Suspensión de alimentación escolar golpea a una Cartagena con hambre

Desde el martes, Cartagena está sin Programa de Alimentación Escolar (PAE) porque los operadores Cartagena Express y Por los Niños de la Heroica dicen no tener suficientes raciones para repartir entre los 106.000 estudiantes de 205 escuelas públicas, cobijados por esa iniciativa distrital. Solo podrán reiniciar las entregas a partir del 22 de febrero.

Ese traspié ocurre justo en la etapa final de la operación que esos dos privados asumieron, durante los primeros 60 días del calendario escolar de 2022, mientras la Secretaría de Educación Distrital selecciona a los nuevos contratistas para el resto del año.

La interrupción, especialmente, golpea a una ciudad como Cartagena, cuyos indicadores de pobreza aumentaron con la pandemia por coronavirus, pues el PAE ayuda a mitigar el hambre en los hogares que reciben una ración por cada niño matriculado.

Esta suspensión temporal ha suscitado una inesperada defensa a los operadores por parte de uno de los concejales que más los criticó el año pasado, al igual que el modelo de contratación usado por el gobierno de Dau.

El cese y las consecuencias legales

La Secretaría de Educación informó el 15 de febrero, a través de un comunicado de prensa, que el programa de alimentación escolar se suspendía desde ese día porque los operadores le habían avisado el 14 de febrero, a las 5:30 pm, no tener suficientes insumos para garantizar la entrega de las 106.000 raciones industrializadas para toda la semana.

Esa interrupción —dijeron los privados— se debe al alza de los alimentos en el país que generó desabastecimiento entre sus proveedores. Por tanto, los insumos para entregar la comida en las escuelas solo estarán disponibles desde el 22 de febrero. Ese día deben regresar los kits cuyo menú rota entre distintas opciones con lácteos, panes y frutas.

El argumento de desabastecimiento, explicó la Secretaría de Educación, no exime a los dos operadores de consecuencias administrativas ni contractuales, como descuentos en los pagos o, incluso, una terminación de contrato por incumplimiento.

La decisión legal dependerá de lo que acuerden el equipo jurídico de la Secretaría de Educación y la Bolsa Mercantil, institución a través de la cual el gobierno de William Dau ha contratado la alimentación escolar desde que llegó en 2020 al Palacio de La Aduana para intentar blindar de malas prácticas una operación que en el pasado estuvo llena de denuncias por corrupción en Cartagena y otras regiones del país.

Aunque la calidad del programa de alimentación escolar mejoró en Cartagena con la intermediación de la Bolsa Mercantil —institución a la que también recurrieron otros gobiernos, como el de Pedrito Pereira—, esos contratos no han estado exentos de quejas recientes por alimentos de mala calidad.

En septiembre pasado, por ejemplo, la Contraloría alertó sobre el estado de algunas frutas y la Secretaría de Educación encontró gusanos en unas bolsas de leche y panes en mal estado.

Eso evidencia que contratar por Bolsa tampoco evita que el PAE termine en manos de empresas con líos a cuestas, pues como en cualquier otro mecanismo de contratación pública en Colombia, pueden concursar y ganar contratos empresas con ruidos por la calidad de sus servicios hasta tanto no tengan sanciones penales, fiscales o disciplinarias.  

De hecho, como ha contado La Contratopedia, la operación de la alimentación escolar en Colombia suele terminar en manos de un reducido grupo de contratistas que se unen entre sí bajo distintas uniones temporales y consorcios. También suelen cambiar con frecuencia sus razones sociales.

El golpe en un contexto de hambre

Que la alimentación escolar tenga tropiezos es en sí mismo un problema porque evidencia inconvenientes en la ejecución de recursos públicos destinados a los estudiantes de primaria y secundaria de las escuelas públicas del país.

Pero es aún más problemático cuando las interrupciones se dan en una capital como Cartagena, con históricos indicadores de pobreza y, especialmente, golpeada por el hambre desde el primer semestre de 2020, cuando el coronavirus llegó al país.

En la reciente encuesta Pulso Social del Dane, que mide el impacto del coronavirus en Colombia, Cartagena aparece en el sótano de inseguridad alimentaria, entre 23 capitales analizadas por esa entidad. Eso quiere decir, que esta es la capital con mayor número de familias sin las tres comidas diarias garantizadas.

