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Desde el 1 de enero, la Cárcel de Mujeres de Cartagena está sin contrato de alimentación. /Foto: Ofiprensa Alcaldía de Cartagena

La agonía diaria por alimentos de calidad en la Cárcel de Mujeres de Cartagena

La firma encargada de alimentar a 60 internas, durante 2021, ejecutó en medio de cuestionamientos por entregar raciones con gusanos y ser responsable de una intoxicación. Un rostro detrás de ese contratista ha tenido vínculos con la operación de alimentos de la tercera edad y el PAE, durante el gobierno de William Dau.

Desde el 1 de enero, la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena no tiene contrato de alimentación vigente para cubrir las tres comidas diarias de sus 60 internas, porque el contratista que venía prestando ese servicio desde abril pasado no quiso continuar, este mes, después de una trastocada operación en 2021 y de problemas con el Distrito por los pagos.

La operación de este año aún le tomará a la Secretaría del Interior, responsable de ese contrato, al menos varios días más mientras ultima detalles para contratar por mínima cuantía a una firma que garantice, al menos, las 180 raciones diarias que la cárcel necesitará durante 2022.

“Aspiro a que antes del 16 tengamos contrato”, le dijo a La Contratopedia Caribe David Múnera, secretario del Interior de Cartagena.

Mientras esa dependencia contrata al nuevo operador, desde que el año comenzó las internas se han alimentado gracias a donaciones de ciudadanos, empresas y fundaciones cartageneras.

La falta de contrato, además de vulnerarles a 60 mujeres derechos fundamentales como la dignidad humana y la salud, ha sacado a flote los problemas que la operación de alimentos tuvo el año pasado en la Cárcel Distrital y cómo contratar con la Bolsa Mercantil no blinda al Distrito de firmas cuestionadas, pese a que la Alcaldía recurrió a esa institución para reducir los riesgos sanitarios y garantizar más transparencia.

Contratar con la Bolsa no ha sido un blindaje infalible —como tampoco lo son otros métodos de contratación pública— porque la ley colombiana permite que las empresas concursen y se ganen contratos, pese a los ruidos que puedan acompañarlas hasta tanto no haya una sanción penal, fiscal o disciplinaria. 

La búsqueda diaria de comida

Con la llegada del nuevo año, el operador Inversiones Ramfor Ltda dejó de servir los desayunos, almuerzos y comidas para las 60 mujeres privadas de libertad en la Cárcel Distrital de Cartagena, ubicada sobre la variante Pozón – Policarpa, a una hora del casco histórico de Cartagena. 

La Contratopedia Caribe supo que desde entonces, la alimentación ha llegado a esa institución por donaciones de restaurantes como Arroz Paisa o de familias cartageneras que velan por el bienestar de las internas. 

También por gestiones realizadas por la Oficina de la Primera Gestora Social del Distrito y hasta por colectas de dinero que la directora de la cárcel, Mercedes García Escallón, y funcionarios de la Secretaría del Interior han realizado para costear, especialmente,  los almuerzos y cenas, cuya preparación oscila entre los $300.000 y $600.000 diarios. 

De esa  manera, las 60 internas han logrado desayunar fritos; almorzar arroces trifásicos, pollo guisado, carne molida o sancochos, y cenar sandwiches o perros calientes.

 Esta semana, por ejemplo, las internas han tenido garantizada la comida por cuenta de raciones preparadas en cocinas de familiares o amigos del personal administrativo de la cárcel, pues no están dadas las condiciones para la preparación dentro de esa institución, le dijeron  a La Contratopedia dos fuentes del Distrito que pidieron no ser identificadas.

No es la primera vez que una situación como ésta ocurre en la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena. Esa institución suele comenzar las primeras semanas de enero sin contrato de alimentación, pero en vigencias pasadas el contratista de turno solía garantizar la comida mientras renovaba su contrato con la Alcaldía. 

Por al menos seis años, Asadero Bar Restaurante El Cabrero estuvo a cargo de la operación de alimentos y en 2017 tuvo que responder por la intoxicación que un desayuno le generó a 30 mujeres.

En 2021, el gobierno de William Dau lo reemplazó por la empresa bogotana Inversiones Ramfor Ltda, tras una rueda de negocios celebrada en la Bolsa Mercantil por $922.935.100.

Las dos fuentes del Distrito, a quienes La Contratopedia entrevistó, manifestaron que las quejas de las internas ante la dirección de la cárcel por la mala calidad de la comida aumentaron con la llegada de Ramfor.

