Este contenido forma parte de la investigación ‘Megacontratación de Dau: pocas obras de alto impacto y más contratos de rutina‘.
Entre enero de 2020 y agosto de 2022, la Alcaldía de Cartagena contrató $208.634 millones a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, escenario de negociación de productos agropecuarios, industriales, minero- energéticos y otros commodities (materias primas) cuyas reglas de negociación brindan más garantías de transparencia.
Esa suma, producto de 12 contratos superiores a los mil millones de pesos, representa un tercio de la megacontratación analizada por La Contratopedia Caribe: $620.579 millones.
Con esos procesos en Bolsa, la Alcaldía contrató los servicios de alimentación escolar y adulto mayor, y vigilancia de escuelas y oficinas públicas.
Lo que hay detrás con la Bolsa
El Mercado de Compras Públicas de la Bolsa ha sido uno de los escenarios más usados por el gobierno de William Dau en su intento por blindar la plata pública de contratistas cuestionados. Especialmente, porque la lucha anticorrupción ha sido el ‘caballito de batalla’ del hoy alcalde desde antes de llegar al Palacio de La Aduana.
Esa estrategia de blindaje tiene al menos tres razones detrás. Algunas, incluso, no reconocidas en público por la Alcaldía, pero conocidas extraoficialmente por La Contratopedia.
La primera razón son las dudas que la figura de licitación pública para contratos como los del Programa de Alimentación Escolar (PAE) le generaron a esta administración, después del denunciado caso de corrupción de las pechugas de pollo a $40.000 en 2016, durante el gobierno de Manolo Duque, tres veces más que el valor del mercado, y de intentos fallidos de contratación a través de licitaciones en los gobiernos venideros.
“Aquí en Cartagena las licitaciones públicas siempre han sido amañadas”, ha dicho Dau, reiteradamente, a medios de comunicación.
Por “amañadas”, Dau alude a pliegos con especificaciones que solo pocas firmas pueden cumplir y que en el pasado han generado más de una queja entre las veedurías cartageneras.
Por ejemplo, pliegos de contratación con exigencia de títulos especializados al operador, como posgrados en seguridad alimentaria y nutricional, y una flota de carros muy específica. Requisitos que terminan limitando la pluralidad de oferentes, sin que existan pruebas del impacto de esas condiciones tan particulares en la calidad del servicio.
En la Bolsa Mercantil esos escenarios son improbables porque el Mercado de Compras Públicas opera por sistema de subasta inversa, una puja que garantiza que el contrato quede en manos de quien oferte mejor. Allí los compradores (alcaldías o gobernaciones, por ejemplo) y los vendedores (contratistas) no tienen contacto directo porque en las ruedas de negociación son representados por firmas comisionistas, a cargo de las transacciones.
“Si llegase a pasar una cosa de ese estilo, la sociedad comisionista pone en riesgo su licencia. Nunca hemos oído una cosa así. Por eso es clave que lleguen muchos proveedores a la rueda de negociación, pues eso ayuda a que este tipo de cosas no pasen. Nosotros y esas sociedades comisionistas estamos muy vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia”, le dijo a La Contratopedia Caribe María Inés Agudelo, directora de la Bolsa Mercantil de Colombia, sobre la posibilidad de que en el Mercado de Compras Públicas haya pactos por debajo de la mesa.
La segunda razón para acudir a la Bolsa tiene que ver con la desconfianza que a Dau le han generado ciertos funcionarios de la Alcaldía, a quienes ha acusado de prácticas irregulares o asociado a grupo clientelistas sin aportar una sola prueba.
Recién comenzó su gobierno manifestó, abiertamente, su descontento por un grupo de funcionarios adscritos a la Secretaría de Hacienda. En su perfil de Instagram publicó un listado de supuestas cuotas de caciques políticos de Bolívar (William Montes, Hernando Padauí, Juan José García y Antonio Quinto Guerra) y les pidió a los ciudadanos ayuda para verificar si esos vínculos eran ciertos.
Dos de los señalados acudieron a la Justicia para obligarlo a retractarse y borrar la publicación.
