En el arranque del año escolar 2022, la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Cartagena ha tenido varios tropiezos: en menos de mes y medio, los contratistas no han entregado comida dos veces, han llevado raciones incompletas a las escuelas y tampoco le han pagado a las manipuladoras de alimentos los honorarios de febrero.
Detrás de la operación hay seis empresas, organizadas en dos uniones temporales: Por los niños de La Heroica y Cartagena Express. Cuatro de esas firmas (Corporación Social Buen Corazón, Multimodal Express SAS, Seval Logística SAS y Fundación CEA Cartagena) llegaron a Cartagena con ruidos a cuestas, por la manera como ejecutaron contratos pasados en otras regiones del país.
El Distrito las contrató, a través de la Bolsa Mercantil, para la operación del año pasado y les firmó dos otrosíes (adiciones a los dos contratos iniciales) para los primeros 60 días de 2022, mientras la Secretaría de Educación selecciona a los nuevos operadores para el resto del año.
Ante estos incumplimientos, la Secretaría de Educación no descarta declarar la caducidad de los contratos —que vencen el 30 de abril— y adelantar la selección de los nuevos contratistas.
Estos traspiés golpean a 106.000 estudiantes de las escuelas públicas de Cartagena, una ciudad cuyos indicadores de pobreza aumentaron con la pandemia por coronavirus y en la que el PAE ayuda a mitigar el hambre de los hogares más vulnerables, pues reciben una ración de comida por cada niño matriculado.
Los líos del último mes
Los operadores deben entregar productos lácteos, panes y frutas. Sin embargo, en lo que va del año muchas de esas raciones han estado incompletas o en mal estado, lamentaron padres de familia, rectores y profesores, este viernes 25 de marzo, en la Primera Mesa Pública del PAE 2022, que la Secretaría de Educación convocó de manera virtual.
Mayling Echenique Peña, representante de los padres de familia en una de las escuelas de Cartagena, dijo que le ha tocado entregar frutas de mala calidad, como mangos verdes y lechosos que no estaban en condiciones de consumo. Ella apoya a los profesores en la entrega de las raciones.
Mientras que Álvaro Meneses, rector en Tierrabomba, se quejó porque las raciones no siempre llegan a diario a su escuela, ubicada en este territorio insular. El docente mencionó problemas de pago, por parte del operador, a los lancheros que transportan las raciones desde Cartagena.
A esas quejas por la dudosa calidad de algunos productos y la impuntualidad en las entregas, se suman dos ceses de la operación el último mes y medio.
El primer cese ocurrió en febrero.
El 15 de febrero, la Secretaría de Educación informó que el programa se suspendía desde ese día porque los operadores le habían notificado no tener suficientes insumos, debido al alza de los alimentos y desabastecimiento entre sus proveedores.
Las entregas se reanudaron el 22 de febrero.
Tres semanas después, del 15 al 17 de marzo, el PAE volvió a parar.
La Secretaría de Educación informó que los contratistas le habían notificado, otra vez, problemas con sus proveedores. En esta ocasión con la empresa Andina Milk, que les suministra los lácteos.
Según correo enviado por los operadores—informó Educación Distrital—, esperaban una carga de 261.000 unidades de lácteos para entregar en las escuelas del 16 al 18 de marzo, pero perdieron contacto, el 15 de marzo, con un camión de la empresa láctea que había salido de su sede en Cúcuta.
El camión llegó a Cartagena el 16 de marzo y el 17 se reanudaron las entregas en las escuelas.
Por todas esas fallas, la Secretaría de Educación informó que le ha hecho descuentos en los pagos a ambos operadores por $782 millones ($357 millones a Por los niños de La Heroica y $425 millones a Cartagena Express).
Esta semana, las manipuladoras de alimentos denunciaron que los operadores no les han pagado sus honorarios de febrero. El Universal informó que entre las afectadas hay 30 madres cabeza de hogar que mantienen a sus familias con esos recursos.
