La decisión del Juez 18 Penal Municipal de imponer casa por cárcel a la presidenta del Concejo, Gloria Estrada Benavides, abre varios caminos sobre el futuro de su curul, y golpea el poder de una cabildante considerada en la Cartagena política como una figura en ascenso y con vasos comunicantes con la Contraloría Distrital.
Estrada es procesada junto a dos aliados políticos: su novio Martín Barreto, enviado por el mismo Juez 18 Penal Municipal a un centro de reclusión, y el excandidato a edil Avelino Villamizar, también cobijado con casa por cárcel y quien iba con la pareja en la camioneta donde la Policía encontró un kilo de cocaína, el 14 de enero, en el barrio Manga.
Desde la captura de la cabildante del Partido Liberal —hecho que desprestigia aún más la corporación que preside—, en Cartagena empezaron a escucharse voces que piden su renuncia a la presidencia y a la curul. Esas voces se multiplican tras la medida privativa de libertad que el Juez dictó de forma preventiva, mientras avanza su proceso penal por fabricación, porte y tráfico de estupefacientes.
Más allá de esas voces, la mayoría de ellas del sector gremial y de organizaciones civiles, la casa por cárcel le impedirá a Estrada ejercer su cargo de concejal y le plantea una falta temporal que para algunos abogados puede terminar en la aplicación de la silla vacía.
Pero, especialmente, este lío judicial golpea su carrera política, cuyo ascenso ha sido vertiginoso durante la última década.
Dudas por la curul
Tres días después de la captura de Estrada, el Consejo Nacional de Control Ético del Partido Liberal ordenó su suspensión provisional por tres meses prorrogables, tiempo en el que pierde el “derecho de voz y voto como concejal” de Cartagena.
Ese partido la avaló en 2019 para que diera el salto de la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía al Concejo, tras recibir luz verde de Lidio García, líder de los rojos en Bolívar, expresidente del Senado y actual cabeza de lista por los liberales para las legislativas de marzo.
De hecho el vehículo en el que Estrada fue capturada, el 14 de enero, tenía publicidad alusiva a García, porque lo apoya en su carrera por mantener la curul en el Senado, según le confirmó el mismo congresista a W Radio.
“Hace poco empezamos una relación, hace muy poco. Ellos (Estrada y su grupo) tomaron la decisión el 23 de diciembre, que me visitaron y me dijeron: ‘Bueno, senador, lo vamos a apoyar. Creemos que tenemos que responder a la colectividad’. Hasta ahí, esa es mi relación con ella”, detalló García sobre sus vínculos con la ahora detenida. Sin embargo, hechos recientes controvierten sus declaraciones.
Sin voz ni voto, Estrada no podrá ejercer este 2022 como presidenta del Concejo de Cartagena, dignidad que ganó el 7 de octubre pasado, cuando fue elegida por 10 concejales que formaron una coalición mayoritaria para respaldarla. Ahora, esa corporación deberá definir quién asume la presidencia y cómo quedará conformada su mesa directiva.
Aunque la concejal no está condenada y goza de presunción de inocencia, imputada y con casa por cárcel, varias voces en Cartagena invocan la figura de la silla vacía para el Partido Liberal, basados en el artículo 134 de la Constitución colombiana, modificado en 2015 por el acto legislativo 02. Esa norma, sin embargo, deja un margen interpretativo alto porque establece esa figura para quienes sean condenados.
Ese artículo precisa que los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular (los concejales, por ejemplo) no tendrán suplentes ni podrán ser reemplazados, cuando existan medidas privativas de la libertad por actividades de narcotráfico, como ocurre con Estrada, a quien la Fiscalía le imputó fabricación, porte y tráfico de estupefacientes.
Pero, el mismo artículo 134 contempla la posibilidad de que Estrada sea reemplazada por el candidato que sigue en orden descendente en la lista liberal, en este caso Bruno Enrique Hernández Ramos.
La Contratopedia Caribe consultó a la jefe de la oficina jurídica del Concejo Laura Valdez para obtener un concepto jurídico de esa corporación sobre la curul de Estrada, pero no obtuvo respuesta. Esa entidad solo se pronunció el 18 de enero para respaldarla.
Los argumentos del Juez
El juez Rubén Galarza Mendoza acogió el argumento de la Fiscalía sobre la probabilidad de que Estrada, Villamizar y Barreto conocieran la presencia del kilo de clorhidrato de cocaína con el que fueron detenidos a las 12:55 del 14 de enero en Manga, cuando se desplazaban en una camioneta Ford, de placas IXT-443.
(Más detalles de la medida de aseguramiento, en este hilo de Twitter).
Esa probabilidad existe, según el informe de captura en flagrancia presentado por los patrulleros de la Policía que requisaron el vehículo, porque esa sustancia estaba a “simple vista” y “tapada con unas hojas blancas” debajo del asiento del conductor, dijo el Juez.
