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Dos de los programas de alimentación contratados por la Alcaldía de Cartagena con la Bolsa Mercantil han tenido problemas por la calidad de los productos entregados. /Foto: Ofiprensa Secretaría de Educación

Aunque despeja dudas de coimas, la Bolsa Mercantil no garantiza contratos sin líos en Cartagena

Dos de los siete servicios contratados por el gobierno de William Dau con la Bolsa han estado llenos de quejas por mala calidad. En cinco procesos, todos de alimentación, hay cuatro empresas que se repiten y tuvieron problemas con contratos pasados.

Desde hace un mes, el programa de alimentación escolar (PAE) en Cartagena está bajo lupa porque son reiteradas las quejas por la calidad de los alimentos y la impuntualidad en las entregas de las meriendas. Ese foco también cobija a la Bolsa Mercantil, entidad a través de la cual la Alcaldía de Cartagena contrató este servicio. 

Pese a esos reiterados problemas, el alcalde William Dau anunció este martes que el PAE 2022 lo volverá a contratar con la Bolsa Mercantil para reducir los riesgos de corrupción que Cartagena tuvo con este programa en el pasado.

“No lo hacemos por licitación pública porque no hay tiempo y porque aquí en Cartagena las licitaciones públicas siempre han sido amañadas”, dijo.

Dau se refirió a la denunciada corrupción de la alimentación escolar de 2016, cuando el operador Consorcio Proescolares cobró a $40.000 cada pechuga de pollo, tres veces más que el valor del mercado. Ese hecho ocurrió tras una licitación convocada durante el gobierno del investigado Manolo Duque, quien del Palacio de La Aduana salió a la cárcel.

Para despejar las dudas de corrupción, desde 2018 la Alcaldía de Cartagena comenzó a contratar el PAE a través de la Bolsa Mercantil, escenario de negociación de productos agropecuarios, industriales, minero- energéticos y otros commodities (materias primas) cuyas reglas de negociación brindan más garantías de transparencia.

El Mercado de Compras Públicas es uno de los servicios que la Bolsa ofrece a las entidades públicas del país a través de comisionistas, firmas encargadas de representar a compradores (alcaldías o gobernaciones, por ejemplo) y vendedores (contratistas) en las ruedas de selección. Se queda con el contrato quien oferte el mejor precio en una puja de subasta inversa.

Si bien desde entonces esas contrataciones han blindado la alimentación escolar de sospechas de coimas o pactos por debajo de la mesa —ruidos que acompañaron a los procesos públicos convocados por la Alcaldía en administraciones pasadas—, la Bolsa tampoco ha sido garantía de una ejecución infalible, pues los contratos PAE de 2018 y 2019 tuvieron quejas por la calidad de la comida y varios de los contratos de los últimos dos años han quedado en manos de empresas con líos a cuestas.

En realidad, ningún método de contratación en Colombia blinda por completo la plata pública porque la ley permite que las empresas pujen y se ganen negocios si cumplen todos los requisitos exigidos por la entidad contratante y si no tienen sanciones penales, fiscales o disciplinarias que las inhabiliten. 

Los ruidos por malas prácticas con los que lleguen a la negociación no cuentan.

Y en el caso del PAE y de procesos de alimentación en general hay un factor adicional: como ha contado La Contratopedia, esos contratos suelen terminar en manos de un reducido grupo de contratistas, quienes se unen entre sí bajo distintas uniones temporales y consorcios, para concursar en distintas regiones del país porque cuentan con músculo económico y trayectoria.

De hecho, en cinco de los contratos de alimentación contratados por el gobierno de William Dau a través de la Bolsa Mercantil se repiten cuatro empresas.

Desde que Dau llegó al Palacio de La Aduana, la Alcaldía de Cartagena ha suscrito siete contratos a través de la Bolsa. Todos tienen detrás a contratistas con quejas a cuestas por su trabajo en otras regiones del país.

Dos de esos procesos han sido los más problemáticos por la mala calidad de la comida o la impuntualidad en la prestación de sus servicios. Justo estos dos últimos contratos estaban llamados a funcionar sin líos porque sus beneficiarios eran poblaciones vulnerables: mujeres privadas de la libertad y estudiantes de escuelas públicas.

Las escuelas no tienen PAE

Este año la operación del PAE de Cartagena ha tenido varios tropiezos: en menos de mes y medio, los contratistas no han entregado comida dos veces, han llevado raciones incompletas a las escuelas y tampoco le han pagado a las manipuladoras de alimentos los honorarios de febrero.

