Un limbo jurídico en un contrato y una nueva pelea en la plenaria del Concejo de Cartagena dejaron en el aire, esta semana, el proceso de selección del contralor titular de esta capital y la designación de un nuevo funcionario interino, porque al actual se le vence su encargo este 18 de mayo.
Esos dos hechos recientes favorecen a Rafael Castillo Fortich, al frente de la Contraloría Distrital desde noviembre pasado, y al bloque de concejales que están alineados con él.
Los concejales libran ese pulso justo cuando la Contraloría Distrital completa cinco años sin titular, después de que el Consejo de Estado anuló la elección de Nubia Fontalvo en 2017.
Mientras tanto, el control fiscal cartagenero atraviesa por una crisis institucional con tanto tiempo en interinidad.
La pelotera reciente
El último capítulo de la novela alrededor del principal cargo de la Contraloría Distrital fue una caldeada discusión que ocurrió este jueves en la plenaria del Concejo y que terminó con ocho de los 19 concejales retirándose de la sesión, en la que se había planteado la necesidad de elegir a un nuevo contralor encargado.
Resulta que el 18 de mayo vencen los seis meses del encargo en provisionalidad que tiene el abogado Rafael Castillo Fortich. Así quedó establecido en el documento mediante el cual el Concejo lo designó el 18 de noviembre de 2021.
Ante ese escenario, el concejal del partido Alianza Verde, Sergio Mendoza, presentó una proposición para elegir el 28 de abril a un nuevo contralor encargado.
El planteamiento de Mendoza pretendía dar por terminado el encargo de Castillo, pedirle a la Contraloría Distrital las hojas de vida de los funcionarios con rango directivo y, al final de la tarde, seleccionar de esos perfiles al nuevo contralor interino de Cartagena, quien deberá ocupar esa silla hasta que finalmente el Concejo elija al contralor en propiedad.
Dentro de esos perfiles está el del actual contralor Castillo, porque asumió ese encargo siendo Director Técnico de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría y ese es un cargo directivo. Por tanto, Castillo tiene la posibilidad de seguir como contralor encargado varios meses más si así lo decide el Concejo.
Una vez Mendoza planteó el tema, empezó la tensión en la sesión plenaria y el proceso terminó frenado. Lo primero que ocurrió fue el retiro de dos concejales: los conservadores Rodrigo Reyes y Óscar Marín, este último presidente de la corporación. Ambos alegaron conflicto de interés con la Contraloría que les impedía debatir sobre el tema.
El retiro de Marín obligó a los concejales a designar a un presidente para dirigir la sesión. El elegido fue Luder Ariza (Alianza Verde), quien procedió a darle trámite a la proposición de Mendoza, su compañero de partido.
Sin embargo, la lectura de los puntos propuestos por Mendoza fue interrumpida por el concejal de Cambio Radical, Carlos Barrios, quien se opuso a que dicha lectura se diera sin haber sido socializada previamente.
Ariza y Mendoza se negaron a escucharlo e incluso le cerraron el micrófono, lo que llevó a que Barrios y otros siete cabildantes —alineados en un mismo bloque y contrarios a la actual mesa directiva—abandonaran la sesión para romper así el quórum, que no pudiera seguir la sesión y mucho menos aprobarse la proposición.
Rompieron el quórum:
- César Pión (La U)
- Lewis Montero (La U)
- Wilson Toncel (Cambio Radical)
- Luis Cassiani (Cambio Radical)
- Rafael Meza (Conservador)
- David Caballero (Conservador)
- Liliana Suárez (ASI)
- Hernando Piña (Liberal).
Tras el choque, la proposición de Mendoza fue enviada al correo electrónico de los concejales la noche del jueves y ahora esa corporación tendrá hasta el 10 de mayo, cuando termina el actual periodo de sesiones, para elegir a un nuevo encargado en el órgano de control fiscal de Cartagena.
La Contraloría debe seguir en interinidad porque hay un limbo jurídico en el proceso de selección de quien debe ocupar la silla de titular.
El limbo jurídico
El 30 de marzo, el Concejo convocó a un proceso de mínima cuantía (por $20.000.000) para contratar a una universidad encargada de realizar las pruebas técnicas a los candidatos a contralor distrital.
Después de varios cambios en el cronograma y de alertas emitidas por el alcalde de Cartagena William Dau, el proceso debía terminar el 20 de abril con la selección de una institución de educación superior, responsable de realizar las pruebas técnicas a los aspirantes al cargo.
Ese día, Carolina Lozano, presidenta ad hoc del Concejo para este proceso, le comunicó a la Universidad de la Costa (CUC) que su oferta por $15.500.000 había sido aceptada.
La luz verde de Lozano se dio después de tres evaluaciones, realizadas por un comité de tres miembros: María Margarita Monterroza, abogada y asesora del Concejo; Laura Valdés Bohórquez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Cabildo, y Ahisamac Rodríguez Hernández, director financiero de la misma entidad.
En una primera revisión, los evaluadores le pidieron a la CUC subsanar algunos documentos y justificar el monto de la oferta.
En una segunda evaluación, Valdés y Rodríguez calificaron el monto de la oferta presentada por la CUC como “anticompetitiva”. La abogada Monterroza no respaldó ese concepto.
La revisión final arrojó la sugerencia de contratación porque la CUC había respondido todas las inquietudes, previamente, planteadas. Ese concepto lo firmaron Valdés Bohórquez y Monterroza.
