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Las obras comprenden la construcción de un tren turístico y paseo peatonal hasta Bocas de Ceniza, por $34.151 millones. /Foto: Ofiprensa Alcaldía de Barranquilla.

Un peso pesado de España construirá el tren turístico de Mallorquín

Edubar adjudicó esta semana el segundo tramo de obras para la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla. Esa fase, por $34.141 millones, enfrenta un desafío social porque parte de su infraestructura se construirá sobre un territorio en disputa.

El Consorcio Tren Mallorquín, que tiene detrás a un peso pesado de la contratación del sur de España, se ganó el segundo tramo de obras para la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín.

Ese privado deberá construir un tren turístico y paseo peatonal hasta Bocas de Ceniza, por $34.151 millones, como parte del macroproyecto de recuperación de este cuerpo de agua, ubicado en Barranquilla, sobre la margen izquierda de la desembocadura del río Magdalena en el Mar Caribe. 

Tren Mallorquín le ganó a otros dos oferentes, conformados por empresas de Barranquilla y del interior del país, en una licitación que comenzó en junio pasado y cuya adjudicación tomó una semana más de la fecha inicialmente prevista por Edubar, agencia de desarrollo urbano de Barranquilla encargada del contrato, debido a la “cantidad” y “complejidad” de observaciones que recibió su informe de evaluación, informó esa entidad.

Edubar solo pudo adjudicar el contrato hasta este jueves 26 de agosto, y no antes del 20 del mismo mes, porque 11 veedurías y los otros oferentes le pidieron declarar desierto este proceso. Observaciones que la entidad respondió y desestimó al considerar que el contratista seleccionado cumple con todos los requisitos para ejecutar las obras.

Esta ejecución no tiene el camino despejado porque parte de la infraestructura proyectada se construirá sobre un predio que la Alcaldía de Barranquilla intenta desalojar desde 2017. 

La administración de Jaime Pumarejo dividió la recuperación de Mallorquín en siete etapas, que suman unos $300.000 millones. La primera fase, por $82.464 millones, se la ganaron contratistas aliados del charismo, grupo político que maneja la Alcaldía de Barranquilla desde 2008.

El contratista de la segunda fase

El Consorcio Tren Mallorquín está conformado por dos empresas de Bogotá, que tienen igual porcentaje de participación. Una de ellas es Ambiental y Construcciones SAS, registrada desde 2018 en la Cámara de Comercio capitalina. Se dedica a la construcción de obras de ingeniería civil, como edificios no residenciales y carreteras, y a la consultoría técnica.

Sus accionistas son las empresas españolas Martín Casillas Grupo SL y Explotaciones Las Misiones SLU, ambas miembros de MC Grupo. Ese holding está domiciliado en Alcalá de Guadaira, ciudad de Sevilla, en el sur español. Su representante legal en Colombia es Benjamín Figueroa Molina. 

La columna vertebral de ese grupo económico es la empresa Martín Casillas, que nació en 1965 como una pequeña constructora familiar. Desde sus inicios, se ha dedicado a la construcción y mantenimiento de obras civiles, a las intervenciones medioambientales, y a la construcción y explotación de parqueaderos y geriátricos. 

Entre las obras que este grupo ejecuta actualmente en España están el mantenimiento de la malla vial de Sevilla, la etapa final de una urbanización en Jerez y la renovación del balasto (piedras trituradas) en la vía férrea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

En 2011, este grupo español inició su internacionalización y hoy tiene, además de Colombia, oficinas en México.

La segunda empresa del consorcio es Ingecon SAS, constituida en 1995, en Villavicencio, por Jaime Fierro Morales y Ana Ramírez Hernández. Después, ingresaron como socios con participación minoritaria Camila Fierro Ramírez, Diana Hernández Castaño y María Hernández Castaño. 

Esta firma, con sede en Bogotá desde 1999, se dedica a las obras de ingeniería civil y proyectos de servicio público. Se ha ganado, al menos, $127.573 millones en contratos de obra pública para adecuar vías y hacer intervenciones hidráulicas, entregados por la Agencia de Desarrollo Rural, la CAR de Cundinamarca, el Incoder (en liquidación), Invías y la Gobernación de Caldas, según el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

El desafío social detrás de las obras

La segunda etapa de recuperación de la Ciénaga de Mallorquín tiene varios desafíos sociales porque parte de las obras están proyectadas sobre un predio de 26.667 metros cuadrados, ubicado en la calle 106 No 90-311, sector Servi Ship, que la Alcaldía de Barranquilla intenta desalojar desde 2017. 

Allí el Distrito planea sembrar mangle y construir la estación del tren turístico y el parqueadero vehicular para el ingreso a la playa de Puerto Mocho, cuya adecuación es otra de las fases del macroproyecto de Mallorquín.

El pasado 22 de julio hubo una nueva diligencia para desalojar a las 35 familias que allí viven, lo que desencadenó problemas de orden público durante dos días consecutivos.

Desde entonces, el proceso está suspendido y la Alcaldía aseguró estar liderando una mesa de diálogo con los involucrados. La administración Pumarejo se ha comprometido a pagarles tres meses de arriendo y brindarles asesoría para que postulen a subsidios de vivienda. También a vincularlos a la oferta institucional distrital, para que tengan posibilidades de empleo y salgan de la informalidad.

Muchos de quienes viven a la orilla de la Ciénaga de Mallorquín están allí desde hace al menos una década, tras haber construido sus viviendas, rellenando la ronda hídrica o con estructuras palafíticas dentro del agua.

La mayor parte de esas construcciones no superan los 50 metros cuadrados, están levantadas en madera, cartón, lata y plástico. Sus habitantes, muchos de ellos desplazados por la violencia, viven del rebusque diario en las calles, del reciclaje o de la pesca, principal actividad económica de esta zona de Barranquilla, dada su cercanía con el Mar Caribe, el Río Magdalena y Mallorquín.

Por ese tipo de rellenos, la ronda hídrica de la Ciénaga se ha transformado, durante los últimos 20 años, en uno de los cinturones de miseria más anchos de Barranquilla. También ha aumentado la urbanización de su orilla en el corregimiento La Playa, hasta donde se extiende este cuerpo de agua.

El desalojo del lote se remonta a una querella que interpuso la Alcaldía en 2017, durante la administración de Alejandro Char. En 2019, la Alcaldía y la Dimar, con apoyo del Esmad de la Policía, intentaron desalojar a las familias. Parte del desalojo fue posible, pero la diligencia se suspendió por acciones de tutela interpuestas por los afectados, quienes solicitaron ser reubicados.

Desde entonces, las familias han interpuesto varios recursos judiciales para que la Alcaldía les garantice su reubicación en otro sector de Barranquilla. 

Con el desalojo de las familias que ocupan esta zona pendiente, el arranque de estas obras, por ahora, no se ve despejado.

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