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Desde el 5 de enero el Distrito de Cartagena asumió la operación del alumbrado público, mientras la Alcaldía encuentra una solución a largo plazo. /Foto: Tatiana Velásquez

Distrito, el nuevo operador (temporal) del alumbrado público de Cartagena

Durante 2021, la Alcaldía de Cartagena manejará directamente la operación de sus luminarias públicas con energía suministrada por Afinia, filial del grupo EPM.

Cartagena amaneció hoy con un nuevo esquema de operación del alumbrado público, después de semanas de incertidumbre. El alcalde William Dau anunció anoche que el Distrito asumirá, durante un año, la operación de ese servicio con la energía que le suministrará la empresa Afinia y evitará así que las calles de la ciudad queden a oscuras.

 

 
 
 
 
 
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Esa medida temporal, dijo el alcalde, le permitirá a su administración encontrar un nuevo camino que le garantice a la ciudad la prestación de ese servicio a largo plazo, en reemplazo de la saliente empresa Iluminemos Cartagena, operador del alumbrado desde 1998 y hasta la medianoche de ayer.

La medida temporal también le sirve al Distrito como un plan de emergencia ante la negativa del Concejo a su proyecto inicial de operación del alumbrado público, vía convenio interadministrativo y con vigencias futuras.

“El Distrito tiene contemplado contratar posteriormente el manejo de la operación y mantenimiento del sistema con un nuevo operador de alumbrado”, dijo la Alcaldía a través de un comunicado. Ese operador puede ser público, privado o mixto.

Con el Distrito asumiendo la operación del alumbrado público este 2021, la dependencia que manejará ese servicio será la Secretaría General, encargada de vigilar los servicios públicos en Cartagena y desde ayer en manos de Adelfo Doria. Este abogado, que venía desempeñándose como jefe de talento humano de la Alcaldía, reemplaza a Diana Martínez.

La salida de Iluminemos Cartagena implica también un cambio en la administración de los semáforos de la ciudad, pues la concesión con ese operador incluía dicha obligación. La semaforización de la ciudad ahora pasará a manos del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

El alcalde Dau anunció que está en marcha un proceso de contratación para el “mantenimiento correctivo” de la infraestructura de alumbrado público y otro para la interventoría que vigilará al nuevo operador. La interventoría del alumbrado cartagenero hasta ayer estuvo a cargo de QBM2 Ingeniería Eléctrica SA, cuyo representante legal es William Murra Babun.

La empresa que suministrará la energía

Afinia es desde el pasado 1 de octubre el prestador de energía eléctrica de 1.5 millones de usuarios en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena, tras la salida de operación de Electricaribe en siete de los ocho departamentos del Caribe (excepto el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde opera Sopesa).

Afinia hace parte del Grupo EPM, que desde octubre pasado tiene el 35% de la distribución y comercialización de energía en Colombia, que es el tope máximo permitido.

Creada en agosto de 1965 en Medellín, EPM (Empresas Públicas de Medellín) es una compañía de servicios públicos domiciliarios que, aunque en sus inicios solo atendía a los habitantes de la capital de Antioquia, ha expandido sus servicios a más regiones.

Esta empresa, 100% pública, es de propiedad de la ciudad de Medellín. Su administración depende de una Junta directiva, presidida por el alcalde de esa capital, actualmente Daniel Quintero Calle. El mandatario de turno tiene la potestad de nombrar a cinco de los ocho integrantes de esa junta. El representante legal de EPM es su gerente general, cargo ocupado hoy por Álvaro Guillermo Rendón López.

EPM fue noticia en agosto de este año, cuando la Junta Directiva en pleno renunció ante la decisión unilateral del alcalde Quintero Calle y el gerente Rendón López de demandar por $9.9 billones a los constructores y las aseguradoras del polémico proyecto de Hidroituango. La renuncia de la Junta causó revuelo y fue vista como una evidencia de una crisis corporativa inédita en una compañía símbolo de Colombia.

Tras esas renuncias, el alcalde Quintero nombró a los nuevos integrantes de la Junta

  • El abogado y expresidente de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio;
  • El exalcalde de Medellín Omar Flórez Vélez;
  • El exsuperintendente de Industria Pablo Felipe Robledo;
  • La abogada y docente Bernardina Pérez Restrepo;
  • El ingeniero mecánico Guillermo Diosa Pérez;
  • El ingeniero civil Jorge Carrillo Cardoso;
  • El licenciado Olmer Palacio Garzón, y el vocal de control de servicios públicos Gildardo Correa Salazar.

Esa empresa fue una de las tres que presentó en el Concejo, el 12 de noviembre pasado, su propuesta de operación de alumbrado público dentro del plan inicial de operación que tenía para este 2021 la administración Dau. Las otras dos fueron las firmas de economía mixta Enel- Codensa y Alumbrado Público de Barranquilla.

Ese plan recibió luz roja en el Concejo.

El intento fallido de la administración Dau

El anuncio de operación temporal del Distrito llega después del intento fallido de la administración de William Dau de lograr la aprobación del Concejo de vigencias futuras por hasta $464.000 millones. Con esos recursos, el Distrito buscaba celebrar todos los contratos necesarios para seleccionar a un operador, vía convenio interadministrativo, por la próxima década.

Ese proyecto, archivado por el Concejo el pasado 23 de diciembre por “no ajustarse a las normas jurídicas”, no estuvo exento de críticas porque Dau le apostaba a una modalidad de contratación directa, en contravía de la promesa de licitación pública que hizo a finales de 2019, cuando el Concejo le dio facultades al entonces alcalde Pedrito Pereira para que le prorrogara por segunda vez el contrato a Iluminemos Cartagena.

Desde hace dos años Cartagena debió haber encontrado una solución de largo plazo para su alumbrado público porque el contrato de operación, vigente desde 1998, concluyó en 2019, pero la ciudad optó por dos prórrogas, de un año cada una. 

El saliente operador recaudó más de $400.000 millones del impuesto pagado por los cartageneros. Un lucrativo servicio, cuyo contrato tuvo seis prórrogas y no estuvo libre de críticas por la cantidad de zonas de la ciudad que permanecen a oscuras, algo que ese privado le atribuyó siempre a la falta de inversión distrital en infraestructura y al robo continuo de cables. 

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