Siguiendo la recomendación de las dos evaluadoras, antes de las 5:00 pm del 20 de abril —plazo máximo para que el Concejo contratara o declarara desierto el proceso—, la presidenta ad hoc Lozano le comunicó a la CUC que su propuesta había sido aceptaba.
El Concejo publicó ese oficio, ese mismo día a las 5:04 pm, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).
Tan pronto Lozano comunicó la aceptación de la oferta, en el Concejo comenzó un verdadero galimatías legal que todavía hoy no se resuelve.
Mientras las evaluadoras Valdés y Rodríguez sugerían contratar a la CUC, el tercer evaluador (Ahisamac Rodríguez Hernández, director financiero del Concejo) le enviaba a la Mesa Directiva de este proceso un oficio en el que les notificaba un error en el certificado de disponibilidad presupuestal que sustentaba la contratación.
El error lo habían advertido dos miembros de esa misma mesa el día anterior, es decir, el 19 de abril.
Por ese error, el certificado debía anularse y el contrato, por tanto, se quedaba sin piso económico pese a que ya había sido adjudicado. Por ley, en Colombia los procesos de contratación pública no pueden convocarse ni mucho menos adjudicarse si no cuentan con un certificado que respalde su financiación.
Ese error de procedimiento se dio porque el certificado presupuestal lo autorizó la oficina financiera del Concejo por solicitud de la presidenta ad hoc Carolina Lozano. Sin embargo, el ordenador del gasto en el Concejo es quien funge de presidente y dicha función solo puede delegarla si así queda establecido en un acto administrativo.
El presidente del Concejo de Cartagena para este 2022 es Óscar Marín, quien asumió esa responsabilidad después de la captura con un kilo de clorhidrato de cocaína de la liberal Gloria Estrada, inicialmente escogida como presidenta de esta corporación el semestre pasado.
Sin embargo, Carolina Lozano es la presidenta ad hoc para este proceso porque Marín está impedido: tiene tres investigaciones de responsabilidad fiscal en la Contraloría local, desde 2018, por decisiones que tomó siendo director del Fondo de Pensiones del Distrito.
Lozano asumió la presidencia ad hoc sin un oficio que estableciera que quedaba como ordenadora del gasto para la elección del contralor, es decir, que podía solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal para convocar el proceso de contratación de la universidad.
Lozano solicitó ese certificado el 28 de marzo y lo autorizó el profesional universitario Tomás Romero Mercado, funcionario de la oficina financiera del Concejo. El certificado quedó aprobado con el número 33.
Las alertas de posibles errores de procedimiento sólo salieron a flote a pocas horas de la adjudicación del contrato a la CUC, pese a que dicha convocatoria estaba abierta desde el 30 de marzo. Es decir, desde hacía tres semanas.
Dado que lo ocurrido con el certificado presupuestal es más propio de servidores públicos novatos y los involucrados (Carolina Lozano, quien lo solicitó; Óscar Marín, quien debía solicitarlo, y Ahisamac Rodríguez Hernández, director financiero del Concejo) tienen experiencia trabajando en distintas instituciones públicas cartageneras, ese aparente error parece más una estrategia dilatoria. Así se lo expresó a La Contratopedia Caribe un concejal consultado.
Con el limbo que ahora se ha generado, serán los abogados del Concejo y de la CUC los llamados a resolver el proceso para seleccionar al nuevo contralor de Cartagena. Mientras tanto, esta coyuntura favorece a Castillo Fortich y a su grupo de concejales aliados.
Los que ganan (por ahora)
Rafael Castillo Fortich llegó a la dirección de la Contraloría Distrital en noviembre pasado, después de ser votado por seis de los 19 concejales. Fueron ellos:
- Lúder Ariza Sanmartín
- Gloria Estrada Benavides (suspendida y en casa por cárcel)
- Sergio Mendoza
- Laureano Curi Zapata
- Kattya Mendoza Saleme y
- Javier Julio Bejarano.
Los otros 13 concejales no votaron porque siete estaban recusados; dos, impedidos; dos se abstuvieron y dos más estaban ausentes.
Castillo Fortich es visto en Cartagena como un contralor que actúa más con criterio político que técnico, una imagen que se debe en parte a las críticas y acusaciones públicas que le ha hecho el último semestre el alcalde de Cartagena William Dau debido a sus nexos políticos con el senador Lidio García y con los concejales que votaron por él, incluida la capturada concejal Gloria Estrada.
Estrada, los concejales que eligieron a Castillo Fortich y Óscar Marín (quien no pudo votar por el contralor, pero es su aliado) forman parte de un bloque que armó una coalición mayoritaria (son 10 cabildantes en total), el año pasado, para escoger a la mesa directiva del Concejo 2022.
Marín, inicialmente, sería vicepresidente pero debido a la captura de Gloria Estrada asumió la presidencia interina en enero pasado. Carolina Lozano, del partido ASI, fue elegida segunda vicepresidenta.
Parte de esos nexos políticos y alianzas salieron a flote en una reciente pelea que protagonizaron los concejales Óscar Marín (Conservador) y Carlos Barrios (Cambio Radical).
En medio del cruce verbal, que sostuvieron delante de sus compañeros, dieron a entender que la Contraloría Distrital está politizada porque abre y cierra procesos contra los concejales que no se alineen con el contralor de turno.
“En esta plenaria todos sabemos quiénes son los amigos del contralor (…) porque aquí en este Concejo cualquiera que se acerca a un fosforito se le pueden prender los zapatos, así que no vengamos a tirar aquí cartas de moralismo”, arengó Barrios.