiene el 50% de participación. Su representante legal es Hernán Gabriel Fortich Mendoza. Estas mismas firmas se agruparon en el consorcio Educentral 005.
Como Infranorte 004 la Gobernación de Bolívar les adjudicó a esos privados un contrato por $67.279 millones para la construcción de la Institución Educativa Técnica Industrial Don Bosco, en Arjona; la Institución Educativa Oswaldo Ochoa Becerra, en Córdoba Tetón; la Institución San Jose, de Clemencia, y la Institución Educativa Técnica Acuícola, de San Cristóbal.
2. Mientras que como consorcio Educentral 005, a esas empresas la Gobernación les contrató, por $52.947 millones, la construcción de las sedes de la Institución Educativa Alejandro Durán Díaz, de Altos del Rosario; la Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Minera, de San Martín de Loba; la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Julio R. Faciolince, de Barranco de Loba, y la Institución Educativa San Francisco de Loba, de Cicuco.
3. Infraeducativo Sur. Está conformado por las empresas Equipos y Construcciones del Caribe S.A.S, con una participación del 60%; Estructuras, Diseños y Construcciones del Caribe S.A.S., con el 30%, y Constructora Manor S.A.S., con el restante 10%. La representante legal de este consorcio es Grecia Sofía Oñate Calderón.
Esas tres empresas son las encargadas de realizar las obras en las instituciones educativas de Norosí, Autimio Gutiérrez Manjon, de Simití, y Puerto Rico, de Tiquisio. Por esos trabajos la Gobernación le paga al Consorcio Infraeducativo Sur $46.093 millones.
Los otros dos consorcios para completar el paquete de cinco contratado por la Gobernación son Sedes 008 y Zodes 2022, responsables de adecuar 145 sedes educativas.
El consorcio Zodes 2022 está conformado por las empresas Estructuras, Diseños y Construcciones del Caribe S.A.S. y Suministros Proyectos y Obras de Colombia S.A.S., con el 50% de participación. La representante legal del consorcio es Yuri Paola Monterrosa Señar.
A estos privados la Gobernación les adjudicó un contrato por $29.069 millones para la adecuación de 102 sedes educativas: 36 en la subregión de la Depresión Momposina, 36 en la subregión Loba y 30 en la Mojana bolivarense.
El consorcio Sedes 008 está integrado por CQK Construcciones S.A.S., con una participación del 80%, y C Inversiones S.A.S, con el 20% restante. El representante legal es Luis Javier Carrascal Quin.
A este consorcio le fue adjudicado el contrato por $12.840 millones, para la remodelación de 31 planteles en la subregión Dique y 12 en los Montes de María.
¿Colegios financiando campañas?
Una fuente que conoce las movidas políticas de Bolívar le dijo a La Contratopedia que parte de estos contratos de infraestructura educativa fueron clave para la financiación de las campañas de los candidatos del grupo Blel, el pasado 13 de marzo, para las elecciones legislativas.
Aunque no es fácil probar que parte de esa plata terminó en las arcas de las campañas de Yamilito Arana, Nadia Blel y Juliana Aray, sí hay nexos entre los municipios beneficiados con esas obras y las votaciones del 13 de marzo pasado.
En 10 de las 11 poblaciones que reciben esta millonaria inversión en infraestructura educativa, los conservadores fueron la principal votación al Senado. Mientras que en Cámara fueron la principal fuerza electoral.
A pesar de todas estas dificultades en la ejecución de las obras, la Secretaría de Educación Departamental sigue mencionando como fecha de entrega diciembre próximo. Una promesa que no podrá cumplir cabalmente, pues en muchos colegios los trabajos ni han empezado.