Tres proponentes, conformados por empresas de Barranquilla, Bogotá, Medellín y Tocancipá, se postularon para ejecutar las obras de la segunda fase de recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, cuya contratación está a cargo de la agencia de desarrollo urbano de Barranquilla, Edubar.
Los consorcios Tren Mallorquín y Tren de Mallorquín, y la unión temporal Tren Turístico Las Flores, compiten por el contrato de $34.151 millones, con el que la administración de Jaime Pumarejo busca construir un tren turístico y paseo peatonal hasta Bocas de Ceniza, en el barrio Las Flores, como parte del macroproyecto Mallorquín, calculado en unos $300.000 millones y dividido en siete etapas.
Entre las empresas que conforman esos dos consorcios y la unión temporal hay una cuyo dueño es un peso pesado de la construcción en el sur de España, dos creadas este año y sin mucha experiencia en obras civiles, y una experimentada firma que se ganó la canalización de dos arroyos de Barranquilla en 2016.
Esta segunda fase, especialmente, tiene detrás varios desafíos sociales porque parte de las obras están proyectadas sobre un predio de 26.667 metros cuadrados, que la Alcaldía intenta desalojar desde 2017. El pasado 22 de julio hubo una nueva diligencia, que desencadenó problemas de orden público durante dos días consecutivos.
Edubar ya adjudicó, el pasado 30 de junio, la primera fase de Mallorquín por $82.464 millones. Se la ganó un consorcio, integrado por dos contratistas aliados del charismo, grupo político que maneja la Alcaldía de Barranquilla desde 2008.
Esa apuesta para convertir a este cuerpo de agua y su ronda hídrica en un escenario ecoturístico es una de las banderas de la Alcaldía de la capital de Atlántico para reactivar la economía y jalonar desarrollo social, después de tres olas mortales de coronavirus que la hicieron retroceder ocho años en superación de pobreza y la convirtieron en una de las capitales de Colombia con más muertes por millón de habitantes.
Estos son los privados que pujan por la segunda fase (Descargue aquí la información sobre las 11 empresas).
Consorcio Tren Mallorquín
Está conformado por dos empresas de Bogotá, que tienen igual porcentaje de participación.
Una de ellas es Ambiental y Construcciones SAS, registrada en 2018, dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil, como edificios no residenciales y carreteras. También a la consultoría técnica.
Sus accionistas son las empresas españolas Martín Casillas Grupo SL y Explotaciones Las Misiones SLU, miembros del holding MC Grupo domiciliado en la ciudad de Alcalá de Guadaira de Sevilla. Su representante legal en Colombia es Benjamín Figueroa Molina. En 2011, el grupo inició su internacionalización. También tiene oficinas en México.
La columna vertebral de ese grupo económico, constituido en 2005, es la empresa Martín Casillas, que nació en 1965 como una pequeña constructora familiar.
En España, ese grupo se dedica a la construcción y mantenimiento de obras civiles, a las intervenciones medioambientales, y a la construcción y explotación de parqueaderos y geriátricos.
Entre las obras que este grupo ejecuta en España están el mantenimiento de la malla vial de Sevilla, la etapa final de una urbanización en Jerez y la renovación del balasto (piedras trituradas) en la vía férrea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
La segunda empresa que forma parte del consorcio es Ingecon SAS, constituida en 1995 por Jaime Fierro Morales y Ana Ramírez Hernández en Villavicencio. Después, ingresaron como socios con participación minoritaria Camila Fierro Ramírez, Diana Hernández Castaño y María Hernández Castaño.
Desde 1999, tiene su sede en Bogotá. Se dedica a la construcción de carreteras, obras de ingeniería civil y proyectos de servicio público.
Ha obtenido, al menos, $127.573 millones en contratos de obra pública para adecuar vías y hacer intervenciones hidráulicas, adjudicados por la Agencia de Desarrollo Rural, la CAR de Cundinamarca, el Incoder (en liquidación), Invías y la Gobernación de Caldas, según información del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).
Unión Temporal Tren Turístico Las Flores
Está conformada por tres empresas, dos de Barranquilla y una de Bogotá.
Una de las empresas de Barranquilla es BF Construye SAS, con el 47.5% de participación. Esta firma, con amplia experiencia en obras públicas, fue fundada en 1982 como Constructora Bafer Ltda, por Luis Baena López, Gloria Fernández de Baena y Guillermo Baena López.
En 2013 cambió su nombre a BF Construye SAS y hoy tiene como único accionista al ingeniero Francisco Dugand González.
Desde sus inicios se ha dedicado a la construcción de edificios residenciales y otras obras de ingeniería civil.
Entre sus megaproyectos está la canalización de los arroyos La Felicidad y la 21 en Barranquilla, como miembro de las uniones temporales Arroyos Barranquilla y Arroyos 2016. Ambos contratos sumaron $247.705 millones y los obtuvo durante la segunda administración de Alejandro Char.
También formó parte de una unión temporal, que construyó 10 centros de desarrollo infantil en Bolívar, por $25.000 millones.
A nombre propio, cuando se llamaba Bafer Ltda, obtuvo $1.144 millones en contratos que adjudicó la Gobernación del Atlántico para obras en escuelas, un estadio de fútbol y el acueducto en Suan.