Raciones hasta con gusanos 

La Contratopedia Caribe obtuvo copia de 56 documentos, entre quejas de las internas por los desayunos, almuerzos y cenas, que recibieron el año pasado, y oficios enviados por la dirección de la cárcel a la Secretaría del Interior, al Dadis y al corredor que representó a Inversiones Ramfor Ltda ante la Bolsa Mercantil.

Esa firma subcontrató a la empresa cartagenera Chef Gaitán & Pereira SAS, dedicada a los servicios de catering, para almacenar, preparar y empacar las raciones de comida.

Inspecciones realizadas por funcionarios de la Secretaría del Interior, entre abril y agosto, mostraron que las instalaciones de Chef Gaitán tenían un “bajo criterio de evaluación”, porque no reunían los requisitos técnicos ni sanitarios idóneos para ninguna operación de alimentos.

Por cuenta de esos factores de riesgo, el 2 de julio, cinco mujeres se intoxicaron tras desayunar “arepa de huevo frita, chocolate caliente con leche y patilla picada”. Presentaron síntomas como vómito, mareo, diarrea y dolor abdominal. Una de ellas requirió atención médica en el Hospital de El Pozón.

El Dadis, como ente responsable de la salud pública en Cartagena, inspeccionó la planta de Chef Gaitán donde se manipularon esos alimentos y encontró problemas en la “aptitud sanitaria de los manipuladores”, pues su estado de salud no estaba certificado ni tampoco habían sido capacitados para una correcta intervención en esa cocina.

Prueba de ello es que los cocineros no estaban “sensibilizados” con la importancia de “prácticas higiénicas”, como el lavado de manos, o con las acciones “antihigiénicas” que debían evitar, como estornudar o tocarse la nariz, determinó el Dadis

En esa inspección, esa entidad también encontró “contaminación ambiental”, “presencia de residuos sólidos almacenados en la cocina, así como una deficiente limpieza y desinfección”.

Ante esas evidencias y exámenes de laboratorio, el Dadis concluyó que la manipulación de la arepa de huevo fue la probable causa de la intoxicación, pues quienes la consumieron tuvieron más riesgo de enfermarse que quienes no la ingirieron. 

Después de esa inspección, el Dadis ordenó la suspensión de esa cocina hasta tanto no se tomaran correctivos  sanitarios. El 2 de agosto le dio luz verde a Inversiones Ramfor para que la siguiera usando como su centro de operaciones. Mientras esa cocina estuvo cerrada, la firma subcontrató los servicios de la empresa cartagenera Porto Bello SAS.

Pese a los correctivos sanitarios, las quejas por la mala calidad de la comida continuaron y la Secretaría del Interior optó por seguir con el contrato hasta el 31 de diciembre —como acordaron la Alcaldía de Cartagena y la Bolsa Mercantil—. De esa manera las reclusas no se quedaban sin alimentación, pues seleccionar a un nuevo contratista tomaría al menos un mes de trámites.

El 18 de agosto, las internas rechazaron las arepas de huevo y empanadas que el operador les entregó. La dirección de la Cárcel le pidió a Inversiones Ramfor no incluir más esos productos en las raciones, porque fueron procesados en Barranquilla y enviados a Cartagena sin condiciones mínimas de refrigeración.

El 13 de septiembre, las internas se volvieron a quejar porque recibieron hígado descompuesto al almuerzo.

“Hoy ni los perros fueron capaces de comer y rechazaron lo que se les sirvió. Le solicitamos responda esta queja y tome las medidas pertinentes para acabar con esta situación de vulneración repetida de nuestros derechos”, se lee en una carta enviada a la directora de la cárcel.

El 4 y 12 de octubre hubo nuevas quejas por la presencia de gusanos en las sopas. También ese mes, una nueva inspección a la cocina de Chef Gaitán, esta vez a cargo de la Secretaría del Interior, arrojó que seguían los focos de contaminación, el almacenamiento de alimentos descompuestos, los equipos con residuos orgánicos acumulados, la presencia de moscas y la falta general de limpieza y desinfección. 

En dos ocasiones, hubo presencia de gusanos en la sopas.

De hecho, al momento de la inspección, la Secretaría del Interior encontró excremento de un animal o plaga no determinada y le sugirió a Inversiones Ramfor cambiar de proveedor, sugerencia que ignoró.

Comida descompuesta era almacenada por el operador de la alimentación de la Cárcel de Mujeres.

Pese a ese antihigiénico panorama, la planta presentaba mejoras y había aumentado su indicador de evaluación al 62% en comparación con su crítico estado inicial.

