Las obras de infraestructura en dos escuelas de San Jacinto del Cauca, municipio del sur de Bolívar, están paralizadas desde hace casi tres semanas porque grupos armados ilegales están extorsionando al contratista, le aseguraron a La Contratopedia Caribe fuentes locales.
Desde mediados de noviembre, los ilegales le ordenaron al Consorcio Zodes 2022 parar los trabajos en las instituciones educativas Tenche y Plácido Retamoza, sede Bermúdez. Y ahora para permitir su reinicio le piden el pago de una suma de dinero.
Sobre la organización criminal y el monto específico de la ‘vacuna’, como se le llama en Colombia a las sumas exigidas por grupos ilegales, La Contratopedia Caribe no obtuvo datos: una fuente dijo desconocer esos detalles, mientras otra prefirió no mencionarlos por miedo a represalias, pues sospecha que su línea telefónica está intervenida.
Esa sospecha no es descabellada, dada la presencia histórica de grupos ilegales en esa zona, como las antiguas Farc, los movimientos de autodefensas y la guerrilla del ELN.
Ahora, con la amenaza de los actores ilegales, las obras educativas en esa población del sur quedan en el aire, después de varios meses de ejecución intermitente.
La inversión educativa en San Jacinto del Cauca forma parte de un paquete de infraestructura contratado por el gobierno de Vicente Blel, en octubre de 2021, por $46.093 millones, para intervenir 145 instituciones de Bolívar. La ejecución de esos millonarios recursos, hasta ahora, ha estado llena de tropiezos.
El impacto de la suspensión
La suspensión de las obras en el municipio del sur de Bolívar perjudica el derecho a la educación, en condiciones dignas, de unos 300 estudiantes, quienes llevan casi un año por fuera de sus salones desde que empezaron los trabajos en las escuelas.
En enero pasado, el Consorcio Zodes 2022 empezó labores en Tenche y Bermúdez. En ambas instituciones la Gobernación de Bolívar contrató reparaciones en aulas y baños.
Según el cronograma socializado por la Secretaría de Educación Departamental con los docentes de cada escuela, las obras debían estar listas a más tardar en marzo pasado. Sin embargo, a corte de la primera semana de diciembre no superan el 60% de ejecución.
Estas demoras se deben a la falta de materiales, a una ejecución intermitente y ahora a la amenaza de actores armados, le dijeron a La Contratopedia fuentes del sur bolivarense.
Para dictar las clases entre febrero y noviembre de este año, los docentes de Tenche y Bermúdez tuvieron que trasladar las aulas a casas comunitarias, parques, kioscos y zonas verdes del municipio.
Desde hace un par de semanas, los estudiantes y profesores están de vacaciones de fin de año y tienen el anhelo de volver a las escuelas en febrero próximo, cuando comience el calendario escolar de 2023. Sin embargo, con la noticia de la suspensión, temen que eso ya no será posible.
El mismo temor sienten las comunidades de otras escuelas del departamento, incluidas en el paquete de mejoramientos contratados por la Gobernación de Bolívar. De 145 escuelas por intervenir, solo 43 están listas; el resto de obras, por ahora, están en el limbo porque en algunos pueblos no han arrancado y en otros están paralizadas desde hace meses.
Sobre la suspensión por la amenaza de actores ilegales, la Gobernación de Bolívar le respondió a La Contratopedia tener “pleno conocimiento de lo ocurrido”.
“Las situaciones de orden público y actuaciones de grupos al margen de la ley han sido uno de los obstáculos para el cumplimiento del cronograma de obra propuesto en este y demás municipios en los que tenemos mejoramiento de sedes educativas y construcción de megacolegios”, respondió el gobierno Blel.
Sobre cómo solucionará esta parálisis, la Gobernación no dio muchos detalles. Le informó a La Contratopedia que continúa trabajando con la fuerza pública, los alcaldes y demás entidades públicas, “en la prevención y atención de estos casos que impiden la inversión del Estado” en las zonas rurales.
Por eso, la administración departamental dice haber “aumentado la presencia de personal y la comunicación permanente con el contratista”, así como el trabajo “en equipo con la comunidad académica”.
La Contratopedia también se comunicó con el contratista de la obra, el Consorcio Zodes 2022, para obtener su versión sobre lo sucedido, pero no obtuvo respuesta.
Una región golpeada por la violencia
Con unos 10.000 habitantes, San Jacinto del Cauca forma parte de la subregión de La Mojana, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en el país.
Históricamente, esa subregión ha sido disputada por varios actores armados, porque su conexión privilegiada con tres de las corrientes fluviales más importantes de Colombia (Magdalena, Cauca y San Jorge) la hacen un territorio apetecido por las economías ilegales.
Según la Defensoría del Pueblo, en La Mojana hoy convergen filas del ELN, y grupos residuales de las desaparecidas Farc y de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Sin embargo, es la organización Clan del Golfo la de mayor presencia en el territorio. Incluso sus hombres han infiltrado las filas de la policía de San Jacinto del Cauca.