Desde ayer, Cartagena es noticia internacional por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, mientras disfrutaba de su luna de miel, en el balneario de Playa Blanca, corregimiento de Barú.
El crimen no solo causó consternación en Colombia, porque quienes le dispararon llegaron a la playa en una moto acuática, sino en Paraguay: la víctima era un reconocido fiscal contra el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que había llegado hace menos de una semana a esta capital.
Horas antes de su muerte, su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, había publicado en Instagram que iban a ser padres.
Aunque las primeras hipótesis apuntan como responsable al crimen organizado, el asesinato de un extranjero en una de las playas más publicitadas de Cartagena aumenta la presión sobre el gobierno distrital por medidas más contundentes ante la oleada de violencia que golpea desde hace meses a esta capital y la convierte en territorio fértil para ejecuciones de este tipo.
Con la muerte de Pecci, además, se eleva la percepción de inseguridad entre los cartageneros y se empaña la imagen de destino turístico, justo cuando esta ciudad intenta facturar números similares a los que registraba antes de la pandemia.
El asesinato aumenta la sensación de inseguridad
Claudia Aguilera le dijo a W Radio que dos hombres llegaron por vía marítima, este martes 10 de mayo, a la playa del Hotel Decameron en Barú. Dispararon tres veces.
Un guardia intentó repeler el ataque y también fue baleado, pero resultó ileso, confirmó la cadena Decameron.
Aguilera y Pecci habían llegado a Cartagena el 5 de mayo y desde el viernes 6 estaban en ese balneario, a menos de una hora del Centro Histórico de Cartagena, donde pasaban su luna de miel. Se habían casado el 30 de abril en Asunción, capital paraguaya.
Pecci era un reconocido fiscal —“un intachable servidor público”, ha dicho la Fiscalía de ese país—. Su caso más mediático fue el Operativo A Ultranza, a través del cual desmanteló una estructura criminal en la que participaban políticos, empresarios y un clan familiar. Todos lavaban el dinero fruto de sus actividades en el narcotráfico, a través del deporte, la religión y distintas empresas paraguayas.
🔎 Uno de los últimos trabajos del fiscal antidrogas Marcelo Pecci fue revelar a una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero con estrechos vínculos a políticos y representantes electos de la ANR.
Fue asesinado en Colombia. pic.twitter.com/tkI8dRaWkM
— El Surtidor (@elsurti) May 11, 2022
Para intentar esclarecer el crimen, las autoridades de Colombia anunciaron acciones conjuntas con sus pares en Estados Unidos y Paraguay.
El fiscal Francisco Barboza anunció que dos fiscales especializados en homicidios y la vicefiscal Martha Mancera asumieron desde ayer la investigación. Esos funcionarios llegaron a Cartagena, procedentes de Bogotá. La Policía también anunció que cinco de sus hombres de más alto nivel se habían unido al equipo investigador.
Desde Barú, el comandante de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas Valencia, ofreció una recompensa de hasta dos mil millones de pesos por información sobre los responsables del homicidio y mostró la imagen de un sospechoso, captado por una cámara de seguridad.
Hasta ahora sólo se sabe que dos hombres llegaron a Playa Blanca en una moto acuática roja, que habían alquilado por $200.000 para manejarla durante 30 minutos. Testigos le dijeron a RCN Radio Cartagena que los hombres eran de nacionalidad extranjera.
“Asesinaron al fiscal (…) Se quitaron el suéter y huyeron (…) El alquiler fue por 30 minutos y solo la utilizaron (la moto acuática) 16 minutos (…) Nosotros estamos asustados, no tenemos nada que ver con esto”, le dijo un habitante de Barú a RCN.
El asesinato de Pecci se da en medio de una ola de inseguridad que golpea a Cartagena y de una percepción generalizada de que la capital está invivible porque en cualquier momento es posible ser víctima de un atraco o quedar en medio de una balacera.
En la reciente encuesta Pulso Social, realizada por el Dane, Cartagena fue la capital colombiana donde sus habitantes dijeron sentirse más inseguros.
Esa percepción casi duplica el consolidado de las 23 capitales estudiadas por el Dane. ¿La razón? Más del 92% de los consultados expresó sensación de inseguridad mientras caminaba en su barrio de noche. También la mayoría dijo sentirse “muy inseguro” caminando de día.
