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La concesión de alumbrado público de Cartagena ha sido criticada desde sus inicios por la deficiente iluminación de las zonas públicas de la ciudad. /Foto: Tatiana Velásquez

Los rostros y críticas que rondan la selección del operador del alumbrado público de Cartagena

Wiliam Dau le apuesta a un convenio interadministrativo para adjudicar una de las concesiones más lucrativas de la capital de Bolívar. Ese camino, que se rige por la contratación directa, va en contravía de la licitación que prometió como alcalde electo, poco antes de posesionarse.

El millonario negocio del alumbrado público de Cartagena ha sido noticia los últimos días porque el alcalde William Dau le pidió facultades al Concejo para comprometer vigencias futuras, por hasta $464.000 millones, para suscribir todos los contratos que garanticen la prestación de ese servicio desde 2021 con un nuevo operador.

Iluminemos Cartagena, el privado detrás del alumbrado cartagenero desde 1998, ha recaudado más de $400.000 millones del impuesto pagado por los cartageneros. Un lucrativo servicio que no ha estado libre de críticas por la cantidad de zonas de la ciudad que permanecen a oscuras, algo que el privado le atribuye a la falta de inversión distrital en infraestructura y al robo continuo de cables. 

Pese a que desde distintos sectores de Cartagena claman por el cambio en la operación, el primer paso para que eso se dé no ha estado libre de críticas.

Críticas por la falta de tiempo y el tipo de contratación

El proceso para cambiar el operador ha sido criticado en Cartagena por veedores, concejales y exconcejales por el tipo de contratación que la administración Dau propone. Este gobierno le apuesta a un convenio interadministrativo, es decir, a una figura legal contemplada en el Estatuto General de Contratación Pública que suscriben dos entidades para la prestación de servicios y se rige bajo la modalidad de contratación directa.

Justamente por ser una modalidad de contratación directa le han llovido las críticas a Dau, porque él prometió a finales de 2019 que el nuevo operador sería escogido a través de una licitación pública. Esa promesa la hizo en diciembre pasado, cuando el Concejo le dio facultades al entonces alcalde Pedrito Pereira para que le prorrogara por segunda vez el contrato a Iluminemos Cartagena, vigente desde 1998.

El reproche ha sido mayor porque para muchos un convenio interadministrativo es, al final de cuentas, una contratación a dedo. De hecho, el concejal Javier Julio Bejarano, quien hasta hace poco fue aliado de Dau, lo señaló de adoptar las mismas prácticas de la clase política que tanto señala.

“Eso es lo que haría el rival político que él venció en las urnas, y no sabe uno hoy si el remedio va a ser peor que la enfermedad. Él debería dar ejemplo con su administración”, dijo el concejal en un video que compartió en Facebook.

Los cuestionamientos tampoco han faltado porque el Distrito no siguió las recomendaciones de Findeter, entidad a la que contrató para que lo asesorara en el cambio de operador. 

En febrero pasado, como parte de esa asesoría, esa entidad dio cinco opciones: la primera fue la prestación directa del servicio, es decir, que lo asumiera la Alcaldía de Cartagena. La segunda recomendación fue la suscripción de un contrato de concesión, para lo cual el Distrito tenía que convocar a una licitación, o prorrogar y modificar el contrato existente.

La tercera posibilidad era la suscripción de un contrato interadministrativo, que es la salida por la que se definió el gobierno de Dau. La cuarta opción era la estructuración de un mecanismo de vinculación de capital privado, como una APP, y como última opción, Findeter recomendó una empresa de economía mixta, es decir, con participación accionaria del Distrito y de empresas privadas.

Tampoco le han faltado críticas a la administración distrital desde el Concejo por propiciar una discusión, sobre el cambio de operador, a menos de tres meses de que se venza el contrato vigente. 

Resulta que pese a la anunciada fecha de vencimiento, que es el próximo 4 de enero, el gobierno distrital solo le presentó al Concejo un proyecto de acuerdo para estudiar ese asunto, el pasado 20 de octubre. Con ese proyecto, Dau busca facultades para comprometer vigencias futuras, desde 2021 hasta 2030, para cerrar el negocio con un nuevo operador. 

