El pasado 6 de agosto, en medio de un pulso político con el Concejo Distrital que acabó con la salida (por segunda vez) del secretario de Participación Armando Córdoba del gabinete del alcalde William Dau, la Alcaldía anunció que a través de la Bolsa Mercantil de Colombia seleccionó a la Unión Temporal Distrito Nutricional por cerca de $4.983 millones de pesos, para entregar mercados a 9.263 adultos mayores de las zonas más pobres de la ciudad, organizados en 30 centros de vida y 106 grupos.
Este contrato se adjudicó después de que los concejales acusaron de poca gestión al saliente secretario Córdoba, pues en lo que va del año —y con el aumento del hambre por la pandemia— los adultos mayores no han recibido ningún paquete de alimentación.
Detrás de esa Unión Temporal hay dos firmas que se dedican a la alimentación escolar y que además tienen en común ruidos por haber presentado documentos falsos en el pasado para intentar ganarse licitaciones públicas.
Se trata de la empresa bogotana Seval Logística SAS y de la Fundación CEA Cartagena.
Las dos son también los privados detrás del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Cartagena este año, contrato que se ganaron a través de la Bolsa Mercantil y como integrantes de la Unión Temporal Cartagena Express, junto a una tercera empresa: Multimodal Express SAS. Hasta ahora la Secretaría de Educación de Cartagena no ha recibido quejas por los alimentos entregados.
Como contratista de la alimentación de los adultos mayores, la Unión Temporal Distrito Nutricional deberá entregar 37.052 mercados desde este mes para repartirlos en cuatro entregas. Cada uno de esos paquetes está compuesto por 11 alimentos.
Esta es la segunda vez que el gobierno Dau contrata los paquetes de alimentación para adultos mayores a través de la Bolsa. Ya lo había hecho en septiembre del año pasado, cuando el contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Mayor Cartagena 2020, integrada por dos privados, uno de ellos con ruidos.
Con esta nueva contratación de la Alcaldía a través de la Bolsa Mercantil se confirma que adelantar procesos con esa intermediación no blinda los procesos de empresas sin líos ni ruidos, como fue la apuesta del alcalde Dau desde antes de llegar al Palacio de La Aduana.
También muestra que el sistema de contratación público colombiano no es infalible, pues la ley permite que las empresas concursen y se ganen contratos públicos, pese a los ruidos que puedan acompañarlas hasta tanto no haya una sanción penal, fiscal o disciplinaria.
Además, como lo denunció Funcicar, queda en evidencia que las contrataciones a través de la Bolsa fallan en la transparencia de la información, porque esa entidad no publica todos los documentos de los negocios que celebra en su mercado de compras públicas.
Por ejemplo, de esta última contratación aún no se conoce ni el monto exacto del contrato ni el porcentaje de participación de los privados seleccionados, datos clave que la Alcaldía tampoco ha proporcionado pese a que La Contratopedia los solicitó al equipo de comunicaciones en varias oportunidades.
Las empresas y sus ruidos
La Fundación CEA Cartagena es una organización sin ánimo de lucro inscrita en la Cámara de Comercio desde 2013 y su representante legal es Sabas Benavides Pereira. Esta firma es un megacontratista de la alimentación escolar en Bolívar. Forma parte de una telaraña de contratistas que desde 2017 rotan su participación en uniones temporales y consorcios para ganar millonarios negocios.
Además de esos negocios que ha firmado en llave con otras empresas, en el Sistema Electrónico de Contratación (Secop) a esta organización le aparecen 16 contratos firmados a nombre propio por $3.374 millones. La mayoría de ellos, con alcaldías de Bolívar y entidades descentralizadas como el Sena, para la organización de eventos y la capacitación de funcionarios.
Dos de los líos que La Contratopedia Caribe ha contado sobre CEA Cartagena son de 2019. El primero de ellos se conoció cuando era integrante del Consorcio Cartagena con Futuro, uno de los proponentes del PAE en la capital de Bolívar para ese año.
En aquel momento presentó certificados de contratación falsos, supuestamente, firmados por la Diócesis de Sincelejo, asunto que esa entidad eclesiástica negó.
Por esa irregularidad, la Alcaldía de Cartagena descartó seguir adelante con ese proceso de contratación y seleccionó al operador del PAE a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.
El otro lío reciente de esa firma lo tuvo mientras pujaba por la licitación del PAE de Yopal como parte de la Unión Temporal PAE Yopal 2019. El comité evaluador de ese proceso la señaló, junto a la UT Nutriendo Yopal 2019, de colusión, porque ambas presentaron un contrato de arrendamiento idéntico para la bodega de almacenamiento de los alimentos.
El comité evaluador del PAE de Yopal pidió explicaciones sobre lo sucedido, pero ambas uniones temporales negaron las sospechas y culparon al arrendador por la presentación del mismo documento.
La otra empresa que estará al frente de la entrega de alimentos para los adultos mayores cartageneros es la bogotana Seval Logística SAS. Esta firma existe desde 2014 y se dedica al comercio al por mayor de productos alimenticios y al suministro de comidas preparadas.
Su representante legal es Sebastián Alfredo Duque Bertoldi y el representante suplente es Alfredo Duque Martínez. La empresa tiene sucursales en Tunja, Ibagué, Bucaramanga, Facatativá, Bogotá y Putumayo.
El ruido de esta compañía le viene de un contrato que firmó en 2017 con la Gobernación del Putumayo para ejecutar el PAE en ese departamento, como integrante de la Unión Temporal Putumayo Somos Todos 2017 junto a la Fundación SAC Colombia.
En ese negocio, la Procuraduría encontró que los documentos de experiencia presentados por Seval no correspondían a esa firma sino a la Corporación Tanai Jawa, empresa señalada por la Contraloría de incumplimientos en la entrega de alimentos en Sucre e investigada por la Procuraduría por entregar alimentos en mal estado en Norte de Santander.
Además, el mismo Ministerio Público evidenció que el pliego de esa licitación carecía de reglas objetivas y justas, ya que se asignaron puntuaciones a requisitos técnicos “con lo que afectaron la participación plural de oferentes, y direccionaron la contratación estatal”.
Por esas irregularidades, el ente de control sancionó con suspensión del cargo e inhabilidad por varios meses a tres funcionarios públicos de la Gobernación de Putumayo que estuvieron a cargo de esa contratación.
Desde 2019, cuando se inscribió en el Registro Único de Proponentes (RUP), Seval ha firmado dos contratos sin integrar uniones temporales ni consorcios: uno de alimentación escolar de 2018, con la Alcaldía de Floridablanca (Santander) por $1.301 millones, y otro con la Alcaldía de Morroa (Sucre), por $17.000.000, para el apoyo logístico de las elecciones legislativas de 2018.
Que dos empresas con estos líos a cuestas sean las encargadas de entregar los paquetes de mercados para los adultos mayores de Cartagena le pone más reflectores a esta contratación que ha sido criticada por el Concejo, desde hace meses, porque tardó ocho meses en concretarse.