Desde este lunes 28 de marzo, además, no entregan meriendas en las escuelas. El domingo enviaron un correo a la Secretaría de Educación Distrital pidiéndole suspender, por esta semana, las raciones en las aulas porque dicen tener problemas con sus proveedores y poco flujo de caja para adquirir los alimentos. 

Las uniones temporales Por los niños de La Heroica y Cartagena Express buscan llegar a un acuerdo con el Distrito para garantizar la ejecución de la alimentación escolar durante las próximas semanas, pues los contratos se vencen el 30 de abril. 

Es decir, aún tienen por delante todo un mes de operación.

El Distrito informó que busca terminar cuanto antes los contratos para seleccionar a los nuevos operadores y asegurarse de que esas empresas queden vetadas y no vuelvan a contratar con la Alcaldía de Cartagena.

Detrás de esa operación hay seis empresas. Cuatro (Corporación Social Buen Corazón, Multimodal Express SAS, Seval Logística SAS y Fundación CEA Cartagena) tienen quejas a cuestas por la manera como ejecutaron contratos pasados en otras regiones del país. 

Estos dos operadores deben entregar productos lácteos, panes y frutas. Sin embargo, en lo que va del año muchas de esas raciones han estado incompletas o en mal estado, lamentaron padres de familia, rectores y profesores, en la Primera Mesa Pública del PAE 2022, que la Secretaría de Educación convocó de manera virtual el 25 de marzo. 

 

 
 
 
 
 
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A esas quejas por la dudosa calidad de algunos productos y la impuntualidad en las entregas les antecedieron dos ceses de la operación. El primero ocurrió del 15 al 22 de febrero y el segundo, del 15 al 17 de marzo.

Por todas esas fallas, la Secretaría de Educación informó que le ha hecho descuentos en los pagos a ambos operadores por $782 millones ($357 millones a Por los niños de La Heroica y $425 millones a Cartagena Express).

Los representantes legales de los dos operadores no han respondido a las preguntas de La Contratopedia sobre sus problemas del último mes.

Alimentos dañados en la cárcel de mujeres

En enero de este año, La Contratopedia Caribe obtuvo copia de 56 documentos, entre quejas de las internas de la Cárcel Distrital de Mujeres por los desayunos, almuerzos y cenas que recibieron durante 2021, y oficios enviados por la dirección de la cárcel a la Secretaría del Interior, al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y al corredor que representó a Inversiones Ramfor Ltda (operador de la alimentación) ante la Bolsa Mercantil.

Esa firma subcontrató a la empresa cartagenera Chef Gaitán & Pereira SAS, dedicada a los servicios de catering, para almacenar, preparar y empacar las raciones de comida.

 

 
 
 
 
 
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Inspecciones realizadas por funcionarios de la Secretaría del Interior, entre abril y agosto de 2021, mostraron que las instalaciones de Chef Gaitán tenían un “bajo criterio de evaluación”, porque no reunían los requisitos técnicos ni sanitarios idóneos para ninguna operación de alimentos.

Por cuenta de esos factores de riesgo, el 2 de julio del año pasado, cinco mujeres se intoxicaron tras desayunar “arepa de huevo frita, chocolate caliente con leche y patilla picada”. Presentaron síntomas como vómito, mareo, diarrea y dolor abdominal. Una de ellas requirió atención médica en el Hospital de El Pozón.

El Dadis, como ente responsable de la salud pública en Cartagena, inspeccionó la planta de Chef Gaitán y encontró “contaminación ambiental”, “presencia de residuos sólidos almacenados en la cocina, así como una deficiente limpieza y desinfección”.

Ante esas evidencias y exámenes de laboratorio, el Dadis concluyó que la manipulación de la arepa de huevo fue la probable causa de la intoxicación, pues quienes la consumieron tuvieron más riesgo de enfermarse que quienes no la ingirieron. 

El operador hizo algunos correctivos sanitarios, pero las quejas por la mala calidad de la comida continuaron y la Secretaría del Interior optó por seguir con el contrato hasta el 31 de diciembre pasado —como acordaron la Alcaldía de Cartagena y la Bolsa Mercantil—, para evitar que las internas se quedaran sin alimentación. 

Sin embargo, entre agosto y diciembre, siguieron las quejas.

En enero, La Contratopedia consultó a Inversiones Ramfor Ltda sobre la mala calidad de la comida y sus tensionantes relaciones con la Alcaldía. Su representante legal, María Camila Sánchez, reconoció que la operación fue complicada porque no hubo pagos oportunos.

Al ser consultada sobre la mala calidad de la comida, Sánchez dijo que hubo “malos entendidos” que se solucionaron en su momento. “Terminamos nuestra operación el 31 de diciembre y creemos que bien, sin problemas”. 

Sin embargo, las evidencias muestran una realidad distinta.

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