La segunda empresa barranquillera es Soluciones de Infraestructura y Logística SAS, también con el 47.5% de participación.
Fundada en 2011 por José Sánchez Vanegas, quien es también su gerente, se dedica a la construcción de obras de ingeniería civil, al transporte de carga por carretera, al alquiler de maquinaria y a actividades relacionadas con la consultoría técnica.
El tercer miembro de esta unión temporal es Befarhs Construcciones SAS, de Bogotá, con el 5% de participación. Si esta unión temporal obtiene este contrato, esta empresa se estrenaría con Mallorquín en la contratación pública.
Se trata de una firma registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 15 de julio pasado, es decir, 12 días antes de que cerrara la recepción de ofertas para la construcción del tren y paseo peatonal licitado.
Su única accionista es Claudia Mendoza. Sus actividades económicas son la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, proyectos de servicio público y edificios residenciales.
Consorcio Tren de Mallorquín
Está conformado por seis empresas: tres de Bogotá, dos de Tocancipá (Cundinamarca) y una de Medellín.
Las dos empresas de Tocancipá representan el 40% del consorcio y tienen detrás a Omaira Riaño Molano, quien participa como persona jurídica con el 20% y como accionista y representante legal suplente de la Constructora Sakarah SAS, con otro 20%.
Como empresa dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil, Omaira Riaño Molano nació en 2004 en ese municipio de Cundinamarca. Desde 2021 está registrada en Bogotá. Es una firma contratista reconocida en ese departamento, donde ha consolidado casi toda su experiencia como contratista público de las distintas alcaldías.
Tiene contratos por, al menos, $8.966 millones. Ha ejecutado obras en Nemocón, Tocancipá, Sopó, Chía, Zipaquirá, Supatá y Suesca, municipios de Cundinamarca. También en La Capilla (Boyacá) y Arbolete (Nariño), y le ha prestado servicios a la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá y al Concejo de Funza (Cundinamarca).
Cuatro años después, en 2008, Riaño Molano fundó la Constructora Sakarah, dedicada a obras de ingeniería civil y consultoría. También en asociado con Luis Carrera Beltrán y Diego Sebastián Carrera Riaño.
Esta empresa se ha ganado $1.102 millones en contratos con las alcaldías de Pacho y Subachoque, en Cundinamarca; la Industrial Militar y la sede de Fusagasugá de la Universidad de Cundinamarca.
De Bogotá, está Grupo M & M Constructora SAS, con el 15% de participación en el consorcio. Fundada en 2019, esta empresa se dedica a la construcción de carreteras y vías de ferrocarril y de edificios no residenciales.
Su único accionista es la empresa, también bogotana, RP Ingeniería SAS, especializada en obras de ingeniería civil. Fundada en 2006 bajo la razón social M&J Ltda, en 2011 cambió su nombre a RP Ingeniería SAS. Su único accionista es Héctor Mauricio Romero Charry.
Otra empresa de la capital es Apia Proyectos y Soluciones SAS, con 15% de participación. Fundada en 2011, se dedica a la construcción de carreteras, vías de ferrocarril y proyectos de servicio público. Sus accionistas son José Eduardo Arias Cruz y Luis Eduardo Arias Cinfuentes. Cada uno con igual número de acciones.
Ha sido contratista del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, del municipio de Villapinzón, también en Cundinamarca, y de la Alcaldía local de Sumapaz y del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá.
La tercera empresa bogotana que forma parte del consorcio es Orca Constructora SAS, con 15% de participación. Fundada el semestre pasado (en marzo de 2021), se estrenaría como contratista de obras civiles con Mallorquín, de resultar ganador este consorcio.
Registra como actividades económicas la construcción de obras de ingeniería civil, de actividades de arquitectura y de edificios no residenciales. Sus accionistas son Andrés Ospina Montoya, Sergio Arturo Aldana Sánchez y Jairo Alberto Medina Osorio.
La sexta empresa del consorcio es Servicios Arcom SAS, de Medellín, con el 15%. Fundada en 2011, se dedica a la construcción de edificios, carreteras y vías de ferrocarril. También al mantenimiento de maquinaria y actividades complementarias al transporte terrestre.
Su representante legal es Álex Alberto Gallego Vélez, quien es el accionista mayoritario. También son accionistas Juan José Asprilla Asprilla, José Daniel Martínez Vergara, José Salvador Polo Ángel, Santiago Alberto Mejía Rueda, Joaquín Romero Carvajalino y Hector Jairo Gallego Gallego.
Lo que sigue en el proceso de contratación
Contados a partir del cierre de recepción de ofertas, Edubar tiene 10 días hábiles para evaluar estas tres propuestas.
El pasado 5 de agosto, Edubar les pidió a dos de los oferentes subsanar parte de la documentación presentada: a la Unión Temporal Tren Turístico Las Flores le pidió resolver aspectos jurídicos y técnicos, mientras que al consorcio Tren Mallorquín sólo asuntos jurídicos.
Esta semana debe publicar los resultados del desempeño jurídico, financiero y técnico de cada proponente y dedicar tres días para resolver posibles observaciones.
Aclaradas y publicadas las potenciales dudas, Edubar debe celebrar la audiencia para adjudicar o declarar desierto el proceso según la evaluación. Esta etapa del proceso está programada para finales de agosto.