fbpx
La Corporación Universitaria de la Costa fue la única oferente en el proceso de contratación, convocado por el Concejo de Cartagena, para seleccionar al operador de los exámenes a contralor distrital. /Foto: CUC

Por oferta “anticompetitiva”, comité sugiere que Concejo de Cartagena no vincule a la CUC en selección de contralor

La transparencia en la elección del contralor cartagenero en propiedad es clave porque pone a prueba la credibilidad del Concejo y puede garantizar la independencia del órgano de control fiscal del Distrito.

Dos de tres evaluadores le sugirieron al Concejo de Cartagena rechazar la oferta que presentó la Universidad de la Costa (CUC) para practicar los exámenes técnicos a quienes se postulen como candidatos a Contralor titular de esta capital. El tercer integrante del comité no respaldó la posición de sus compañeros.

Los evaluadores Laura Valdés Bohórquez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Concejo, y Ahisamac Rodríguez Hernández, director financiero del Concejo, hicieron esa sugerencia después de revisar los documentos presentados por la universidad de Barranquilla, que tiene varios cuestionamientos a cuestas por su participación en procesos de selección de contralor en otros municipios y departamentos del Caribe. 

Si bien la CUC cumple con los requisitos jurídicos y técnicos del contrato, la oferta tiene “precios artificialmente bajos” que no desvirtúan la teoría de una posible “estrategia anticompetitiva” o “colusoria”, es decir, un acuerdo para limitar la competencia.

Valdés y Rodríguez no detallaron dicha teoría en su evaluación. Lo que sí argumentaron es que el monto propuesto por la CUC es casi un 30% inferior al costo del `proceso y está por debajo de lo que arrojó el estudio de mercado.


La abogada y evaluadora María Margarita Monterroza, tercera integrante del comité, dijo en carta enviada a la presidencia del Concejo que sólo respaldaba a sus compañeros en la verificación de los requisitos técnicos y jurídicos de la propuesta presentada por la CUC, porque  —debido a su experiencia en los ámbitos comercial, procesal y de lo contencioso administrativo del Derecho— no tiene “experticia académica ni profesional en asuntos financieros, administrativos o contables”.

Para Monterroza, el análisis de sus compañeros sobre el monto ofertado por la CUC “es subjetivo y viola el principio de buena fe, objetividad y confianza legítima”.  

Dijo que contratos similares celebrados por esa universidad en otros departamentos “desvirtúan la mala fe” que se ha impuesto y demuestran que puede ofrecer sus servicios por el valor ofertado en Cartagena.

A esta convocatoria del Concejo, abierta desde el 30 de marzo, sólo se presentó la CUC. Una primera evaluación arrojó que no cumplía con los requisitos técnicos ni jurídicos, debía subsanar documentos y necesitaba justificar el monto de su oferta. Esa primera evaluación, con fecha del 6 de abril, fue unánime.

Al día siguiente, el 7 de abril, el rector Eduardo Crissien Borrero envió la documentación pedida y respondió que el valor presentado por su institución es similar a los ofertados por esa universidad en procesos de selección de contralor, convocados por las asambleas de Meta, Amazonas, Vichada y Nariño.

Crissien también explicó que asumir la operación técnica de los exámenes en Cartagena no le genera a la universidad costos adicionales por recursos humanos, porque los encargados de dicho proceso serán profesores de tiempo completo o contratistas permanentes. Por tanto, esas actividades forman parte de sus responsabilidades habituales.

 La CUC defendió los bajos costos de su oferta por “la distancia entre las dos ciudades y las condiciones de la vía”. En otras palabras, dada la cercanía geográfica entre Barranquilla y Cartagena (menos de dos horas por carretera), no se generarán costos por transporte aéreo ni hospedaje. Argumentos que dos de los evaluadores no respaldaron porque —dijeron— toda prestación de servicios genera costos por “mano de obra, gastos generales” o imprevistos. 

“Así las cosas —se lee del oficio firmado por el rector Eduardo Crissien Borrero—, el costo presentado es suficiente para cubrir los gastos administrativos, de logística y viáticos del personal que deba desplazarse a la ciudad de Cartagena a cumplir con las actividades contractuales”.

El Concejo de Cartagena tiene hasta este 19 de abril para aceptar la oferta presentada por la CUC o declarar desierto este proceso, que ha tenido dos modificaciones en su cronograma y cuestionamientos del alcalde de Cartagena William Dau desde su apertura hace dos semanas.

 

 
 
 
 
 
Ver esta publicación en Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una publicación compartida de William Dau (@salvemos_a_cartagena)


Si el proceso queda desierto, el Concejo deberá iniciar una convocatoria pública desde cero.

Más allá de las dudas que ha despertado el cronograma y, recientemente, la oferta económica de la CUC, esa universidad tiene varios cuestionamientos a cuestas.

Los ruidos de la CUC 

Uno de los desempeños más cuestionados de la CUC, durante un proceso de selección de contralor, ocurrió hace dos años en Soledad (Atlántico).

