Una solicitud de suspensión del alcalde William Dau, que llegó a la Presidencia de la República a finales de mayo, tendió una nube de interinidad sobre Cartagena, capital que en los últimos 10 años ha tenido 13 mandatarios entre elegidos por voto popular y designados. Tan pronto conoció esa petición, Dau anunció una fuerte resistencia para mantenerse en el cargo y defender los 113.000 votos que lo respaldaron.
El contralor distrital Rafael Castillo le envió la petición al presidente Iván Duque, en medio de una investigación por un presunto detrimento patrimonial en el que Dau pudo incurrir al comprar unas pruebas rápidas para detectar Covid-19 en diciembre pasado.
Tras ese pedido, Dau no sólo anunció movilizaciones populares y plantones (que no han tenido mayor apoyo ciudadano) sino que inició una cruzada jurídica a varias bandas para mantenerse en el Palacio de La Aduana hasta el 31 de diciembre de 2023, cuando termina su periodo de gobierno.
Algunas medidas han sido fallidas, como una acción de tutela con la que buscaba frenar la solicitud de suspensión. Mientras otras, siguen en curso ante distintas instancias judiciales. Su equipo jurídico no las detalla para no comprometer su defensa.
Entre las movidas que sí son públicas, un mes después de la solicitud de suspensión, hay acciones ante el Ministerio del Interior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Contraloría General.
La ‘victoria’ parcial de Dau ante Castillo
El pasado 24 de junio, la Contraloría General de la República anunció una intervención funcional en la Contraloría Distrital de Cartagena para asumir la investigación que esta oficina lleva, desde el semestre pasado, en contra del alcalde Dau por haber comprado unas pruebas rápidas por $1.098 millones.
Con la decisión del contralor general Carlos Felipe Córdoba, el caso pasa a la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Funcional y Cobro Coactivo, y el contralor Rafael Castillo pierde toda competencia, lo que representa una victoria parcial de Dau ante un funcionario con el que está enfrentado desde el año pasado.
Un abogado consultado por La Contratopedia, que pidió no ser citado, explicó que si bien la investigación pasa a Bogotá ese hecho no puede interpretarse como una medida que deja sin efecto todo lo hecho por la Contraloría local. Para que eso pase —dijo la fuente—, la Contraloría General debe revocar las medidas tomadas en Cartagena, es decir, la suspensión de Johana Bueno y la petición de suspensión de Dau.
El contralor local le ordenó a Dau sacar del cargo a Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo de Salud (Dadis) por ser ella quien firmó los estudios previos que avalaron la compra de las pruebas rápidas. Dau la suspendió el 26 de mayo.
En su investigación, la Contraloría General deberá determinar si existen evidencias de que las pruebas Covid-19 terminaron usándolas personas que podían solicitarlas a través de sus EPS y no quienes no tenían cómo pagarlas, entre ellas personas en condición de calle o de bajos recursos económicos, según anunció el Distrito al realizar esa inversión.
Por esa hipótesis fue que el contralor Castillo le pidió el pasado 23 de mayo al presidente Duque sacar a Dau del cargo, mientras investigaba si los indicios de presunto detrimento eran ciertos o no. Esa separación del cargo es indefinida, porque no hay un plazo establecido para que concluya la indagación en la Contraloría.
Por tanto, si lo suspenden, Dau no cuenta con la certeza de regresar a La Aduana a terminar su mandato, al que aún le falta año y medio.
Ante las acciones del contralor Castillo, el alcalde le pidió a la Contraloría General de la República asumir el proceso alegando que no tenía garantías en la Contraloría local.
Esa estrategia ya la aplicó por otro proceso que afronta por el pago, al parecer irregular, de gastos de representación a funcionarios de su gabinete en 2020. La investigación la asumió la Contraloría en Bogotá y avanza en audiencias de descargos a las que deben acudir el mandatario y el jefe de Talento Humano de la Alcaldía que firmó dichos pagos.
La petición de inconstitucionalidad
El 30 de mayo, el alcalde le pidió al presidente Iván Duque aplicar la excepción de inconstitucionalidad a la resolución 164, expedida por la Contraloría de Cartagena, con la que esa entidad pidió su suspensión.
Esa figura les permite a las autoridades no aplicar una norma y, en cambio, hacer efectiva la Constitución, pues es una herramienta que garantiza la supremacía constitucional.
Dau sustentó la petición de inconstitucionalidad en un documento de más de 100 páginas en las que escribió, entre otras razones:
- Que la Contraloría local dijo haber comenzado a investigarlo por una denuncia del ciudadano Álvaro Ganem Isaa, asunto que éste negó, en entrevista con El Universal, el 28 de mayo.
- Que el contralor de Cartagena es interino y su prolongación en el cargo desconoce la ley, pues fue elegido por 5 de 19 concejales bajo unos argumentos jurídicos cuestionables.
- Que la Contraloría de Cartagena lleva cinco años en interinidad sin que se realice un concurso público y abierto para elegir a un contralor en propiedad.
- Que con la petición de suspensión, la Contraloría local buscaba influir en las elecciones presidenciales pues se abría la puerta para que llegara un mandatario afín a los grupos políticos con los que la Contraloría local tiene nexos.
- Que la petición de suspensión viola el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que establece el debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas, y el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que determina las reglas del debido proceso y el derecho ciudadano de elegir y ser elegido.
Consultado sobre esa petición, el ministro del interior Daniel Palacio dijo, el 31 de mayo, que el Gobierno estaba revisándola, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y del equipo jurídico del Ministerio del Interior.
Desde entonces, no ha habido pronunciamiento público de esa cartera sobre el caso Dau.
La Contratopedia consultó con la oficina de prensa del Ministerio si había noticias sobre dicho trámite y obtuvo una respuesta lacónica: “Ninguna”.
Las medidas ante la CIDH
El tercer escenario público de defensa de Dau es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la que solicitó medidas cautelares para pedir la protección de sus derechos políticos y los de su electorado.
Lo hizo a través del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que informó que desde el 7 de junio la CIDH ya estudia el caso del alcalde cartagenero. La solicitud de medidas cautelares quedó radicada con el número MC-439-22.
Ese colectivo asumió el caso de Dau al considerarlo una muestra más del uso “de los órganos de control como herramienta de ataque a contradictores políticos” en Colombia.
Por eso, el Cajar pidió ante la CIDH adoptar medidas cautelares en favor de Dau, quien vería “sus derechos políticos afectados por la decisión de suspensión temporal y, eventualmente, podría verse afectado en caso de una medida sancionatoria de carácter fiscal. Los efectos sobre los derechos políticos de ambas medidas son contrarios a la Convención Americana y se empiezan a vivir de forma inmediata”.
Si la petición de suspensión se cumple —dice el Colectivo—, se viola el fallo de la CIDH del 8 de julio de 2020, también conocido como sentencia Petro. Allí esa entidad dice que sólo mediante la decisión de un juez penal puede darse la destitución de un funcionario elegido por voto popular.
Esa sentencia es fruto del proceso que Petro, siendo alcalde de Bogotá, inició tras ser destituido por el entonces procurador general Alejandro Ordóñez.
A diferencia del caso Petro, Dau aún no ha sido suspendido y sigue fungiendo como alcalde de Cartagena. Y un mes después la petición de suspensión parece haber quedado en una especie de limbo con el mutismo del Mininterior y el traslado del caso de Cartagena a Bogotá.