Y la tercera razón obedece a los tiempos: los procesos son más rápidos y toman menos de un mes en la Bolsa, a diferencia de una licitación pública que, desde la publicación de los borradores de los pliegos hasta la audiencia de adjudicación, puede extenderse hasta por tres meses.
No hay garantías de una ejecución sin problemas
Aunque despeja dudas de pliegos amañados y garantiza más transparencia, el Mercado de Compras Públicas de la Bolsa no blinda la contratación de cuestionamientos, pues ha habido problemas con la ejecución del PAE (2018, 2019 y más recientemente en los primeros meses de 2020) y la alimentación en la Cárcel Distrital de Mujeres (2021).
También ruidos por los contratistas que se ganan los contratos.
En realidad, ningún método de contratación en Colombia blinda por completo la plata pública porque la ley permite que las empresas pujen y se ganen negocios si cumplen todos los requisitos exigidos por la entidad contratante y si no tienen sanciones penales, fiscales o disciplinarias que las inhabiliten.
Es decir, los ruidos por malas prácticas con los que lleguen a la negociación no cuentan para inhabilitarlos.
A esa realidad que atraviesa todo el sistema de contratación pública de Colombia se suma un factor particular en el sector alimentos, especialmente con el PAE: como ha contado La Contratopedia, esos contratos suelen terminar en manos de un reducido grupo de firmas, quienes se unen entre sí bajo distintas uniones temporales y consorcios, para concursar en distintas regiones del país porque cuentan con músculo económico y trayectoria.
De hecho, en cinco de los contratos de alimentación contratados por el gobierno de William Dau a través de la Bolsa Mercantil, durante 2020 y 2021, se repitieron cuatro empresas.
Críticas y dificultades en el acceso a la información
Los contratos por Bolsa Mercantil de Cartagena han sido cuestionados en más de una ocasión por el Concejo Distrital, dados los montos que debe destinar la Alcaldía por gestión. Esos son recursos que recibe el comisionista por su trabajo de representación en la rueda de negocios.
Esa plata —ha dicho el Concejo— la Alcaldía se la ahorraría si realizara la selección de los contratistas desde su Unidad Asesora de Contratación, a través de licitaciones públicas.
Por el contrato de vigilancia, el más millonario de los tres en los que intermedió la Bolsa en 2020, por ejemplo, la Alcaldía le pagó al comisionista Miguel Quijano y Cia SA $40.445.5423, mientras que en la transacción de PAE más reciente, celebrada en agosto, pagó $160.367.827.
Pese a las críticas del Concejo, sin embargo, la Alcaldía tiene autonomía para escoger la modalidad de contratación que más le convenga, siempre y cuando se ajuste a los parámetros legales.
Otra de las críticas relacionadas con la contratación por Bolsa tiene que ver con la poca transparencia de la información, porque esa entidad no está obligada a publicar todos los detalles de los privados en puja. Por tanto, con este sistema de negociación hay opacidad informativa.
A La Contratopedia, por ejemplo, conocer los nombres de los contratistas seleccionados y los porcentajes de participación de las empresas participantes, cuando son uniones temporales o consorcios, le tomó un camino más largo que el usual (revisar las carpetas de contratos disponibles en las plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública).
Como los detalles de los contratistas no están publicados ni en el sitio web de la Bolsa Mercantil ni en el de la Alcaldía de Cartagena, veedores y periodistas deben pedirles a ambas entidades la información para identificar esas razones sociales.
Las respuestas no siempre son expeditas y, por el contrario, llegan a cuentagotas, pues una entidad entrega una parte de los datos y la otra el resto.
Tampoco están publicados informes sobre ejecución de los servicios prestados.
Por esta opacidad informativa, Funcicar le ha sugerido a la Alcaldía de Cartagena divulgar la documentación con los servicios contratados a través de la Bolsa. De esa manera, la Alcaldía garantiza el acceso a la información pública y no obstaculiza el control ciudadano.
Eso, sin embargo, aún no sucede.