Después de declarar desierta en julio pasado la contratación del Plan de Protección Costera de Cartagena, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo reinició en noviembre esa megaobra esperada desde hace años por los cartageneros. Sin embargo, los cambios que ha tenido el cronograma de este segundo intento muestran desde ya que la fecha para la selección del contratista tampoco estará exenta de traspiés.
El cambio más reciente ocurrió la semana pasada, cuando Gestión del Riesgo informó que ampliaba hasta el 8 de febrero la recepción de cotizaciones de las firmas interesadas. Es el tercer cambio que ha tenido ese proceso este 2021, porque el plazo inicial vencía el 15 de enero y luego había cambiado hasta el 1 de febrero.
De esas propuestas debe salir la más favorable, es decir, la que mejor se ajuste a los requisitos técnicos, jurídicos, económicos y financieros de esta convocatoria pública por $136.000 millones.
El 6 de noviembre, Gestión del Riesgo ya había suspendido el proceso de inscripción de los interesados, cinco días después de abierta la convocatoria. La entidad reactivó el proceso el 11 de diciembre y el 14 actualizó el valor del contrato.
Esta intervención en 7.7 kilómetros de costa está proyectada a 18 meses así:
- Construcción de 6 espolones en Bocagrande
- Tres rompeolas cercanos al Centro Histórico
- Reconstrucción de 2 espolones
- 5.20 kilómetros de escolleras
- Un sistema de drenaje pluviales
Con esos trabajos, que integran la primera de las dos fases de todo el Plan de Protección Costera, Cartagena busca mitigar la erosión de una parte de sus playas, garantizar la estabilidad en las vías cercanas al mar, proteger el patrimonio histórico y disminuir los riesgos de movilización por los barrios El Laguito y Marbella.
Esta nueva convocatoria tiene 90 interesados, entre firmas y consorcios, casi el doble de la anterior, a quienes Gestión del Riesgo ya los invitó a enviar formalmente sus propuestas. Hay 27 que repiten su manifestación de interés: 19 son colombianos y ocho extranjeros
(Este es el listado con todas las firmas y consorcios interesados).
Entre las empresas colombianas hay megacontratistas como la cartagenera KMA Construcciones, cuyo representante legal es Menzel Amín Avendaño; la paisa Constructora Conconcreto, cuyo presidente es Juan Luis Aristizábal Vélez, y el barranquillero Edgardo Navarro Vives, dueño de las empresas Equipos Universal y Pavimentos Universal.
Entre las firmas extranjeras están la holandesa Van Oord Dredging and Marine Contractor BV, Sucursal Colombia; la china Shanghai Dredging CO. Ltd., Sucursal Colombia, y la portuguesa Mota Engil. Esta última llegó a la ronda final de la primera convocatoria como miembro del Consorcio Intervención Costera – Cartagena 2020, pero no cumplió con los requisitos técnicos para ganarse el contrato.
(Vea aquí más información sobre las firmas que repiten interés en este segundo proceso de contratación del Plan de Protección Costera).
Un camino de tropiezos
La selección del contratista tiene más de un año de retraso.
La Alcaldía de Cartagena y la Unidad de Gestión del Riesgo habían anunciado en 2019 que en diciembre de ese año arrancarían las obras, pero eso no fue posible por dos razones: el paro nacional, que alteró desde noviembre de ese año las actividades en las distintas entidades públicas y privadas del país, y porque las firmas interesadas pidieron más tiempo para estudiar “los términos y requisitos establecidos”, dijo el director de la entidad Eduardo González Angulo, a través de la Resolución 1011 del 27 de noviembre de 2019, cuando anunció el cambio en el calendario de contratación.
El proceso de contratación siguió en 2020, pero terminó desierto. En julio pasado, Gestión del Riesgo anunció que los consorcios Intervención Costera Cartagena 2020 y Protección Costera Cartagena no cumplieron con todos los requisitos técnicos.
Esas dos propuestas fueron las únicas que recibió formalmente Gestión del Riesgo, después de que los otros 30 interesados desistieron, asunto que despertó dudas entre los ingenieros cartageneros sobre las condiciones técnicas y financieras del proyecto.
Esas dudas, especialmente, se generaron porque entre los interesados había pesos pesados de las obras hidráulicas y oceanográficas del mundo, como las holandesas Van Oord Dredging Contractors y Boskalis International; las chinas China United Engineerieng Corporation Limited y Shanghai Dredging; la portuguesa Mota Engil, y la multinacional española Obrascon Huarte Lain. Algunas de ellas manifestaron interés en la convocatoria vigente.
De hecho, al proyecto no le han faltado las dudas desde distintos frentes. En julio, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales cuestionó que el proyecto no tuviese suficiente revisión técnica externa para darle “mayor tranquilidad” a la ciudadanía.
La entidad lo dijo porque los diseños y la base ambiental de las obras los actualizó en 2017 la Universidad de Cartagena, después de un convenio interadministrativo que firmó con el Distrito y sin interventoría.
Gestión del Riesgo presentó, en mayo de 2019, esos estudios a distintos actores en Cartagena, y en noviembre de ese año la Dimar, que es la autoridad marítima colombiana, le dio luz verde al inicio de obras.
En septiembre pasado, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar le enviaron una carta al alcalde William Dau y al director de Gestión del Riesgo con advertencias de posibles falencias en el diseño y presupuesto de este megaobra, como lo describe el ingeniero Álvaro González en su blog personal.
Antes el Plan había generado inquietudes porque la contratación inicial, anunciada por Gestión del Riesgo, era por invitación cerrada.
La Procuraduría no estuvo de acuerdo y pidió que el contrato se hiciera por licitación pública para brindar más garantías y tranquilidad a los cartageneros.
Funcicar, entidad que le hace seguimiento a la contratación pública de Cartagena, advirtió sobre los riesgos de este tipo de contratos, entre ellos que Gestión del Riesgo no estaría obligada a publicar todos los documentos, lo que limitaba el acceso a la información y no daba espacio para que veedores y ciudadanos presentaran observaciones ni sugerencias.
Además, quienes no fueran parte del banco de oferentes de Gestión del Riesgo no podrían postularse.
Después de esas observaciones, el proceso de contratación cambió por uno abierto y libre, como el que está en curso.