Las falencias en la prestación del servicio fueron constantes durante 2021.

Ante esas reiteradas irregularidades, la dirección de la cárcel no le dio el visto bueno a todas las raciones diarias que Inversiones Ramfor Ltda entregó, por lo que los descuentos en las minutas de esa firma fueron constantes semana a semana.

Es decir, si ese contratista producía 60 raciones de almuerzos, pero sobre cinco de esos platos había evidencias de mala calidad, la cárcel solo le daba el visto bueno para cobrar 55 raciones.

El 24 de noviembre, Inversiones Ramfor pasó su primera cuenta de cobro por las raciones entregadas y aprobadas entre abril y octubre. Sin embargo, radicó los documentos en Secretaría del Interior y no en Tesorería Distrital, por lo que ese primer pago se demoró varias semanas.

Según la Secretaría del Interior, en diciembre el contratista recibió un primer pago por las raciones de abril. Aún debe cobrar la comida que entregó entre mayo y diciembre.

Sobre esta trastocada operación, el secretario del Interior, David Múnera, le dijo a La Contratopedia que, en efecto, la ejecución del contrato fue bastante “problemática”. 

Manifestó que Inversiones Ramfor Ltda se negó a seguir proporcionándoles la comida a las internas, mientras la Alcaldía contrataba la operación de 2022. Esto, explicó, pese a haber vigencias futuras  aprobadas por el Concejo para, justamente, evitar que las internas se quedaran sin alimentación. 

La Contratopedia consultó a Inversiones Ramfor Ltda sobre la mala calidad de la comida y sus tensionantes relaciones con la Alcaldía. Su representante legal, María Camila Sánchez, también reconoció que la operación fue complicada porque no hubo pagos oportunos.

“No hubo adición ni renovación. No se llegó a ningún acuerdo con la Bolsa Mercantil para seguir con ese contrato. Lo que queríamos era que nos ayudaran con los pagos que teníamos retrasados”, aseguró. 

Al ser consultada sobre la mala calidad de la comida, Sánchez dijo que hubo “malos entendidos” que se solucionaron en su momento.

“Terminamos nuestra operación el 31 de diciembre y creemos que bien, sin problemas”. 

Las evidencias muestran una realidad distinta.

Vasos comunicantes con una socia cuestionada 

Inversiones Ramfor Ltda es una firma bogotana, dedicada desde 1999 al expendio de comidas preparadas. También operó en 2020 el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Cartagena.

Ese año, su representante legal María Camila Sánchez se ganó la operación de la alimentación de la tercera edad en esta ciudad, a través de la empresa Alimentar Capital SAS. Allí es accionista minoritaria junto a Mónica Jiménez Barajas, accionista mayoritaria. 

Entre 2011 y 2015, Ramfor firmó contratos con el Inpec y el Sena por $3.918 millones.

En 2019, tuvo un 5% de participación en la Unión Temporal el PAE Avanza en Valledupar, que operó la alimentación escolar en la capital del Cesar por $13.359 millones. Se ganó esa operación como único proponente, después de una primera licitación declarada desierta por la Alcaldía de Valledupar.

Alimentar Capital, la empresa de la que también es accionista la representante legal de Ramfor, es ya un megacontratista de la alimentación nacional, a menos de cuatro años de haber sido creada: su registro en la Cámara de Comercio de Bogotá data del 31 de mayo de 2018.

Mónica Jiménez Barajas, la accionista mayoritaria de Alimentar Capital, también ha sido representante legal de Ecoalimentos SAS, una de las 28 empresas señaladas en 2018 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de integrar un cartel que acomodó licitaciones de alimentación escolar en Bogotá por $1.5 billones, durante al menos una década.

También en 2018, como miembro de la Unión Temporal Alimentar Cesar 2019 con el 50% de participación, Alimentar Capital enfrentó quejas por posibles entregas de productos vencidos a los estudiantes del municipio de Aguachica y por el poco valor nutricional que las raciones aportaban.

Por lo pronto, la Secretaría del Interior analiza una oferta que recibió de un único proponente que busca ser el operador de alimentos de la cárcel este año. Sí cumple con los requisitos, las donaciones quedarán atrás. Si no, la agonía se prolongará varias semanas más. 

Sea cual sea el resultado, las evidencias de 2021 y las denuncias de intoxicación de 2017 muestran que en la Cárcel Distrital de Mujeres, tal como ocurre en otras cárceles del país, la comida de calidad no está garantizada.

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