La Alcaldía de Cartagena anunció este miércoles que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) operarán el alumbrado público de esta capital durante 2021, evidencia de que esta capital tuvo que recurrir, otra vez, a una solución de corto plazo.
Con la llegada de EPM, el alumbrado cartagenero seguirá administrado por un tercero, pese a que el alcalde William Dau presentó las nuevas condiciones de operación como si el servicio lo fuera a manejar, directamente, su gobierno el resto del año.
“Esta es una excelente noticia para la ciudad, la Administración de Salvemos Juntos a Cartagena recupera, después de dos décadas, el manejo del alumbrado público. Tuvieron que pasar más de 20 años para que el Distrito tuviera el manejo directo y volviéramos a tener el control de este servicio, que busca mejores condiciones de expansión, modernización y financieras”, explicó el alcalde, al aludir a Iluminemos Cartagena, el operador por 22 años que no estuvo exento de críticas por la calidad del servicio que prestó.
Con el contrato que firmó con EPM, el alcalde incumplió su promesa de licitación pública.
Las nuevas condiciones y la promesa rota
La llegada de EPM se da tres semanas después de que William Dau le anunció a los cartageneros que el Distrito sería el operador de las luminarias, mientras su equipo de trabajo encontraba una solución para la prestación de ese servicio.
Esa operación distrital era, además, un plan de emergencia tras la negativa del Concejo a un proyecto que contemplaba el uso de vigencias futuras y la figura de contrato interadministrativo para entregarle la operación a un tercero durante los próximos 10 años.
Según Dau dijo horas antes de vencérsele el contrato a Iluminenos Cartagena —el saliente concesionario—, el Distrito sería el operador de las luminarias públicas con energía suministrada por Afinia, empresa del grupo EPM que desde octubre pasado presta el servicio de energía domiciliaria en Bolívar.
Esa operación directa ha implicado que, estas últimas semanas, el alumbrado público esté bajo la batuta de la Secretaría General, encargada de vigilar los servicios públicos en Cartagena y liderada por Adelfo Doria.
Ahora, con la llegada de EPM, hay nuevas medidas de operación desde el 1 de febrero.
Cartagena le pagará a esa empresa $26.577 millones por hacerse cargo de sus luminarias públicas hasta el 31 de diciembre próximo. De esa suma, la Alcaldía anunció $22.285 millones para “modernización, expansión y actividades complementarias” y el resto para administración, operación y mantenimiento.
El contrato con EPM también incluye la decoración navideña de este año.
El Distrito dijo que estas nuevas condiciones no implicarán cambio alguno en la tarifa del impuesto de alumbrado, que los cartageneros pagan todos los meses en su recibo de energía domiciliaria.
Mientras que Dario Amar Flórez, vicepresidente ejecutivo de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología de EPM, prometió que esa empresa trabajará con “mano de obra local”.
También desde este 1 de febrero estará vigente la interventoría de ese contrato, firmada por el Distrito con Qbm2 Ingeniería Electrica SA, a 11 meses por $1.640 millones. Esa firma es propiedad del ingeniero William Murra, interventor del contrato de Iluminemos Cartagena.
Con la entrada en operación de EPM, el alcalde Dau rompe la promesa de licitación pública que hizo en diciembre de 2019, cuando el Concejo le dio facultades al entonces mandatario Pedrito Pereira para que le prorrogara por segunda vez el contrato a Iluminemos Cartagena, vigente desde 1998.
Dau, para aquel momento recién electo, criticó especialmente esa medida porque un monto millonario de operación anual no debería entregarse sin convocatoria pública. Sin embargo, su administración también terminó firmando por una suma millonaria con EPM.
La figura legal del contrato interadministrativo, contemplada en el Estatuto General de Contratación Pública, la suscriben dos entidades para la prestación de servicios y se rige bajo la modalidad de contratación directa.
Justamente esa figura ya la habían criticado, el semestre pasado, algunos concejales, cuando el Distrito buscaba comprometer vigencias futuras por hasta $464.000 millones para la operación del alumbrado. De hecho, el concejal Javier Julio Bejarano, quien hasta hace algunos meses fue aliado de Dau, lo señaló de adoptar las mismas prácticas de la clase política a la que tanto suele señalar.