El asunto aún es debatido en esa corporación y a menos de mes y medio de que se venza el contrato del actual operador todavía no es clara la posición que tomarán los cabildantes, con quien Dau ha tenido una relación tensa desde antes de llegar al Palacio de La Aduana.

De hecho, en un debate de control político reciente al que asistió la secretaria General encargada, Myrna Martínez, los concejales manifestaron varias inquietudes sobre los tres componentes del servicio de alumbrado: el suministro de energía; la administración, operación y mantenimiento, y las proyecciones de inversión. Inquietudes que, insistieron, no están claras en el proyecto de acuerdo.

Ante las críticas por el tiempo y por elegir la tercera opción que le dio Findeter, la administración Dau respondió, a través de la secretaria Martínez, que aunque ese estudio llegó al Distrito en febrero pasado, “se debía estudiar en detalle” y “solo hasta junio se logró terminar esta tarea”. Por esa razón —continuó la funcionaria— al Distrito le quedó poco tiempo y no podía apostarle a una licitación durante este segundo semestre.

Para seleccionar la empresa con la cual suscribir el convenio interadministrativo, el Distrito convocó a las firmas de economía mixta Enel- Codensa y Alumbrado Público de Barranquilla y a la estatal EPM. Esas compañías presentaron sus propuestas ante el Concejo el pasado 12 de noviembre.

Si una de esas firmas es seleccionada, tendrá el reto de modernizar en menos de cuatro años el alumbrado público cartagenero que, según el Distrito, solo cuenta con tecnología LED en cuatro mil de sus 51.000 luminarias. 

Detrás de esas empresas hay pesos pesados del alumbrado público en otras regiones del país.

Los rostros de las empresas en puja

  • Alumbrado Público de Barranquilla

Matriculada en la Cámara de Comercio de Barranquilla desde diciembre de 2016, Alumbrado Público de Barranquilla SAS es una empresa de economía mixta en la que la Alcaldía de Barranquilla es dueña del 65% de las acciones y la sociedad Barranquilla Capital de Luz del 35% restante. Su gerente es Carlos Alberto Sarabia Mancini.

Alumbrado Público de Barranquilla tiene dentro de sus actividades principales la prestación del servicio de alumbrado público en entidades territoriales, lo que comprende la administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema. También la compra de energía eléctrica para la prestación de ese servicio. 

Barranquilla Capital de Luz, el socio privado de la empresa Alumbrado Público de Barranquilla, fue seleccionada por la Alcaldía de esa ciudad tras una convocatoria pública.  Conforman ese privado

  • Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S.A.S; 
  • Alutrafic LED S.A.S; 
  • Mega Proyectos de Iluminaciones de Colombia S.A.S.; 
  • Iluminación de Villavicencio S.A.S. y 
  • Celsa S.A.S.

Detrás de Barranquilla Capital de Luz hay dos superpoderosos megacontratistas del Estado: el empresario William Vélez, dueño de gran parte del negocio del aseo en varias ciudades del país, por lo que es conocido como el zar de las basuras. 

A través del grupo empresarial Ethuss SAS, Vélez es el poder detrás de tres de las cinco empresas que conforman Barranquilla Capital de Luz: Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios SAS (50% de participación), Mega Proyectos de Iluminaciones de Colombia SAS (17% de participación) e Iluminación de Villavicencio SAS (10% de participación). 

Los otros poderosos detrás de Barranquilla Capital de Luz son los hermanos Christian y José Manuel Daes, dueños de la empresa Tecnoglass y quienes se han coronado como megacontratistas de Barranquilla desde la llegada de los Char al poder. 

Su empresa Alutrafic LED SAS, con el 20% de participación en Barranquilla Capital de Luz, fue creada en 2012. Reporta 75 empleados y se dedica, principalmente, a la fabricación de equipos eléctricos de iluminación. El representante legal de esa Alutrafic es Carlos Alberto Giraldo Visbal y el suplente es Gustavo Adolfo Puello Redondo. 