Se trata de una nómina cercana a los mil millones de pesos —supo de manera extraoficial La Contratopedia—, que incluye los pagos de seguridad social y cobija a todo el personal que recibe la comida, la manipula, la organiza y la despacha a las escuelas.
Si los operadores no pagan la nómina de febrero no pueden pasarle la cuenta de cobro al Distrito por las raciones que entregaron ese mes, pues el contrato establece que los pagos sólo salen de la Tesorería Distrital después de que hayan cancelado seguridad social y honorarios al personal que garantiza la operación de alimentos.
Por las raciones de febrero, el Distrito debe pagarles unos cuatro mil millones de pesos a los dos operadores.
“Los contratistas han estado buscando al Distrito para decir que están quebrados. Están buscando que les anticipemos dinero, cosa que no podemos hacer”, dijo esta semana el alcalde de Cartagena Wiliam Dau, en un comunicado donde planteó la posibilidad de liquidar los contratos.
La Contratopedia intentó hablar con los representantes legales de los dos operadores, pero no obtuvo respuesta alguna. Situación similar ocurrió durante crisis pasadas: los contratistas no suelen darle explicaciones a la prensa.
Una de las empresas trabajó en Bolívar sin denuncias públicas
Una de las empresas detrás de la operación en Cartagena es la Fundación CEA Cartagena, que también fue miembro de la Unión Temporal Primero Los Niños.
Esa unión temporal operó la alimentación escolar en los municipios de la subregión Dique-Norte de Bolívar, el año pasado, por $7.387 millones. El contrato lo ejecutó entre el 15 de abril y el 29 de septiembre de 2021. Su representante legal es Alfredo Hernández Río.
Esta firma es un contratista recurrente del PAE de Bolívar, pues ha ejecutado varios de esos contratos como miembro de distintas uniones temporales y consorcios entre 2017 y 2021.
Sobre la operación del año pasado, como contratista de la Gobernación de Bolívar, no hubo quejas públicas ni denuncias por la comida entregada. Tampoco cubrimiento de la prensa local por problemas financieros o logísticos de la unión temporal de la que formó parte esta empresa.
Que en Bolívar la Fundación CEA no haya argumentado problemas financieros para operar ni inconvenientes logísticos plantea varios interrogantes. Entre ellos, si hay algún intento de saboteo de los operadores a la alimentación escolar en Cartagena, pues esta empresa hasta hace pocos meses entregaba sin aparentes líos la comida escolar de la subregión Dique-Norte.
El factor Bolsa Mercantil
Desde que llegó en 2020 al Palacio de La Aduana, el gobierno de William Dau ha contratado la alimentación escolar a través de la Bolsa Mercantil, para intentar blindar de malas prácticas una operación que en el pasado estuvo llena de denuncias por corrupción no sólo en Cartagena.
Aunque no ha habido denuncias de coimas ni arreglos por debajo de la mesa desde que la Bolsa comenzó a intermediar —como sí las hubo en administraciones pasadas—, la operación no ha estado exenta de quejas por la calidad de los alimentos entregados.
Esas quejas, que desde hace años se repiten en Cartagena, evidencian que incluso la contratación por Bolsa tampoco evita que el PAE termine en manos de empresas con líos a cuestas, pues como en cualquier otro mecanismo de contratación pública en Colombia, pueden concursar y ganar contratos hasta tanto no tengan sanciones penales, fiscales o disciplinarias.
De hecho, como ha contado La Contratopedia, la operación de la alimentación escolar en Colombia suele terminar en manos de un reducido grupo de contratistas que se unen entre sí bajo distintas uniones temporales y consorcios. También suelen cambiar con frecuencia sus razones sociales.
Prueba de ello, es la telaraña de contratistas de la alimentación escolar que ha operado en Bolívar los últimos años. Dos de esas empresas forman parte de los operadores responsables del PAE 2022 en los municipios de las subregiones Dique – Norte y Montes de María.