Según la encuesta publicada en enero, sólo el 31% de los hogares dijo haber podido comer tres veces o más por día entre octubre y diciembre de 2021. Mientras que la mayoría (casi 64%) dijo no tener recursos para comprar alimentos o ropa.

Esos indicadores de hambre también salieron a relucir en la reciente encuesta de percepción de Cartagena Cómo Vamos, publicada el 7 de febrero.

El porcentaje de encuestados que se consideran pobres aumentó, al pasar del 48% al 52% entre agosto y noviembre de 2021. Dijeron sentirse así por la pérdida de ingresos monetarios, la falta de empleo y el declive de la situación económica de su hogar, hechos que no les garantizan el acceso a los alimentos.

De hecho, el 53% consultado dijo que ellos o alguno de los miembros de su hogar comieron menos de tres veces al día. 

El presidente del Concejo pasó de crítico a defensor de los operadores

La interrupción del PAE generó un inusual pronunciamiento del presidente del Concejo de Cartagena Óscar Marín (designado en reemplazo de la imputada y detenida Gloria Estrada), quien ahora defiende a los contratistas, después de cuestionarlos en varias sesiones, celebradas el año pasado. 

Marín fue uno de los que se opuso a la prórroga de los contratos de los operadores, por 60 días, para que ejecutaran la alimentación escolar entre enero y marzo de este 2022.

En la emisora La Reina dio a entender, el pasado 15 de febrero, que la interrupción del PAE era culpa de la Secretaría de Educación porque los operadores estaban manejando tarifas de 2021 y no de 2022, lo que les implica una pérdida de hasta $1.800 millones.

En la Secretaría de Educación le dijeron a La Contratopedia que esa afirmación era falsa porque esa dependencia le reajustó el 5,62% a cada ración de comida entregada este año, correspondiente a la variación del Índice de Precio al Consumidor (IPC)

El concejal Marín también dijo en la emisora que los operadores del PAE se veían obligados a entregar determinadas frutas en las escuelas, muchas de ellas con más posibilidades de sobremaduración al  no ser de temporada.

“El operador es un aliado que debe tener la administración para que pueda fluir el programa de alimentación escolar”, dijo el presidente del Concejo en el espacio radial.

Esa posición dista de la que tuvo en septiembre del año pasado, cuando el Concejo debatía si le daba luz verde o no al Distrito para adicionarles 60 días a los contratos de alimentación escolar con recursos de vigencias futuras. 

Marín fue uno de los que dijo no ver con buenos ojos que el Distrito siguiera trabajando con los mismos operadores. “Liquiden los contratos hasta el 31 de diciembre. ¿Para qué vamos a adicionarles a estos contratistas tiempo y plata? (…)”. Esa adición, mencionó, es una evidencia de “pereza jurídica”, “facilismo” y falta de planeación por parte del Distrito. 

Lo dijo en las sesiones celebradas el 17 y 18 de septiembre.

En una de sus intervenciones le pidió a la Secretaría de Educación convocar a una licitación, entre septiembre y diciembre de 2021, para que se postularan distintos oferentes y el nuevo contratista fuera elegido antes de enero de 2022, mes proyectado para el inicio de clases, como en efecto ocurrió. De esa manera, las escuelas no se quedarían sin alimentos.

En aquel momento el Distrito argumentó que optaba por ese mecanismo de contratación porque no tenía suficiente personal para garantizar un proceso con la menor cantidad posible de cuestionamientos, como sí se lo puede garantizar la Bolsa Mercantil (cuya intermediación no es infalible, como lo ha contado este medio). 

La Contratopedia, además, supo que el gobierno de Dau no quiere contratar la alimentación escolar de Cartagena, a través de su Unidad Asesora de Contratación, porque desde 2020 ha buscado reducir las posibilidades de contratistas cuestionados, muchos de ellos cercanos a políticos locales, como el que entre 2016 y 2017 facturaba la libra de pechugas de pollo a $40.000 por cada ración.

El 22 de febrero debe reiniciar la entrega de alimentos en las escuelas cartageneras. Y en marzo debe llegar el nuevo contratista, al que el Distrito escogerá a través de la Bolsa Mercantil una vez más.

Quien llegue debe garantizar una operación sin traspiés para el resto del año, pues el PAE es el programa de alimentos medular del sistema educativo público.