Celsa S.A.S, que tiene apenas el 3% de participación en Barranquilla Capital de Luz, es una empresa antioqueña, matriculada en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur desde 1992. Su principal actividad es la fabricación de equipos eléctricos de iluminación y de aparatos de distribución y control de energía eléctrica. Su representante legal es Samuel Rabinovich Dyner.

  • Enel – Codensa

Matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá desde 1997, surgió tras una transformación a la que fue sometida Empresas de Energía de Bogotá (EEB). Tras invertir en Codensa, la multinacional italiana Enel decidió incluir su nombre y su logo a la identidad de esa compañía bogotana, por lo que desde 2018 pasó a llamarse Enel – Codensa

Sus principales actividades económicas son la distribución y comercialización de energía eléctrica. Su gerente y representante legal es el ingeniero mecánico Francesco Bertoli, de origen italiano. Esta compañía reporta 1.736 empleados. 

En esta empresa de economía mixta el Grupo Energía de Bogotá SAS —propiedad de la Alcaldía de Bogotá— tiene una participación del 51.3% y Enel Américas tiene el porcentaje restante.

El Grupo Energía de Bogotá SAS (GEB), antigua Empresa de Energía de Bogotá, fue fundada 1896 por los hermanos Samper Brush. Matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá desde 1996, esta empresa se dedica principalmente a la transmisión de energía eléctrica. 

Desde el 1 de julio de 2020, su presidente y representante legal es el economista Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian. Hoy, además de la energía eléctrica, GEB le apuesta a la comercialización de gas natural. Tiene presencia en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil.

El presidente de la Junta Directiva del GEB es el economista Andrés Escobar Arango y la vicepresidenta es la abogada Martha Yaneth Veleño. De esa Junta también hacen parte el actual secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez; el excandidato presidencial Rafael Pardo Rueda; las exministras María Mercedes López y María Lorena Gutiérrez.  

La Junta del GEB fija las políticas de administración y dirección de los negocios, autoriza al presidente para delegar algunas de sus funciones y, además, nombra y revoca libremente al presidente de la compañía. 

El otro accionista detrás de Enel – Codensa es Enel Américas SA, conglomerado de empresas que genera, transmite y distribuye energía eléctrica en América del Sur a través de sus filiales en Argentina, Perú, Brasil y Colombia. 

Con sede principal en Santiago de Chile, Enel Américas fue fundada en 1889 y su accionista mayoritario es la multinacional italiana Enel. El actual director de este conglomerado de empresas es el abogado español Borja Acha Besga

  • EPM (Empresas Públicas de Medellín)

Creada en agosto de 1965 en Medellín, EPM (Empresas Públicas de Medellín) es una compañía de servicios públicos domiciliarios que, aunque en sus inicios solo atendía a los habitantes de la capital de Antioquia, ha expandido sus servicios a más regiones incluido el Caribe colombiano, donde presta el servicio de energía en cuatro de sus departamentos.

Esta empresa, 100% pública, es de propiedad de la ciudad de Medellín. Su administración depende de una Junta directiva, presidida por el alcalde de esa capital, actualmente Daniel Quintero Calle. El mandatario de turno tiene la potestad de nombrar a cinco de los ocho integrantes de esa junta. El representante legal de EPM es su gerente general, cargo ocupado hoy por Álvaro Guillermo Rendón López.

EPM fue noticia en agosto de este año, cuando la Junta Directiva en pleno renunció ante la decisión unilateral del alcalde Quintero Calle y el gerente Rendón López de demandar por $9.9 billones a los constructores y las aseguradoras del polémico proyecto de Hidroituango. La renuncia de la Junta causó revuelo y fue vista como una evidencia de una crisis corporativa inédita en una compañía símbolo de Colombia.

Tras esas renuncias, el alcalde Quintero nombró a los nuevos integrantes de la Junta:  el abogado y expresidente de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio; el exalcalde de Medellín Omar Flórez Vélez; el exsuperintendente de Industria Pablo Felipe Robledo; la abogada y docente Bernardina Pérez Restrepo, el ingeniero mecánico Guillermo Diosa Pérez, el ingeniero civil Jorge Carrillo Cardoso, el licenciado Olmer Palacio Garzón, y el vocal de control de servicios públicos Gildardo Correa Salazar.

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