El otro asunto que sale a flote con la llegada de EPM es que Cartagena sigue sin encontrar una solución de largo plazo para la operación de su alumbrado. Desde 2018, cuando vencía el contrato original que la administración de Nicolás Curi firmó a 20 años, la ciudad ha apelado a soluciones temporales: primero, firmó dos prórrogas (de un año cada una) con el saliente concesionario y ahora acude a otro contrato anual, esta vez con EPM.
La solución a largo plazo aún es incierta, pues “la administración no ha tomado una decisión al respecto”, le dijo la Secretaría General a La Contratopedia al ser consultada sobre la posibilidad de una licitación pública.
Las dudas que llegaron con el nuevo contrato
Desde que el Distrito anunció el miércoles la llegada de EPM, algunas voces en Cartagena comenzaron a preguntarse en privado cómo ha estado operando las últimas semanas el alumbrado público en esta capital, pues no ha habido mucha información de parte de la administración Dau al respecto.
Esas dudas tomaron más fuerza con la declaración que Raymundo Pereira, representante legal del concesionario saliente, le dio a El Universal. Allí dijo que el contrato sigue sin liquidarse, que el Distrito no ha recibido los “bienes pertinentes”, propios de la operación del alumbrado, y que no ha habido reuniones recientes entre la empresa que representa y los funcionarios locales.
Para garantizar la iluminación en las calles desde la primera semana de enero —le explicó la Secretaría General a La Contratopedia—, el Distrito le ha comprado la energía a Afinia y le contrató, por un mes, el mantenimiento de las redes a Caribe Mar de la Costa. Ambas empresas son filiales del grupo EPM.
(Lea aquí la respuesta completa del Distrito).
El Distrito negoció la energía con Afinia para todo el 2021, mientras que el servicio técnico con Caribe Mar estará vigente hasta el 5 de febrero próximo, tras un contrato por $82.518.926.
La Secretaría General explicó que además dispuso de una línea telefónica (6411370) y un correo electrónico para “atender las solicitudes” de los usuarios (alumbradopublico@cartagena.gov.co).
El nuevo operador
Creada en agosto de 1965 en Medellín, EPM es una compañía de servicios públicos domiciliarios que, aunque en sus inicios solo atendía a los habitantes de la capital de Antioquia, ha expandido sus servicios a más regiones.
Tiene el 35% de la distribución y comercialización de energía en Colombia, que es el tope máximo permitido, y 55 años de experiencia en alumbrado público, iluminando las calles y parques de Medellín.
Esta empresa, 100% pública, es de propiedad de la ciudad de Medellín. Su administración depende de una Junta directiva, presidida por el alcalde de esa capital, actualmente Daniel Quintero Calle. El mandatario de turno tiene la potestad de nombrar a cinco de los ocho integrantes de esa junta. El representante legal de EPM es su gerente general, cargo ocupado hoy por Álvaro Guillermo Rendón López.
EPM fue noticia en agosto del año pasado, cuando la Junta Directiva en pleno renunció ante la decisión unilateral del alcalde Quintero Calle y el gerente Rendón López de demandar por $9.9 billones a los constructores y las aseguradoras del polémico proyecto de Hidroituango. La renuncia de la Junta causó revuelo y fue vista como una evidencia de una crisis corporativa inédita en una compañía símbolo de Colombia.
Tras esas renuncias, el alcalde Quintero nombró a los nuevos integrantes de la Junta:
- El abogado y expresidente de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio;
- El exalcalde de Medellín Omar Flórez Vélez;
- El exsuperintendente de Industria Pablo Felipe Robledo;
- La abogada y docente Bernardina Pérez Restrepo;
- El ingeniero mecánico Guillermo Diosa Pérez;
- El ingeniero civil Jorge Carrillo Cardoso;
- El licenciado Olmer Palacio Garzón, y el vocal de control de servicios públicos Gildardo Correa Salazar.
Esa empresa fue una de las tres que presentó en el Concejo de Cartagena, el 12 de noviembre pasado, su propuesta de operación del alumbrado público de esa capital a largo plazo. La corporación rechazó esa iniciativa del gobierno de William Dau por dudas jurídicas en las condiciones de operación. Las otras dos firmas fueron las de economía mixta Enel- Codensa y Alumbrado Público de Barranquilla.