A eso se suma, manifestó el Juez, una intención de evadir la requisa policial y un posterior intento de soborno para que no se realizaran la capturas, pues los patrulleros manifestaron en su informe que hubo ofrecimientos de dinero para intentar “arreglar” in situ la situación.
El Juez consideró que este caso no es “baladí” porque se trata de un hecho grave, pues no cualquiera tiene acceso a un kilo de clorhidrato de cocaína y los imputados son señalados por la Policía de haber intentado evitar la requisa, alegando su posición privilegiada en la sociedad (Estrada, su rol de concejal y Barreto, de “político”).
Al momento de definir las medidas para los tres procesados, el Juez consideró que para Estrada y Villamizar era suficiente con una detención domiciliaria. Para Barreto definió detención en cárcel, alegando que al momento de su captura portaba un arma sin permiso vigente.
La delegada de la Procuraduría presentó recurso contra la decisión del Juez y pidió medida de aseguramiento intramural para Estrada y Villamizar. Será un juez superior jerárquico (asignado por reparto) quien decida si la envía a la cárcel.
En su defensa, la concejal Estrada dijo que no conocía la existencia de la droga, porque a la camioneta (conducida por su novio Martín Barreto) se montó como copiloto para ir de las instalaciones del Concejo, en la Calle del Arsenal, a su casa en Pie de La Popa.
También negó haber intentado evadir la requisa aludiendo a su condición de concejal, pues presentó su carnet de cabildante como parte de los documentos de identidad que los uniformados le pidieron.
(Más detalles con los argumentos de la defensa, en este hilo de Twitter).
Ahora la investigación pasará a manos de un fiscal de conocimiento que deberá, en un término de 90 días, presentar el escrito de acusación ante el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento al que le sea asignado el caso para que Estrada quede formalmente acusada.
Como Estrada estará más en función de su defensa que del Concejo, hay presión ciudadana para que renuncie a la curul.
Así sea inocente por dignidad y por respeto a la corporación la presidenta del Concejo debe renunciar !!!
— Cesar Pereira (@Cesar_XVIII) January 21, 2022
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El poder golpeado
Sin la presidencia del Concejo y sin voz ni voto, Estrada sufre un revés como poder emergente de la política cartagenera y ante eventuales aspiraciones electorales.
La concejal obtuvo un cupo en esa corporación en 2019, avalada por el partido Liberal, después de ocho años como edil del cuestionado Partido de Integración Nacional, hoy Opción Ciudadana.
Sus orígenes se remontan al grupo de la condenada Enilce López, alias ‘La Gata’, otrora poderosa empresaria del chance en el Caribe, que la apoyó para llegar a la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía de Cartagena.
Ahora tiene grupo político propio, del que forman parte las dos personas con las que fue capturada: su pareja Martín Barreto, quien intentó fallidamente estar en la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes para las elecciones de marzo y luego adhirió a la campaña del exconcejal conservador Fernando Niño, y el mánager de artistas y excandidato liberal a la JAL de la localidad Histórica y del Caribe Norte, Avelino Villamizar.
Con el guiño del senador Lidio García (uno de los principales poderes políticos de Bolívar), Estrada comenzó a fungir como concejal desde el 1 de enero de 2020 y el año pasado se ganó la presidencia de esta corporación, con el apoyo de 10 concejales.
Esa dignidad es clave, pues como presidenta es la llamada a dirigir la plenaria del Concejo durante 2022, a convertirse en la voz líder de las relaciones entre los concejales y el Distrito, y a ser la ordenadora del presupuesto del Concejo, aprobado para este año en $11.481 millones.
Estrada tiene además vasos comunicantes con el contralor distrital Rafael Castillo Fortich, cercano a Lidio García y a quien en el Concejo lo ven como parte del grupo político de Estrada. Ella fue una de las seis concejales que apoyó su elección, el 18 de noviembre, en reemplazo de Fredy Quintero Morales.
En Cartagena ese cargo está en vacancia desde 2017, cuando el Consejo de Estado anuló la elección de Nubia Fontalvo.
La concejal y el contralor Castillo son vecinos del mismo conjunto residencial en Pie de La Popa (“A Gloria Estrada me la encuentro todos los días en un ascensor: en la mañana, al mediodía y en la tarde”, dijo) y Adriana Hernández, esposa del contralor, trabaja en el Concejo como asesora de la Comisión Primera. Ella fue una de las últimas personas con la que Estrada habló, el 14 de enero, poco antes de ser capturada.
Las relaciones de Estrada y del contralor han sido criticadas, reiteradamente, por el alcalde William Dau. En un reciente video aseguró que varias de las investigaciones abiertas a sus funcionarios son retaliaciones por sus cuestionamientos a los organismos de control y a concejales como Estrada.
La situación judicial de Estrada está lejos de resolverse. Mientras tanto, su imputación por narcotráfico deja al Concejo vilipendiado para iniciar sesiones ordinarias este 2022, maltrata aún más la ya frágil institucionalidad cartagenera y pone a prueba su emergente poder político.