La alta percepción de inseguridad ya había salido a flote en una encuesta de Cartagena Cómo Vamos, publicada el 5 de noviembre.
Los cartageneros tienen motivos para sentirse inseguros: transcurridos 121 días de 2022 (1 de mayo), esta capital ya sumaba 118 homicidios, muchos de ellos producto de una guerra que, según la Policía, libran 36 bandas por las rutas del narcotráfico y el microtráfico en esta ciudad portuaria. Otra parte de esos hechos obedece a la intolerancia cotidiana.
Cartagena cerró 2021 con una tasa de casi 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aunque un punto más alta que la de 2020 y casi cuatro por encima de la de 2019, es un indicador mucho más bajo que los registrados entre 2012 y 2016, según datos de la Policía.
Los últimos meses también se han multiplicado los atracos, las riñas y las denuncias por venta de droga. Delitos que incluso ocurren en zonas turísticas como el Centro Histórico.
Por esos hechos, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia emitió dos alertas durante la pasada temporada de fin de año. La primera llegó el 17 de noviembre para que los norteamericanos tomaran “precauciones adicionales” en áreas con poca presencia policial.
La segunda data del 21 de diciembre y con ella la Embajada les recomendó a sus nacionales evitar llegar a Barú en carro particular, pues podrían encontrarse con retenes ilegales a cambio de dinero.
El alcalde Dau utilizó una narrativa excluyente para defender la imagen turística de Cartagena e invitar a los extranjeros a vacacionar.
Dijo, en un video que grabó en inglés, que las zonas inseguras no están dentro de los “barrios que un turista promedio visitaría” porque “son barrios de bajos ingresos”.
También reconoció que en Cartagena sí se ha disparado la inseguridad con la pandemia, pero los indicadores están por debajo de la mayoría de capitales colombianas.
Aunque eso es cierto, los cartageneros suelen reclamarle más acciones por la reciente ola violenta que los tiene con miedo.
Más presión sobre Dau y Pianeta
Si bien el ataque contra Pecci pudo haber ocurrido en cualquier otro lugar —dada la amenaza tácita con la que vivía por su lucha contra el crimen organizado—, este hecho aumentó los cuestionamientos ciudadanos contra el gobierno de William Dau, especialmente por dos decisiones recientes.
La primera decisión que le critican es la Operación Lázaro, una estrategia contra el crimen que comenzó el 31 de marzo e incluye más pie de fuerza y presencia policial en las calles. Dos semanas después, la Policía Metropolitana y la Alcaldía reportaron menos atracos y más capturas.
Sin embargo, en Cartagena la sensación generalizada es que dicha estrategia se ha quedado corta ante la disputa territorial de las bandas y los profundos problemas sociales de esta capital. Los asesinatos ocurridos entre abril y mayo de un hombre con antecedentes por narcotráfico, en una chiva rumbera en La Boquilla; de tres habitantes de calle en El Pozón y del dueño de una discoteca refuerzan esa idea.
La segunda razón es el nombramiento de Paola Pianeta en la Secretaría del Interior. Esta comunicadora social, con maestría en Conflicto Social y Construcción de Paz, es la encargada de implementar junto a la Policía Metropolitana de Cartagena la Operación Lázaro.
Que esa labor crucial esté en manos de una comunicadora, que tiene más experiencia como periodista, activista de género y defensora de derechos humanos, pero no en temas de seguridad y defensa, es lo que más ha generado críticas.
Antes de llegar a esa cartera, Pianeta se desempeñaba como jefe de la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía. Por eso, hay dudas sobre su perfil para un cargo con desafíos en seguridad tan mayúsculos.
Pianeta está al frente de esa Secretaría, desde el pasado 19 de enero, tras la renuncia del exconcejal David Múnera, quien también salió en medio de críticas ciudadanas por su labor al frente de esa cartera.
Dau la ratificó, nombrándola en propiedad, el 20 de abril, después de varios crímenes mediáticos que aumentaron las dudas sobre su idoneidad para el cargo.
“Zapatero a sus zapatos”, escribían nuevamente algunos cartageneros en redes sociales, indignados por el asesinato de Pecci.