Esta semana, por segunda vez y en menos de un mes, la Secretaría del Interior declaró desierta la contratación por mínima cuantía del operador de alimentos de la Cárcel Distrital de Mujeres.
Con este nuevo traspié, la Alcaldía de Cartagena les sigue vulnerando a 60 mujeres privadas de la libertad derechos fundamentales como la dignidad humana y la salud.
Asimismo, aumenta la agonía al interior de esa institución, pues desde el 1 de enero no hay operación de alimentos garantizada y la Dirección de la Cárcel ha acudido a donaciones ciudadanas y de empresas para garantizarles los desayunos, almuerzos y cenas diarias a las internas.
La cárcel comenzó este año sin contrato de alimentos porque quien fue el operador hasta el 31 de diciembre, Inversiones Ramfor, no aceptó la propuesta de la Secretaría del Interior de seguir operando en enero, mientras esa dependencia contrataba los alimentos de este año.
Esa operación temporal estaría cubierta con recursos de vigencias futuras, aprobados por el Concejo de Cartagena el año pasado.
Inversiones Ramfor terminó su operación en diciembre pasado en medio de quejas de las internas por mala calidad de la comida y sin cumplir con las condiciones higiénicas mínimas para la preparación de los alimentos.
Este 2022, además, comenzó con contagios de coronavirus en esa institución y con la renuncia de Mercedes García Escallón, quien los últimos dos años se desempeñó como su directora. En su reemplazo está como encargada Sandra Ascanio, funcionaria de la Secretaría del Interior.
Si bien la Dirección no es la responsable de contratar la alimentación —asunto que es competencia de la Secretaría del Interior—, ese cargo ha sido clave las últimas semanas para gestionar las donaciones de comida.
La Secretaría del Interior está con dirección interina desde el 20 de enero. Salió el titular David Múnera y en su reemplazo llegó Paola Pianeta.
Los intentos fallidos
La Secretaría del Interior convocó, el 7 de enero, a un proceso de mínima cuantía para contratar la operación de alimentos de un mes, por 93 millones de pesos.
Solo se presentó la firma EDA Colombia SAS, cuya propuesta no reunió los requisitos exigidos por esa dependencia para garantizar las raciones diarias de desayuno, almuerzo y comida a las 60 internas. El 18 de enero, el entonces secretario Múnera declaró desierto este proceso.
Esa firma cartagenera se dedica al comercio al por menor de artículos domésticos, alimentos, bebidas o tabaco, y a la elaboración de comidas y platos preparados.
El 19 de enero, el exsecretario Múnera convocó a un nuevo proceso de mínima cuantía, que la nueva secretaria del Interior declaró desierto cinco días después porque no tuvo ninguna oferta, lo que podría sugerir que la manera como la contratación se estructuró no ha resultado atractiva para los oferentes.
Tras ese segundo intento fallido, la Secretaría del Interior planea convocar a un tercer proceso, la próxima semana, con nuevas condiciones en los estudios previos e invitación a contratar para “garantizar una mayor participación de oferentes”, le dijo a La Contratopedia la secretaria Pianeta.
Con este nuevo proceso —en borrador y próximo a publicarse en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop)—, la Secretaría del Interior buscará seleccionar a un operador por 30 días, mientras contrata la operación de alimentos al 31 de diciembre de 2022 por hasta $1.062 millones.
Este año, la Alcaldía no acudirá a la Bolsa Mercantil, como lo hizo en 2021, sino que contratará a través de su unidad de contratación. Escoger al operador a través de un proceso de selección abreviada de menor cuantía le puede tomar a la Secretaría del Interior un mes, fecha que la secretaria Pianeta busca hacer coincidir con la terminación del contrato temporal para que haya empalme inmediato y las internas no se vuelvan a quedar sin comida contratada.
Mientras el contratista temporal llega, las internas se han alimentado desde el 1 de enero gracias a donaciones de ciudadanos, fundaciones o empresas; a gestiones realizadas por la Oficina de la Primera Gestora Social del Distrito y hasta por colectas de dinero, que la exdirectora de la cárcel, Mercedes García Escallón, y funcionarios de la Secretaría del Interior han realizado para costear, especialmente, los almuerzos y cenas, cuya preparación oscila entre los $300.000 y $600.000 diarios.
De esa manera, las 60 internas han logrado desayunar fritos; almorzar arroces trifásicos, pollo guisado, carne molida o sancochos, y cenar sandwiches o perros calientes, como La Contratopedia informó el 13 de enero.
No es la primera vez que una situación como ésta ocurre en la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena. Esa institución suele comenzar las primeras semanas de enero sin contrato de alimentación, pero en vigencias pasadas el contratista de turno solía garantizar la comida mientras renovaba su contrato con la Alcaldía.
Las quejas por la comida de la cárcel han sido una constante los últimos años.
La agonía por alimentación de calidad
Hasta el 31 de diciembre pasado, el operador de alimentos fue la firma bogotana Inversiones Ramfor Ltda, a la que el gobierno de William Dau contrató a través de una rueda de negocios celebrada en la Bolsa Mercantil por $922.935.100.
Con la llegada de ese operador, las quejas se multiplicaron en la cárcel por la mala calidad de la comida. Incluso, el 2 de julio, cinco mujeres se intoxicaron tras desayunar “arepa de huevo frita, chocolate caliente con leche y patilla picada”. Presentaron síntomas como vómito, mareo, diarrea y dolor abdominal. Una de ellas requirió atención médica en el Hospital de El Pozón.
Ese contratista tuvo reiterados llamados de atención de la Dirección de la Cárcel y del Dadis por las condiciones higiénicas de la cocina donde preparaba los alimentos.
En 2017 hubo otra intoxicación. Ese año 31 mujeres presentaron diarrea y vómito tras ingerir un desayuno que entregó el operador de entonces, Asadero Bar Restaurante El Cabrero. Dieciséis de ellas requirieron atención en diferentes centros asistenciales. Algunas regresaron ese mismo día a la cárcel, mientras otras estuvieron en observación médica por más de 24 horas.
También en 2013 hubo una intoxicación. En aquel momento 62 mujeres presentaron vómito y diarrea poco después de haber cenado carne desmechada. Tres de ellas tuvieron que ser llevadas a hospitales, mientras que el resto pudo recibir hidratación dentro de la cárcel.