Según investigó el periodista barranquillero José Granados, detrás de la elección de ese cargo y de la Personería Municipal estuvo la mano del detenido e inhabilitado exsenador Eduardo Pulgar, jefe político del actual alcalde de Soledad Rodolfo Ucrós y militante del Partido de La U. 

Ese es el mismo partido donde algunos miembros de la familia Crissien, dueños de la CUC, han militado la última década (Tico Crissien, concejal de Barranquilla, y Eduardo Crissien, representante a la Cámara, por ejemplo).

Quienes resultaron elegidos, Álvaro Daza Urina para la Personería y Jivanildo Bordeth Meriño para la Contraloría, son cercanos a Ucrós y Pulgar. De hecho, sus nombres sonaban como favoritos desde antes de que salieran los resultados de los exámenes realizados por la CUC.

Sus nombres se sellaron a cambio de contratos y burocracia para favorecer a un grupo de  concejales, entre cuyos padrinos políticos hay 11 de los exconcejales destituidos en 2019 por la Procuraduría al extralimitarse en sus funciones aprobando un impuesto.

“Según les dijo regocijado uno de esos exconcejales a amigos políticos, en la puerta del Concejo, lo acordado en el pacto político recibió el 1 y el 3 de julio “luz verde” con los resultados que la CUC entregó en las pruebas de conocimientos para Personero y Contralor, remitidas al presidente del Concejo, Jairo Samper”, publicó el periodista en los portales web de Emisora Atlántico y Zona Cero.

Daza Urina, primo del exsenador Pulgar, renunció a su aspiración cuando estaba todo listo para asumir como personero. 

Las sospechas de un proceso amañado comenzaron desde enero de 2020, cuando el recién posesionado Concejo soledeño convocó a un nuevo concurso de méritos para elegir al personero y al contralor. Por esa decisión, en octubre de 2020, la Procuraduría le formuló pliego de cargos a la mesa directiva de esa entidad.

Convocando a un nuevo concurso, el Concejo soledeño desestimó los resultados de un proceso previo que había dejado con los mejores puntajes a Leonardo Reales, para la Personería, y a Jorge María Díaz, para la Contraloría, en exámenes que practicó una institución distinta a la CUC. 

Tanto Reales como Díaz son políticamente independientes del alcalde Ucros y del exsenador Pulgar. 

Las dudas de un proceso hecho a la medida de los aliados de Ucros y Pulgar aumentaron en febrero de 2021, cuando salieron a la luz dos contratos por $800.000.000 que le adjudicó la Alcaldía de Soledad a la Corporación Universitaria Latinoamericana (CUL), institución propiedad de la familia Crissien.

También en Córdoba, entre diciembre de 2019 y el primer semestre de 2020, hubo dudas y tutelas por el desempeño de la CUC en la evaluación de las hojas de vida de los aspirantes a contralor. Uno de ellos le pidió a la Procuraduría intervenir porque esa institución estaba reconociendo puntajes que no se ajustaban a los requisitos del proceso.

Con dicha evaluación —denunció W Radio— se beneficiaba a Omar Lozano, candidato cercano a la ñoñomanía, el movimiento político del exsenador Bernardo Ñoño Elías, condenado por corrupción y detenido en la Picota de Bogotá. El Ñoño Elías militó, durante la última década, en el partido de La U, el mismo de los Crissien.

Lozano, en efecto, fue elegido contralor de Córdoba.

En 2020, además, la CUC estuvo involucrada en un escándalo internacional por plagio. En septiembre de ese año, el grupo de publicaciones científicas IOP Publish retiró de su repositorio 23 artículos, firmados por uno de sus docentes. 

Por esas malas prácticas también fue señalado el actual ministro de Ciencia Tito Crissien, exrector de esa universidad e hijo del fundador de la CUC y de la CUL, Eduardo Crissien Samper.

Lo que está en juego 

Con la contratación de la universidad que realizará las pruebas técnicas para la elección del contralor de Cartagena están en juego la transparencia de ese proceso y la credibilidad institucional del Concejo (una vez más).

La institución contratada es clave porque de ella dependerá la lista de elegibles de la que saldrá la terna a contralor de Cartagena. Los miembros de la terna deberán entrevistarse con los concejales y a quien mejor le vaya deberá convertirse en el titular de la Contraloría local. 

En teoría debe primar el mérito sobre las componendas políticas, aunque en 2016 no ocurrió así. Ganó la elegida en una trama corrupta.

Según la Fiscalía, el entonces alcalde Manuel Vicente Duque y su mano derecha José Julián Vásquez pusieron a andar un plan para comprar los votos de 11 concejales a favor de Nubia Fontalvo, elegida contralora de Cartagena en enero de 2016. En 2017, el Consejo de Estado declaró nula esa elección.

Tampoco atraviesa un buen momento la credibilidad de la Contraloría Distrital, señalada reiteradamente por el alcalde Dau de ser corrupta y golpeada a finales de marzo por un cruce verbal de dos concejales, quienes la señalaron de manoseo político.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Suscríbete a La Contratopedia Caribe

Share This